BRUSELAS (EP). Parte de este recorte (el 1%) ya está previsto en el techo de gasto fijado por el Gobierno para 2011 pero todavía debe detallarse cómo se logrará, mientras que el resto (0,75%) deberá ser asumido por las comunidades autónomas, según recoge el borrador de conclusiones sobre el plan de ajuste español que aprobará el Ecofin, al que tuvo acceso Europa Press.
"Si bien la consecución del objetivo revisado de déficit para 2010 no parece requerir medidas adicionales, la consecución del nuevo objetivo para 2011 requiere que se concreten medidas equivalentes al 1,75% del PIB", aseguran los ministros de Economía de la UE.
"Este esfuerzo debería lograrse mediante medidas, que deberán detallarse, orientadas a respetar los nuevos límites máximos de gastos (el 1% del PIB), así como mediante nuevas medidas que ascienden a un 0,75% del PIB, que deberán concretarse en el contexto del presupuesto para 2011, en particular a nivel regional", resalta el borrador de conclusiones.
Además, el Ecofin alerta de que "será preciso llevar a cabo esfuerzos adicionales en los últimos años del periodo de corrección (es decir, 2012 y 2013) para que el ratio de deuda inicie una trayectoria descendente antes de que concluya dicho periodo". La UE ha exigido a España que vuelva a situar su déficit por debajo del umbral del 3% del PIB que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) en 2013 desde el 11,2% registrado en 2009.
En todo caso, los ministros de Economía de la UE afirman que, de momento, "España ha tomado medidas que permiten progresos adecuados hacia la corrección del déficit excesivo en el plazo establecido" por lo que consideran que "no es preciso adoptar actualmente ninguna otra medida en el marco del procedimiento de déficit excesivo" que se lanzó en febrero de 2009.
El plan de ajuste español pretende reducir el déficit un 0,5% adicional este año, lo que equivale a 5.000 millones de euros, y un 1% en 2011 (10.000 millones). Incluye un recorte del 5% en el salario de los funcionarios desde el verano y una congelación de la mayoría de las pensiones, así como la supresión del cheque-bebé.
Este esfuerzo adicional fue exigido por parte de la UE a la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, el pasado 9 de mayo como contrapartida a la creación de un fondo de rescate dotado con hasta 750.000 millones de euros para frenar el contagio de la crisis griega a España y Portugal.
EXAMEN DE COMPETITIVIDAD
El plan de ajuste de España será discutido primero este lunes por los ministros de Economía de la eurozona. Además, el Eurogrupo examinará la competitividad de la economía española y la de Finlandia. Alemania e Irlanda actuarán como examinadores, según informaron fuentes diplomáticas. La propia vicepresidenta Salgado se ofreció para ser una de las primeras en participar en este novedoso ejercicio.
El debate comenzará con la presentación de un informe de la Comisión, a cargo del responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, que recogerá indicadores como el peso del sector inmobiliario, la productividad o el nivel de deuda privada. A continuación, Salgado y su homólogo finlandés expondrán su punto de vista sobre los problemas de competitividad de sus respectivas economías. Tras la intervención de Berlín y Dublín se abrirá la discusión al resto de ministros
España ha perdido un 20% de su competitividad en precios desde la creación del euro en 1998, mientras que la mayor economía de la eurozona, Alemania, ha ganado un 13% de competitividad durante el mismo periodo, según el último informe anual sobre la moneda única publicado en octubre por la Comisión Europea.
Uno de los principales factores que explica la pérdida de competitividad de España, según Bruselas, es la subida de los costes salariales por encima del aumento de la productividad. "Durante la pasada década, el crecimiento de los costes laborales unitarios nominales medios osciló entre 0 en Alemania y el 2,5% o más en algunos Estados miembros (Irlanda, Grecia, España, Italia, Chipre, Portugal, Eslovenia)".
El informe de Bruselas apunta que este y otros desequilibrios acumulados durante los años de crecimiento económico han hecho que algunos Estados miembros, especialmente Irlanda, España y Grecia, fueran "más vulnerables" cuando estalló la crisis. Los tres países financiaron su rápido crecimiento a costa de acumular grandes déficits por cuenta corriente. Ello se tradujo en un aumento "excesivo" de la demanda interna, una fuerte subida de los precios de la vivienda y un sector de la construcción "hinchado".
Pero además, estos países no dirigieron el capital a sus usos más productivos, según destaca el Ejecutivo contrario. El resultado fue que una parte importante de los trabajadores se vieron atraídos hacia sectores con fuertes variaciones cíclicas, como la construcción, que "ahora requieren un ajuste sustancial".
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