VALENCIA. El presidente de Cierval, Rafael Ferrando, durante la cena homenaje a los empresarios de Castellón se apresuró a lamentar a mediados de junio que la fusión en frío de Bancaja no era el modelo por el que habían clamando sus representados en los últimos tiempos y que con eso se perdía el centro de decisión financiera en la Comunitat Valenciana. Ya se sabe que los líderes valencianos, de Valencia, querían una fusión entre Bancaja y la CAM, no así los alicantinos. También lo lamentó en voz alta y en el último pleno de la CEV José Vicente González con mayor estrépito político y mediático. Lamentó que la CV ya no tuviera sede financiera.
Ha habido otros líderes y en otros tiempos que preferían, soto voce, que no se produjera la fusión porque así serían más competitivas las cajas a la hora de dar créditos a los inversores. Ahora dicen lo contrario y en voz alta. Así es la vida. Todos lamentan, junto con un arrebato valencianista de sectores insospechados, la pérdida de la bandera financiera pero esperan que el dinero empiece a circular y nos hagan olvidar estos malos tragos patrióticos.
Pero ese rasgar de vestiduras al que me he referido en alguna ocasión, a partir del jueves pasado ya no tiene sentido o pierde bastante con el pacto al que llegaron el Partido Popular y el PSOE para cambiar la Ley de las Cajas por decreto ley y con carácter urgente. Porque la propia sustancia de la reforma, con la entrada de capital privado, afecta directamente a la ascendencia del poder político. Es decir las hace más bancos y menos instrumento de la decisión política. La sede financiera, en el sentido desde el que nos lamentábamos todos, tiene menos relevancia.
En estos cambios hechos a plazos y en sentido inverso, se empezó con el proceso de fusiones calientes y en frio sin que quedara claro que se trataba de una auténtica restructuración financiera -más allá del encuentro, feliz encuentro, entre Mariano Rajoy y Rodríguez Zapatero- y finalmente se ha llegado a la modificación de ley de Cajas de Ahorro que va a cambiar para siempre la vieja filosofía del Monte de Piedad y a debilitar su inspiración territorial.
Porque , en primer lugar, el proceso de fusiones ha empezado ya por alejar los empellones de los gobiernos autonómicos de los centros de decisión en las entidades financieras. La composición de los nuevos y futuros consejos de administración y las nuevas futuras estructuras de mando en las cajas resultantes ya han empezado a complicar la influencia política. Los socios habrán de explicar, aunque no de igual a igual, pero explicar al fin y al cabo, todas sus decisiones a los demás integrantes de la mesa y estos tendrán que aprobar, con la necesaria distancia, sus apuestas estratégicas, más aún cuando vengan impulsadas por el poder político de la terruña. Esa nueva situación de tener que dar cuenta a los socios, les permitirá a las propias cajas una excusa y una dilación a las urgencias políticas. A partir de la agrupación de las cajas de diversos territorios, los poderes locales han rebajado su influencia en las cajas.
Pero es que, según ha quedado ya definido, el pacto de lo que serán las nuevas cajas, regulado por el decreto ley más trascendente de cuantos se vayan a tramitar, incluyendo el de la reforma laboral, permite la entrada del capital privado con protagonismo y poder decisorio con un control de hasta el 50% de la entidad, incluso de un solo inversor. Eso significará el despegue ansiado y definitivo del poder político que se quedará en el mejor de los casos en un 20%. "Esa mochila -como dice un alto dirigente valenciano- se la quitan de encima". No más "terras míticas" ni préstamos a equipos del alma. Se quitan de encima la hipoteca patria, las servidumbres de campanario y las limitaciones vecinales.
Bueno, era lo que estaba deseando todo el mundo.
Menos los sindicatos, que ven en este proceso una bancarización de las cajas. Ya se ven, por sus primeros avisos, que la diferencia de estatus con los empleados de la banca privada está a favor de la plantilla de las cajas. Si no, las quejas vendrían en sentido contrario y serían ellos los que pedirían la igualdad de convenios. Lo cual nos hace pensar por qué ha de haber esas diferencias y por qué el sector público ha de funcionar, no siempre con eficacia, con más, a veces con mucho más personal y más gasto que el privado. Quizás en ello esté, también, el origen de esta reforma y la pérdida de sedes financieras y no sólo la gestión arriesgada, las estrategias coincidentes y la apuesta inmobiliaria.
LA BASURA Y LA POLITICA
No podemos consentir que con el nuevo escándalo de las basuras en la Vega Baja, de la operación Brugal con el presdiente provincial del PP y de la diputación alicantina, Joaquín Ripoll, y los empresarios, Angel Fenoll y Enrique Ortiz, abra paso a un nuevo movimiento en contra de la política de construcción de plantas de tratamiento de residuos de acuerdo con los planes zonales ya acordados por el Consell y la oposición. Es la única posibilidad que tiene la Comunitat Valenciana de asegurarse un desarrollo sostenible y ordenado, frente a la falta de miras localistas que tanto mal han hecho al progreso del adecuado reciclado de los residuos urbanos de todos los valencianos, hasta llegar a hacer de esta cuestión uno de los problemas mayores para los valencianos. El rechazo de estas instalaciones está encareciendo cada día la gestión y cada día hace más inviable el negocio.
La basura política tiene otro tratamiento, como mínimo el de los juzgados.
ROMPER LA LINEA DE COSTAS
Rita Barberá ha pasado a ocupar la primera posición de combate del PP con Zapatero. Estamos en los tiempos Gürtel. No sabemos cuándo seremos candidatos oficiales y eso aturde. Barberá y Camps aparecen de la mano en numerosos actos, si, - visita al laboratorio europeo de componentes de satélites o presentación del proyecto para el Campus de Excelencia... aunque no se les vio en la última junta directiva nacional del PP- pero es la primera quien lleva el pulso que antes mantenía con fiereza e insistencia el presidente del Consell. Para ello Barberá cuenta con la inestimable colaboración, entre otros, de la Dirección General de Costas y la ministra de Cultura en el frente del Cabañal-Cañamelar.
A Alarte, al candidato investido por Blanco, no le ha pasado desapercibida esa cuestión y ha puesto - o ha querido poner- la mirada política en el batiburrillo de fuegos artificiales, playas, chiringuitos... y espera tras algunas reuniones con los protagonistas ver los resultados de su gestión muy pronto. Falta les hace.
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