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MADRID. El Gobierno y concretamente el Ministerio de Economía y Competitividad, y su titular, Luis de Guindos, ha dejado muy claro en todas sus comparecencias, que se deben reducir el número de entidades financieras en España y que las fusiones e integraciones son el camino elegido y el que deben seguir.

El principal argumento es que las entidades que opten por este modelo tendrán dos años para provisionar las nuevas exigencias de capital, mientras que los grupos que elijan mantener un camino en solitario verán reducido este plazo a sólo a un ejercicio contable.

Pero hay más, desde el propio Ejecutivo se ha forzado el texto en el último Real Decreto de Reforma Financiera, para invalidar algunas de las normas anteriores y seguir apoyando esta filosofía de auspiciar concentraciones, que no todos parecen entender en el mercado.

PRESIONES

Las declaraciones de independencia del presidente de Bankia, Rodrigo Rato, interpretadas por todos como una forma de salvarse del "abrazo del oso" de Caixabank, son un ejemplo, así como el propio proceder de otras entidades importantes de tamaño, como Ibercaja Banco o Unicaja, que no parecen muy decididas a jugarse el futuro en un proceso de concentración.

Y para seguir forzando este proceso de fusiones, el Gobierno ha introducido nuevos cambios regulatorios en el último texto del Real Decreto de la Reforma Financiera con nuevas ventajas para los grupos bancarios que opten por integrarse. Con el nuevo artículado de la ley podrían evitar que se sienten en sus consejos de administración los representantes del Fondo de Reordenación Bancaria (FROB), aunque hayan recibido ayudas públicas. Por contra, las entidades que no se fusionen y hayan recibido recursos públicos tendrán la obligación de dar entrada en su órganos de decisión a representantes del FROB. Aunque no sea muy políticamente correcto decirlo, probablemente no sea del agrado de ninguna entidad sentar al regulador en su consejo.

TEXTO LEGAL

El punto 6 del artículo diez del Real Decreto en su última versión afirma que: "La suscripción de acciones y aportaciones al capital social por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria determinará, en todo caso, por sí misma y sin necesidad de ningún otro acto o acuerdo, su incorporación al órgano de administración de la entidad emisora al objeto de garantizar el cumplimiento adecuado del Plan de Recapitalización".

"El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria -sigue el artículo del real decreto- nombrará a la persona o personas físicas que ostenten su representación a tal efecto y dispondrá en el órgano de administración de tantos votos como los que resulten de aplicar al número total de votos su porcentaje de participación en la entidad. A los efectos de lo previsto en el apartado séptimo del artículo 5 del Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros, no se tendrá en cuenta la participación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria en el capital social de una entidad"

Y en la siguiente página, el artículo 10, que modifica lo anterior, queda redactado en los siguientes términos: «Medidas de apoyo a procesos de integración de entidades de crédito. 1. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria podrá igualmente adquirir títulos emitidos por entidades de crédito que, sin incurrir en las circunstancias establecidas en el artículo 6 del presente real decreto-ley, vayan a acometer un proceso de integración y necesiten reforzar sus recursos propios", lo que dejaría sin efecto el desembarco del FROB en sus consejos al diferenciar entre el concepto de plan de recapitalización que hacía antes e incluir ahora a las entidades que aborden fusiones.

El artículo añade que "a tal efecto, las entidades en cuestión elaborarán un plan de integración que deberá contener compromisos específicos de mejora de su eficiencia, de racionalización de su administración y gerencia, así como de redimensionamiento de su capacidad productiva y todo ello con la finalidad de mejorar sus perspectivas futuras. El plan de integración deberá contar con la aprobación del Banco de España", lo que evidentemente es una importante supervisión, pero no llega al caso de tener sentados en el consejo a los representantes públicoos.

NO PROVISIONAR CONTRA RESERVAS

Ayer mismo, en otro capítulo más de la presión que está haciendo el Gobierno para forzar fusiones, se supo que el Ministerio de Economía ha bloqueado de raíz el intento de algunas cajas que participaron en la primera oleada de fusiones de acometer el saneamiento adicional de su exposición al riesgo inmobiliario con sus reservas, como es el caso de Bankia.

La normativa contable permite a las entidades que se fusionen disponer de un año para hacer ajustes de valor y provisiones con cargo a su patrimonio, con lo que algún grupo interpretó que lo podía emplear también para el saneamiento que les exige el Gobierno. Por eso, un grupo de cajas solicitó el visto bueno del Ministerio de Economía para utilizar esta vía que les permite sanear en solitario, pues les libra de cargar la mayor parte del saneamiento contra sus resultados, evitando quedar abocadas a una fusión si no quieren entrar en pérdidas o pedir fondos públicos.