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El Gobierno estudia un plan de pagos a proveedores que 'puentea' a las autonomías

J. C.. 22/02/2012 El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, asegura que los acreedores irán directamente a los bancos a cobrar sus facturas contra un "recurso financiero" controlado por el Gobierno central. El plan se aprobará en el Consejo de Ministros del viernes

Cristobal Montoro, ministro de Hacienda, en el SenadoVALENCIA. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció este martes en el Senado que el próximo viernes el Consejo de Ministros aprobará un "mecanismo para liquidar la deuda comercial pendiente de todas las administraciones públicas". Es una decisión largamente esperada en especial en la Comunitat Valenciana, donde los problemas de impago a los proveedores se han convertido en un problema crónico de primera magnitud para el que el Consell ha anunciado en repetidas ocasiones una fecha para su solución final pero que nunca ha llegado.

El plan, según lo que se puede extraer de las declaraciones de ayer de Montoro, no se limitará a arbitrar unas líneas de crédito del ICO que podrán suscribir las autonomías, como se había especulado hasta la fecha y como había anunciado el ministro de Economía, Luis de Guindos, la otra parte que ultima este  "mecanismo", como lo bautizó Montoro.

"Los servicios jurídicos de los dos ministerior están estudiando si este nuevo esquema de financiación de proveedores", como también lo ha denominado, "requiere cambios normativos que el Gobierno llevaría adelante". La intención es tenerlo listo para aprobarlo el vierne, "para que en el plazo de semanas... en los próximos meses" las administraciones públicas puedan atender su deuda ordianria.

Montoro no cuantificó la cifra pendiente de pago, pero si tildó de "considerable" el montante económico que deberá ponerse a disposición de los acreedores. Según la anterior planificación que se limitaba a los créditos del ICO, De Guindos apuntó que se dispondrían 10.000 millones, ampliables a 15.000 millones, para ese fin.

José Císcar, vicepresidente del ConsellUna cifra que se considera insuficiente desde distintas fuentes para que tanto autonomías como ayuntamientos puedan hacer frente a los pagos que tienen pendientes con sus proveedores. El vicepresidente valenciano, José Císcar, estimó en 2.500 millones de euros las facturas pendientes que tiene la Generalitat. Sin embargo, parece una cifra optimista, más cuando en los últimos meses siguen reproduciéndose los problemas de impagos en distintos sectores de la Administración . 

UN 'MECANISMO' DIRECTO 

Las líneas del ICO, que ya se utilizaron para los ayuntamientos, se han demostrado poco eficientes, al tiempo que mantienenel endeudamiento cíclico. "Estas líneas fueron infrautilizadas y no llegaron a buen término", dijo Montoro.

La alternativa ahora planteada será "una gran operación financiera que el Estado está en condiciones de acometer", dijo el ministro de Hacienda. Y es que el Gobierno pretende que sea un mecanismo "ágil", de forma que los proveedores no tengan que pasar por las administraciones para cobrar, sino que "puedan ir directamente a las entidades financieras".

"Se trata de que todas las facturas pendientes puedan ir a un recurso financiero, con los controles que establece el Gobierno de España", dijo. Montoro ha asegurado que esta nueva medida será "fundamental" para recuperar el ánimo de la Ley de Morosidad y supondrá una "inyección" económica para España.

Para la Generalitat Valenciana, sea cual sea la fórmula de pago, será un alivio ante los innumerables problemas de impago a proveedores que acumula y las consecuencias que generan. El propio Císcar reconoció en la rueda de prensa tras el pleno del Consell del pasado viernes que están a la espera de que se establezcan estas fórmulas de ayuda para poder pagar facturas tan urgentes -al menos por la alarma social que crean- como la de las farmacias

El pago a proveedores se considera clave incluso para lograr una cierta reactivación económica en la Comunitat Valenciana, ya que no son pocas las empresas que ya han notado el impacto de la morosidad del Consell, con suspensiones de pagos o despidos. Pero más allá de la deuda por el día a día, la Generealitat tiene pendiente la negociación del 'rescate' del Gobierno a sus vencimientos de deuda, unos 6.000 millones antes del verano.

Pero esta es otra historia que, seguramente, se afrontará con emisiones de deuda por parte del Gobierno para el conjunto de las autonomías que siguen sin acceso a los mercados mayoristas de deuda.

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