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VALENCIA. La leyenda del penalista Javier Boix se agranda. En el juicio de los trajes logró que el jurado asumiera prácticamente la totalidad de sus tesis y emitiera un veredicto de cinco votos a cuatro a favor de los acusados, Francisco Camps y Ricardo Costa. Ahora tiene como reto el caso de Carlos Fabra, otro proceso mediático y complejo para el prestigioso abogado.
Este último éxito profesional de Boix alarga la lista de procesos complicados en los que el letrado ha conseguido el beneficio para sus clientes. Uno de los más afamados, también celebrado con jurado popular, fue el conocido como caso del 'séptimo piso', en el que se juzgaba a un hombre acusado de tirar supuestamente a su mujer desde un edificio en obras causándole la muerte. El abogado logró convencer a seis de los nueve miembros del jurado.
En cuanto a juicios con políticos implicados, uno de sus éxitos más recordados fue lograr la anulación de las escuchas telefónicas -en las que aparecía Eduardo Zaplana- del caso Naseiro, lo que permitió la absolución del que fuera secretario de Finanzas del PP en un caso en el que se dirimía la presunta financiación ilegal del partido.
El penalista Boix es un auténtico experto en encontrar defectos procesales. Sus conocimientos sobre los recovecos judiciales le han permitido lograr importantes triunfos en los que ha salvado a políticos en apuros. Su primer proceso importante de esta índole fue el llamado caso Calpe, en el que también evitó las escuchas telefónicas que comprometían al entonces conseller de Obras Públicas Rafael Blasco, todavía en las filas socialistas en aquella época.
De hecho, también consiguió el sobreseimiento del citado caso Fabra, tras siete años de proceso abierto y multitud de recursos interpuestos por el abogado. Un defecto formal esgrimido por Boix provocó la prescripción de cuatro de los cinco delitos imputados al presidente de la Diputación de Castellón y líder provincial del PP. Sin embargo, el Tribunal Supremo decretó la reapertura de los casos recientemente, con lo que el abogado tiene por delante otro reto importante.
Entre sus derrotas, sólo una relacionada con dirigente político de envergadura. La defensa orquestada por Boix en el caso Cartagena, en el que representó al exconseller del Gobierno de Eduardo Zaplana con este apellido, no sirvió para evitar que el mandatario fuera condenado. El delito, haberse apropiado de un donativo de ocho millones de las antiguas pesetas de las Hermanas Carmelitas fruto de la gestión del Hospital Municipal San Juan de Dios. Su cliente fue condenado a cuatro años de cárcel, aunque Boix consiguió en tres meses el tercer grado. El delito se cometió en 1993, fue denunciado en 1998 y Luis Fernando Cartagena no entró en prisión hasta 2008, para salir tres meses después.
En la causa de los trajes, la cantidad de recursos interpuestos por Boix han sido incontables, pero no pudieron impedir que el expresidente de la Generalitat se siente en el banquillo para el juicio oral. Sin embargo, el abogado ha conseguido que los miembros del jurado consideraran una mera "relación comercial" la que unía a Álvaro Pérez 'El Bigotes' y Camps. Además, consiguió que asumieran su tesis una a una, ya fuera sobre las contradicciones del sastre José Tomás o sobre la inconsistencia de las pruebas documentales.
No tengo información suficiente, solo tengo muchas dudas, que me parecen razonables. Agradecería que alguien las resolviera. Y si no se resuelven, y dudo que la Setencia lo haga,.pues saquen Vds. sus propias conclusiones.
Fart. Insinuas que el juicio ha sido una farsa incluso en el propio montaje en la Sala ??
Lo que sabrá este hombre...deseo (aunque no me parece probable) que este hombre escriba sus memorias, aunque sea para publicar dentro de muchos años. Sin quitarle mérito hay que recordar que ha contado permanentemente con la colaboración de instrucciones (procedimientos de averiguación) francamente mejorables. En el caso Camps, no se me ocurre ninguna explicación confesable para que no se requisara la documentación de las Consejerías y Empresas Públicas y solo se llamara a declarar a Altos cargos, no a funcionarios. ¿Por qué no se citó a los administrativos que escribieron o registraron los documentos? ¿a las telefonistas? ¿a los miembros de las mesas de contratación (si es que las hubo)? A los abogados que informaron (si es que asesoraron) que se podía adjudicar directamente, a los interventores (si intervinieron)…. Y si no se registraron documentos, no hubo mesa de contratación, o abogados e interventores, pues saquen sus conclusiones….Los altos cargos debían sus puestos al Sr. Camps, y si declaraban cualquier irregularidad, se estaban imputando a ellos mismos, es decir, sus testimonios eran más que cuestionables. Esto se ha hecho (con policías y jueces de Palma) en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y precisamente por eso se ha imputado a altos cargos de la Generalitat, porque sus subordinados han manifestado lo que realmente ocurrió. Cualquiera con experiencia en una empresa grande o en la Administración sabe que si quieres saber la verdad de algo, has de preguntar en toda la cadena jerárquica. Otra cuestión, ¿alguien podría explicarme lo de la relación mercantil como causa de absolución? Yo pensaba que los altos cargos de las Administraciones tienen prohibida cualquier actividad mercantil….
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