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VALENCIA. El pulso insinuado por el expresidente Francisco Camps al actual jefe del Consell, Alberto Fabra, se vio ayer frenado en seco por las detenciones de diversos colaboradores del portavoz del grupo ‘popular', Rafael Blasco, considerado en el PPCV como el estratega de Camps.

El motivo de las detenciones, el diseño de una presunta trama que se encargaba de desviar fondos de cooperación a determinadas organizaciones. Entre los implicados en la causa se encuentran dos altos cargos del actual Consell que trabajaron bajo las órdenes de Rafael Blasco en el área de Solidaridad: Josep María Felip y Alexandre Catalá.

A renglón seguido, Alberto Fabra aprovechó su comparecencia junto al presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, para anunciar -con el respaldo de la dirección nacional del PP- la destitución de ambos. "No podemos permitir que se ponga en duda la gestión de un gobierno y la credibilidad de un gobierno", sentenció.

La mañana de ayer resultó movida: mientras Alberto Fabra comparecía en la sesión de control de Les Corts, los móviles comenzaron a sonar. La Policía Nacional registraba las dependencias de la Dirección General de Integración y Cooperación y detenía a Josep María Felip, quien había ostentado diversos cargos dentro la cartera dirigida por Blasco en la pasada legislatura.

El portavoz del grupo ‘popular', quien se mostró visiblemente contrariado ante los medios de comunicación, emplazó a "ser rigurosos con la presunción de inocencia, con el funcionamiento de la justicia y no hacer juicios paralelos ni sacar conclusiones precipitadas". Asimismo, mostró su "confianza" en que todas las actuaciones acometidas en la conselleria habían sido "rigurosas" y que los expedientes se habían tramitados "conforme a ley".

"Han tenido los controles de la administración autonómica, han sido entregados a la oposición, a los medios de comunicación y nadie ha abierto diligencias al respecto. Incluso el Fiscal General del TSJ, que es quien podía haber dicho algo, hizo un decreto en el que exculpaba a la Generalitat de cualquier tipo de responsabilidad", recordó, antes de señalar su convencimiento de que la detención de Felip era "un error".

Rafael Blasco, considerado el ‘camaleón' de la política valenciana, es un reconocido estratega al que diversas fuentes del partido le atribuyen movimientos para captar apoyos de cara a un posible regreso de Francisco Camps a la primera línea política.

El portavoz, de hecho, fue uno de los dirigentes de peso que acudió a respaldar al expresidente en diversas sesiones del juicio de los trajes y a la posterior celebración en su domicilio el día de su absolución.

Pese a que Alberto Fabra transmitió ayer públicamente que la continuidad de Blasco no peligra, fuentes parlamentarias y orgánicas coinciden en que el portavoz queda ahora en una situación de "gran debilidad". La actuación del jefe del Consell, destituyendo de forma fulminante a Felip, detenido, y Catalá, imputado, ha sido interpretado por varios dirigentes consultados como un aviso para navegantes: el presidente ha aprovechado la ocasión de exhibir una muestra de autoridad.

BLASCO Y SU RELACIÓN CON LOS DETENIDOS E IMPUTADOS

Alexandre Catalá Bas: imputado. Fue subsecretario en la Conselleria de Inmigración, ahora ocupaba el mismo cargo en el área de Sanidad. Firmó los dos proyectos de Cyes en Nicaragua en julio de 2010. Posteriormente, Josep María Felip les daría luz verde.

Josep Maria Felip: actualmente ostentaba la dirección general de Cooperación, integrada en la Conselleria de Justicia y Bienestar Social. En la pasada legislatura, Felip había estado al frente de Participación y, posteriormente, Integración, bajo las órdenes de Blasco, titular de Solidaridad. Se le imputan los delitos de malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental.

Marcial López: presidente de la fundación Cyes. Ya fue condenado a 11 meses de cárcel por la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón por un desvío de fondos del Colegio de Enfermería de Castellón que presidía hacia precisamente esta fundación. Unos hechos acaecidos entre 1995 y 1999 pero que se juzgaron en marzo del año pasado.

En octubre de 2010, Fiscalía abrió diligencias de investigación tras recibir una denuncia de la diputada del PSPV Clara Tirado en relación a subvenciones otorgadas en 2008 por la Conselleria de Solidaridad a la Fundación Cyes para el desarrollo de dos proyectos de cooperación en Nicaragua.

La parlamentaria socialista denunció que la subvención de dos millones de euros concedida por el Gobierno valenciano para abastecer y tratar agua para consumo humano y producir alimentos en el citado país acabó destinándose a la compra de bienes inmuebles en la ciudad e Valencia.

Arturo Tauroni: presidente de la fundación Hemisferio, antes conocida como Entre Pueblos. La Fiscalía abrió otra causa tras la documentación aportada por la diputada de Compromís Mireia Mollà. Según indicó la parlamentaria en ese momento, el dinero de las subvenciones que recibía esta entidad, en vez de destinarlo a sus objetivos, iba a parar a empresas que creó la fundación.

César Augusto Tauroni: hermano de Arturo Tauroni. Ha tenido relación con Rafael Blasco desde hace, al menos, más de una década. En 2001 su nombre saltó a la palestra por la adjudicación a su firma GCS de un concurso de atención telefónica a personas mayores por 99.716 euros a través de un proceso administrativo "urgente" que, otras competidoras del contrato calificaron de "ficción", según informó El Pais. La misma empresa logró varios contratos de Bienestar Social por una suma superior a 200.000 euros. El conseller era Rafael Blasco.

Marc Antonio Llinares: ha ocupado varias jefaturas de área en Sanidad y en Solidaridad cuando Rafael Blasco era conseller de esas áreas. En la actualidad, estaba destinado en el Servicio de Innovación y Planificación Estratégica de la Conselleria de Hacienda .

Fernando Cañete Marco: presidente de Sistemas Inelme y de la empresa Air Services Management, constituida en octubre de 2008 y en la que figura como consejero Augusto César Tauroni. 

Al final de la tarde de ayer, el número de detenidos por las presuntas irregularidades se elevaba ya a una decena de personas. Este viernes, la cifra ya había ascendido a 14.