BRUSELAS (EFECOM). Según el primer ministro sueco, Frederik Reinfeld, República Checa decidió no sumarse al acuerdo porque teme que "el proceso de ratificación pueda durar años", según indicó en declaraciones a la prensa al término del encuentro.
Reinfeld dio a entender que la retirada de ese país no se debe a un desacuerdo con el contenido político del pacto sino a que no quiere comprometerse, a sabiendas de que el proceso para ratificarlo podría durar años rotando entre el Parlamento, el Gobierno y el Presidente checo, Vaclav Klaus.
El acuerdo estuvo a punto de truncarse por la reticencia de Polonia, que se negaba a dar su apoyo si no se permitía el acceso de los países no miembros del euro a las cumbres de líderes de la zona euro, pero finalmente los líderes lograron un consenso.
El pacto fiscal forzará a los países firmantes, los 25 Estados miembros restantes de la UE, a incluir en sus legislaciones o constituciones la llamada "regla de oro", que obliga a mantener el déficit estructural anual por debajo del 0,5 % del PIB.
Los Estados miembros que no incluyan correctamente en sus normativas nacionales ese techo de gasto podrán ser denunciados ante el Tribunal de Justicia de la UE por otro de los socios, que además podrá solicitar directamente una sanción financiera.
La máxima instancia judicial comunitaria podrá, en última instancia y como máximo, imponer una sanción del 0,1 % del PIB. Tras el consenso político alcanzado hoy, el pacto fiscal deberá ser firmado en el Consejo Europeo del 1 y 2 de marzo.
AMPLIACIÓN DEL FONDO DE RESCATE
Los líderes de la UE respaldaron la regulación del funcionamiento del fondo de rescate permanente de la eurozona a partir del 1 de julio, que solo beneficiará a los países que ratifiquen el pacto fiscal, anunció el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, en Twitter.
"Este tratado y el Tratado sobre la estabilidad, coordinación y gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (SCG, en sus siglas en inglés) son complementarios a la hora de impulsar la responsabilidad fiscal y la solidaridad" en el bloque, indicó.
Agregó que "se reconoce y se acuerda que la concesión de asistencia financiera en el marco de nuevos programas bajo el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) se condicionará, a partir del 1 de marzo de 2013, a la ratificación del SCG".
El texto establece la máxima capacidad de préstamo del MEDE en 500.000 millones de euros, incluida la capacidad de intervención que queda del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) (unos 250.000 millones), aunque aclara que el techo se revaluará antes de la entrada en vigor del fondo de rescate permanente el 1 de julio y, si corresponde, será aumentado por el Consejo de Gobernadores.
En concreto, el techo será revisado en la cumbre de marzo, según lo acordado por los jefes de Estado y de Gobierno en diciembre.
El tratado prevé que, durante el periodo en el que ambos fondos coincidan, la capacidad de préstamo del MEDE y del FEEF no debe superar los 500.000 millones, lo que ha suscitado ya críticas, dado que hay países e instituciones como Italia, España, Austria y Luxemburgo, el FMI o el Banco Central Europeo (BCE) que consideran que la eurozona debe aumentar la dotación de los cortafuegos.
Alemania sigue alegando que no es el momento de abordar esta cuestión, pero algunos observadores afirman que, después de haberse firmado el pacto fiscal, Berlín podría aceptar combinar los fondos del MEDE y del FEEF como proponen algunos países, de manera que la eurozona disponga de un "alcance de tiro" de 750.000 millones para rescatar a países con problemas.
El MEDE tendrá, tal y como estaba ya establecido, un capital suscrito de 700.000 millones, de los que 80.000 millones serán aportaciones directas de capital por parte de los Estados de la zona euro y los 620.000 millones restantes se darán como capital movilizable y garantías.
El Consejo de Gobernadores podrá revisar regularmente y al menos cada cinco años el volumen máximo de préstamo. Las aportaciones directas deben ser realizadas en cinco pagos anuales equivalentes al 20 % del monto total que corresponde a cada país. La primera transferencia ha de ser efectuada en los primeros 15 días desde la entrada en vigor del tratado.
El texto también introduce el punto acordado en la cumbre pasada de que, durante la aportación progresiva del capital desembolsado, se acelerarán los pagos de capital para mantener un coeficiente mínimo del 15 % entre el capital desembolsado y el saldo vivo de emisiones del MEDE y para garantizar una capacidad de préstamo combinada con el FEEF de 500.000 millones de euros. También aclara que un Estado miembro puede acelerar el pago de sus pagos.
Actualmente se debate si se deben pagar dos cuotas al año en lugar de una, una idea que apoya Alemania. Sobre las cláusulas de actuación colectiva, el tratado indica que se adherirá a las prácticas del FMI en el sentido de que sólo en casos excepcionales y de forma proporcionada se puede considerar una participación del sector privado en un rescate vinculado a un programa de ajustes macroeconómicos, como pidieron los líderes en diciembre, cuando dijeron que el caso de Grecia es "único y excepcional".
En lo que se refiere a la adopción de decisiones, se han modificado las normas de votación del MEDE, de modo que incluya un procedimiento de urgencia.
La regla de mutuo acuerdo quedará sustituida por una mayoría cualificada del 85 % en caso de que sea necesario tomar una decisión urgente en materia de asistencia financiera. Cuando se recurre a este procedimiento, un fondo de reservas será utilizado para cubrir los riesgos derivados del rescate.
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