La 'fusión fría' que desarrolla Analistas Financieros Internacionales (AFI) está integrado por 29 cajas rurales de toda España, nueve de ellas de la Comunitat

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VALENCIA (VP). El Sistema Institucional de Protección (SIP) que lleva desarrollando Analistas Financieros Internacionales (AFI) desde hace año y medio ha recibido la adhesión de 29 cajas rurales, que ya han firmado el pertinente protocolo de adhesión, de las cuales nueve son de la Comunitat Valenciana: Caixa Popular de Valencia y las rurales de Castellón, Vila-real, Almassora, Benicarló, la Vall San Isidro, la Vall Sant Vicent, Vinaròs y les Coves de Vinromà. A ellas se suman cinco cajas rurales de Andalucía, una de Asturias, otra de Canarias, seis de Castilla-La Mancha, dos de Castilla-León, dos de Catalunya y otras tres de Extremadura, País Vasco y Región de Murcia, respectivamente.

Todas ellas han optado por la vía que propugna la sociedad de asesoramiento financiero que preside el  economista Emilio Ontiveros, en lugar de los otros dos SIP en curso liderados por  Grupo Cooperativo Cajamar y el de ámbito nacional que lleva entre manos el despacho de abogados Garrigues donde Ruralcaja, a través de su grupo Cajas Rurales del Mediterráneo (CRM), cuenta con el 20% de dicha 'fusión fría'. Ambos proyectos ya han recibido la bendición del Banco de España, no así el de AFI

Sin embargo, a diferencia de estos dos, el proyecto que busca la estabilidad corporativa en cooperativas de crédito no verá la luz hasta, como muy pronto, finales de este año, pese a que los expertos de AFI llevan trabajando en él desde finales de 2008. Se trata de un modelo a caballo entre el SIP puramente normativo y el SIP reforzado que permitiría el tratamiento de grupo consolidable.

Su objetivo no es otro que fortalecer los ratios de solvencia y liquidez de las cajas adheridas, con el fin de reforzar su posición competitiva para enfrentarse a un entorno altamente complejo y, especialmente, para afrontar escenarios de tensión con elevadas garantías de sostenibilidad de su modelo de negocio.

Dicho SIP se constituye con la vocación de alcanzar la mayor participación de cajas rurales o cooperativas de crédito españolas, si bien la incorporación y permanencia en el sistema se regirá por el cumplimiento de elevados estándares de solvencia y liquidez y el respeto escrupuloso de las instrucciones emanadas desde la sociedad central en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, las entidades adheridas entienden que un acuerdo de esta naturaleza aporta ventajas incuestionables que lo hacen atractivo por sí mismo como son las mejoras la calidad crediticia externa o rating individual, además de la percepción de riesgo ante la clientela lo que fortalecerá el valor de la franquicia individual de cada una de las entidades, así como la accesibilidad a los mercados financieros mayoristas y las condiciones de emisión.

FORTALEZA DEL GRUPO

Otra de las ventajas es una homogeneización necesariamente al alza de las mejores prácticas en control de riesgos y la mejora de la percepción de riesgo por parte del supervisor. Como también lo es el incremento de la competitividad y capacidad de enfrentarse al nuevo entorno bancario, con todos los efectos beneficiosos para la clientela y los territorios a los que las cajas rurales están especialmente vinculados, cuya fortaleza financiera es una palanca esencial para su desarrollo económico.

Desde un principio se tuvo claro utilizar la alternativa que respetaba la franquicia de cada entidad, sin cabecera concreta alguna y donde todas las entidades tienen el mismo peso, cuyo origen y aplicaciones fuera de España se encuentran en el ámbito de la propia banca cooperativa europea. A partir de ahí, la primera fase del proyecto, que finalizó en la primavera de 2009, consistió en el análisis de la fortaleza financiera de las entidades participantes, además de la definición conceptual del modelo.

El análisis financiero puso de manifiesto la elevada fortaleza del grupo, en términos de solvencia, liquidez y morosidad así como de capacidad para aguantar escenarios de tensión, lo que permitía anticipar la baja probabilidad de puesta en marcha de los mecanismos de protección mutuos.

Los trabajos sobre el modelo conceptual, por su parte, definieron las líneas principales que se trabajarían en la siguiente fase. Unos trabajos que se encuentran prácticamente finalizados, según ha sabido Valenciaplaza.com, por lo que todo está en manos del Banco de España, que deberá validar el modelo presentado en las próximas semanas.