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MADRID/VALENCIA. Las declaraciones del nuevo ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, abriendo las puertas a un posible nuevo plan hidrológico y de trasvase de cuencas, han abierto un soplo de esperanza para el sector de la construcción español, según ha sabido valenciaplaza.com de fuentes de algunas de las mayores empresas españolas del sector, así como del entorno de la asociación de grandes constructoras Seopan.
Aunque la inversión no llegaría hasta la segunda mitad de la legislatura, según fuentes del Ministerio de Agricultura, las promesas son bien recibidas, pero en el caso de la Comunitat Valenciana se toman con prudencia. Tras varios ejercicios con severos recortes presupuestarios a la inversión en infraestructuras y una demora en los pagos de la administración valenciana que supera que más de un año, desde el sector se puntualiza que la propuesta esté aún por concretar.
"En principio cualquier compromiso de inversión es positivo tanto para los concesionarios de obra pública como para el resto de empresas relacionadas con la obra pública, pero debemos actual con prudencia", reconoce Eduardo Beut, presidente de la Federación de Empresas Contratistas de Obra Pública (Fecoval). Habrá que esperar a conocer la propuesta de Arias Cañete con más detenimiento.
UNA NUEVA EDICIÓN DE LA GUERRA DEL AGUA
En su comparecencia en la comisión parlamentaria de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el ministro también avanzó que revisará todos los planes de demarcación hidrográfica y potenciará la reutilización y depuración, en coordinación con las Confederaciones Hidrográficas y con las Sociedades de Agua. Además anunció que impulsará un nuevo Plan Nacional de Regadíos para optimizar el uso del agua de riego en la agricultura.
La reivindicación de efectuar un plan nacional de aguas y de trasvase de cuencas hidrográficas ha sido una constante del sector de infraestructuras desde que el primer Gobierno de Zapatero anuló el plan que tenía preparado el Ejecutivo de Aznar hace más de ocho años y apostó por la construcción de desaladoras.
La propuesta tuvo que ser defendida por Cristina Carbona como ministra de Medio Ambiente, cuando ella misma durante los Gobiernos de Felipe González había defendido la necesidad del trasvase de cuencas, como una de las únicas formas posibles de garantizar el agua en el sur y el levante español cuando no llueve, como recuerdan fuentes del sector.
La batalla que se ha abierto varias veces entre regiones por el conflicto del agua así como el alto presupuesto del programa fue lo que el Gobierno Zapatero quiso evitarse en esos momentos. La diferencia entre las dos opciones, desaladoras y trasvase de cuencas, según los expertos es sobre todo el precio al que se obtiene el agua, a la larga más cara en desalar el agua del mar que los técnicos recomiendan sobre todo en islas, por ejemplo Canarias.
NI TRASVASE DE CUENCAS Ni CASI DESLADORAS
En el caso de la Comunitat Valenciana, este enfrentamiento se concretó con la utilización del trasvase del Ebro como bandera electoral del Partido Popular valenciano que, de paso, obstaculizó la apertura de la desaladora de Torrevieja desde su finalización en 2003, como denuncia el diputado autonómico de infraestructuras del PSPV-PSOE, Francesc Signes.
Pese a todo, el sector dijo que aceptaba hacer un plan de desaladoras, pero que estaba seguro que más pronto o más tarde habría que hacer un programa de trasvases de cuencas. Desde entonces, unos ocho años, no han llegado a la veintena el número de desaladoras que se han construido con un coste estimado de cerca de 2.000 millones, aunque la mayor parte de ellas no están todavía operativas, según fuentes del sector.
Desde que empezaron los recortes en infraestructuras con la llegada de la crisis económica, Seopan y las empresas que lo integran (ACS, FCC, Ferrovial, Acciona, Sacyr-Vallehermoso y OHL, entre otras), no han dejado pasar una ocasión sin reivindicar este programa de aguas, apelando a las necesidades agrícolas y turísticas de España. Y han presentado numerosos programas a las Administraciones apelando al alto número de empleos que crearían estas obras así como a la necesidad de las mismas.
18.000 EUROS EN INVERSIONES A DOS AÑOS VISTA
Las declaraciones de Arias Cañete pueden ser la rampa de lanzamiento de este plan. Según los primeros borradores existentes, el plan crearía previsiblemente más de los 100.000 empleos, inyectando una inversión de entre 18.000 y 20.000 millones de euros en varios programas, como el plan de trasvase de cuencas, otro de regadíos y hasta un tercero de calidad de las aguas.
Desde los principales partidos políticos valencianos la interpretación es divergente. Mientras el portavoz de Infraestructuras y Obras Públicas del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, David Serra, asegura que estos anuncios son la prueba de que el Gobierno de España está al lado de la Comunitat; sus homólogo socialista, Francesc Signes, recuerda que el trasvase del Ebro no estaba en el Programa Electoral del PP y exigiría un acuerdo entre autonomías "técnicamente imposible".
Además, la oposición recuerda en el ámbito autonómico la licitación de obra civil en la Comunitat ha sido casi nula en 2011 y lo será según los Presupuesto de 2012. "Hace 15 meses que se licitó la última obra pública de la Generalitat y los pagos que se están realizando se limitan a cubrir pagos atrasadas", asegura Signes.
CINCO AÑOS DE DESCENSOS EN LA INVERSIÓN ESTATAL
En todo caso, el sector reconoce necesitar una reactivación de la obra pública, sea de origen estatal, autonómica o local, ya que las recetas que se está aplicando para evitar el desplome de la inversión, como es la internacionalización y la diversificación, están dando sus frutos a poca velocidad en un contexto en el que las empresas constructoras son de las más endeudadas del Ibex.
Las últimas cifras de inversión, hechas públicas esta semana por Seopan, ponen de manifiesto que las administraciones públicas pusieron en marcha obras públicas por 13.754,59 millones de euros en 2011, lo que supone casi la mitad (47,5%) respecto a un año antes y el menor importe inversor de los últimos quince años.
El presupuesto licitado el pasado año constituyó además una tercera parte respecto al máximo histórico de 46.401 millones de euros que las administraciones destinaron a obra pública en 2006. De esta forma, la inversión en infraestructuras y edificaciones públicas encadenó en 2011 su quinto ejercicio consecutivo de descensos.
LOS PEORES DATOS DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
En el caso de la Comunitat, la obra civil sumó 584,2 millones de euros en 2011, un 38% menos que el año pasado, registrando el nivel más bajo desde 2000. Comparado con 2007, el desplome es del 81%, llegando al 84% en la provincia de Castellón y del 83% en la de Valencia, según datos de Seopan.
Por administraciones, la principal inversión ha sido de la Administración central , con 396,1 millones de euros el pasado año, un 12% más que en 2010, pero un 75% menos que en 2007. Por su parte, la Generalitat recortó la inversión el pasado año un 64%, hasta los 212,9 millones de euros.
Sin embargo, han sido los ayuntamientos los que han tenido el comportamiento más negativo, al terminarse los distintos planes de estímulo puestos en marcha por el Gobierno central (Plan E) y por la Generalitat (Plan Confianza). Concretamente, el descenso ha sido del 79% hasta los 276,5 millones de euros.
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