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VALENCIA. El consejo de administración de Bancaja se reune hoy para afrontar la crisis generada por la decisión de Banco Financiero y de Ahorros (BFA) de revisar la valoración que se hizo en el momento de la fusión del Banco de Valencia. El acuerdo adoptado el pasado 7 de febrero en el seno de la entidad participada por la caja valenciana, Caja Madrid y otras cinco pequeñas entidades supone poner en duda la veracidad de la información aportada por Bancaja en la fusión.
Pero más allá de ese hecho, en el entorno de la presidencia de Bancaja, que aún ostenta José Luis Olivas, ha provocado malestar que la decisión de BFA contase con el voto favorable de cinco de los seis representantes nombrados por Bancaja en el consejo de administración. La - profundidad de la brecha abierta en el seno de la entidad solo se podrá valorar tras el encuentro de hoy.
De los cinco consejeros que avalaron el acuerdo, tres participan en la reunión de esta tarde: Ángel Villanueva, Remigio Pellicer y Rafael Ferrando. Francisco Pons no es miembro del consejo, como tampoco José Rafael García-Fuster. Antonio Tirado, vicepresidente de Bancaja, no acudió al consejo de BFA por motivos familiares.
Según ha podido saber este periódico, la propuesta de exigir una nueva valoración del Banco de Valencia llegó a la mesa del consejo como una propuesta de la comisión de auditoría de BFA. De esta comisión, presidida por Ángel Acebes, son miembros García Fuster y Pellicer en representación de Bancaja.
El dictamen elevado al consejo, que acabó aprobándose por unanimidad, insta a Bancaja a alcanzar un consenso para nombrar a una auditora que averigüe si Banco de Valencia valía lo que se dijo que valía en 2010, cuando se pactó la fusión y se tasaron los activos que cada entidad aportaba a BFA y, por tanto, el porcentaje que del nuevo banco tendría cada accionista.
El argumento aportado por BFA para pedir esta nueva valoración es básicamente uno: la intervención del Banco de Valencia por parte del Banco de España. Se considera que este hecho es lo suficientemente significativo para apelar a la letra del contrato de integración que permite revisa determinados aspectos del pacto y a un posible incumplimiento.
Para valorar de nuevo al banco -volviendo atrás en el tiempo y examinando si lo que se dijo que valía en 2010 era cierto- se optará por un mecanismo de arbitraje pactado con anterioridad: elegir a una auditora externa que no podrá ser ninguna de las que ha participado en algún momento del proceso. El acuerdo implica que las dos partes en conflicto, en este caso BFA y Bancaja, deben consensuar un nombre.
El problema es cuando no se alcanza un consenso. Pero aún en ese caso, BFA echará adelante su propuesta. Se elegirá una auditora que realice el trabajo, registrando notarialmente que cumple con los requisitos de solvencia e independencia que marca el contrato de fusión.
Ese es un escenario que se baraja en estos momentos, ya que la intención al menos inicial del núcleo de Bancaja que aún controla Olivas es rechazar de plano la sospecha de que se falseó el verdadero valor del Banco de Valencia. Desde la caja valenciana se insiste en que la valoración se hizo correctamente por parte de Deloitte (auditora tanto de Bancaja como de Caja Madrid) y de otros bancos de inversión.
Además se señala que es imposible hacer una valoración hoy con los criterios de 2010, y que la intervención de Banco de Valencia obedece al agravamiento de la crisis y, precisamente, a que el grupo que soportaba al banco, BFA desde enero de 2011, cuando se tranfirieron los derechos políticos a la entidad común, dejó de apoyarlo, provocando la intervención.
Lo que no están muy claras por ninguna de las dos partes son las consecuencias que tendría una valoración sustancialmente distinta a la ofrecida en su día. En ese caso se baraja desde una modificación de la participación de Bancaja en BFA hasta una rebaja en el reparto de dividendos.
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