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VALENCIA (EP). Mario Gil y Ana Mejías, abogados del heredero del edificio ubicado en la calle Lauria, esquina con Colón de Valencia, vendido a la compañía Apple, han cifrado en unos 22 millones de euros la responsabilidad civil en la que podría haber incurrido el arquitecto de la Sociedad del Colegio de Arquitectos (Arquitasa) que presuntamente cometió fraude -junto con un agente de la propiedad inmobiliaria- al tasar dicho inmueble para luego hacer compensaciones en la herencia.

En concreto, según han indicado estos letrados, la aseguradora de los arquitectos (Asemas), Arquitasa y el perito arquitecto imputado podrían incurrir en una responsabilidad superior a 22 millones "debido a una fraudulenta tasación" en esta causa que se sigue por la herencia del edificio Apple en el juzgado de Instrucción número 12 de Valencia.

El perito de Arquitasa tasó el inmueble de Valencia, del siglo XIX, en 36.082.225,15 euros, pese a que no lo visitó por dentro ni comprobó su verdadero estado, y declaró ante el juzgado "haber actuado con la mayor objetividad posible", según el mismo letrado. Por su parte, el perito inmobiliario rebajó esta cifra hasta los 32.157.584 euros. Sin embargo, el inmueble fue vendido a una sociedad -que lo alquiló para albergar la sede de Apple España en Valencia- por el precio de 18 millones, es decir, la mitad del precio en que el arquitecto imputado lo valoró.

En el acto del juicio para exponer las tasaciones, tanto el arquitecto como el agente inmobiliario ratificaron sus informes, cuyas cifras sobrepasaban los 30 millones de euros, y el magistrado civil dio validez parcial a las mismas y concedió un valor al inmueble de más de 32 millones de euros, teniendo en cuenta que el estado del edificio precisaba una remodelación. De esta manera, el heredero del mismo tuvo que pagar a sus hermanos 15 millones de euros por las compensaciones en la herencia.

Como consecuencia de estas actuaciones, el afectado contrató un detective privado que investigase la forma en la que los dos imputados en este procedimiento habían valorado el inmueble de Valencia. Este, según la denuncia, pidió una tasación al arquitecto, que la cifró en 18.069.900 euros. Le llegó a confesar, tras exponerle la tasación de 36 millones, que actuó con un dolo directo, e incluso le reconoció tener guardada en su despacho otra peritación de un valor de aproximadamente 10 millones de euros menos.

Es decir, que tras contratar la misma valoración el detective, sobre idéntico inmueble, y hacerle constar al arquitecto que disponía de la primera tasación, pero que ésta la precisaba para otros fines, le reconoció "haber actuado de forma ilícita" y le entregó una pretasación por valor de la mitad.

EL AGENTE INMOBILIARIO

Respecto del agente inmobiliario, el detective averiguó que, tras el procedimiento, seguía manteniendo contacto con las partes; que conocía, respecto de la familia, incluso los parentescos de cada rama y los cargos ostentados por una de las partes; e incluso llegó a reconocer que una de las partes resultaba "perjudicada" por su informe pericial del edificio, tal y como figura en la denuncia.

Asimismo, en el disco duro del ordenador de este agente también se halló un documento con el valor que el arquitecto imputado atribuyó al edificio Apple, y esto fue antes de que éste presentara su informe en el juzgado, tal y como figura en la misma denuncia. "Esto pone de manifiesto una connivencia entre los dos peritos inculpados", han apostillado los letrados.