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VALENCIA. El propio presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, realizó una autocrítica recientemente al señalar en una entrevista que la Administración autonómica y las familias "habían vivido por encima de sus posibilidades" en los últimos años.

También las corporaciones locales. La presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Elena Bastidas, afirmaba estos días que 80 poblaciones están al borde de la quiebra en la Comunitat.

Hay ejemplos para todos los gustos: desde las enormes deudas de las capitales y ciudades importantes, hasta municipios medianos que acumulan fortísimos pagos bancarios o deudas astronómicas con proveedores.

De hecho, la deuda es un mal común para buena parte de los consistorios valencianos de entre 15.000 y 50.000 habitantes: casi todos deben a los bancos y proveedores una suma total de 30 millones de euros. Tal vez por eso, la mayoría de ayuntamientos se resisten a revelar los datos actualizados de sus pagos pendientes.

Dos de los ejemplos más llamativos son los de Gandia y Calpe. La capital de la Safor, tras años de gobierno socialista, se encuentra capitaneada ahora por Arturo Torró (PP).

Según los datos de la web del consistorio, la deuda viva se situaba en diciembre de 2012 en 122 millones de euros y los pagos pendientes a los proveedores suman 63 millones. Un total de 185 millones de euros, una cifra  a la que se había aproximado el propio concejal de Hacienda meses atrás cuando aseguró que el ayuntamiento se encontraba en "quiebra técnica".

En cuanto a Calpe, el nuevo alcalde César Sánchez (PP), se encontró tras las elecciones locales con una gestión que había llevado al consistorio a una situación "desastrosa", según fuentes del propio ayuntamiento.

La deuda bancaria ronda los 25 millones de euros y los proveedores esperan un total de 30 millones en pagos. Además, una serie de condenas por irregularidades urbanísticas en la anterior etapa obligarán a Calpe a abonar varios millones de euros más.

La consecuencia: más de 70 millones de euros en el ‘debe' del consistorio. Sánchez ha iniciado una serie de medidas para apretarse el cinturón como el recorte del 10% de sueldos de concejales, asesores y grupos politicos y el sometimiento a pleno de toda adjudicación pública superior a 60.000 euros o por periodo superior a cuatro años.

Además, el pleno de Calpe aprobó el pasado mes de diciembre la amortización de 101 plazas del ayuntamiento. El presupuesto del municipio, todavía pendiente, no superará los 30 millones de euros.

PROVINCIA DE VALENCIA

Aparte del caso de Gandia e independientemente del signo político del gobierno del consistorio, la deuda de los ayuntamientos en la provincia también resulta millonaria. Otra de las localidades importantes que arrastra una deuda importante es Torrent, que acumula 57,3 millones de euros a finales de 2011.

No obstante, según fuentes del consistorio, el municipio "ha mantenido los porcentajes de recaudación a pesar de la situación económica" y destacan que el Presupuesto de 2012 "recoge el escenario previsto en el plan de saneamiento revisado, absorbiendo parte del remanente negativo". Desde el ayuntamiento, aseguran no poder facilitar una cifra de la deuda con los proveedores ni de los pagos pendientes de cobro de convenios y subvenciones de la Generalitat dado que todavía está pendiente el cierre de 2011.

En el caso de municipios de tamaño medio, cogiendo como referencia de los que poseen entre 20.000 y 50.000 habitantes, se produce en la mayoría de ellos una deuda ‘tipo' de en torno a 30 millones de euros. En ese caso se encuentra por ejemplo Xirivella, donde también hubo cambio de signo político en las pasadas elecciones, ahora gobernada por Enrique Ortí (PP). La deuda viva de este municipio está en 20,6 millones de euros y los impagos a los proveedores junto a los costes de expropiaciones todavía no aportados suman 12 millones de euros, hasta alcanzar un total de 32,6 millones de euros.

Mislata es otra de las poblaciones que cambió de gobierno en 2011. Tras nueve años del PP al mando, el actual alcalde Carlos Fernández (PSPV) tiene que lidiar con unas arcas asfixiadas. Según fuentes oficiales, la deuda viva del ayuntamiento en 2010 ha sido "rectificada y avalada" por la Intervención General del Estado y asciende a 29,5 millones de euros.

"20 millones es deuda comprometida con entidades financieras y 9,5 millones en base a gasto", explican fuentes del ayuntamiento. En cuanto a los pagos pendientes a proveedores, se ha liquidado gran parte de los 800.000 euros adeudados gracias a un crédito del ICO, por lo que las facturas pendientes se han quedado en 33.190 euros. Desde Mislata, recalcan que la Generalitat debe casi un millón de euros al consistorio "casí íntegramente relativo a Servicios Sociales". Según el alcalde, Carlos Fernández Bielsa, "de no haber sido por las medidas que se han tomado para recortar el gasto y revisar factura a factura todos los contratos que compromete el ayuntamiento, hoy el consistorio estaría en bancarrota".

Otro caso llamativo de los '30 millones' se da en Alaquàs, gobernada por el PSPV en solitario desde hace casi tres décadas. El municipio del que fuera alcalde el actual secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, acumula una deuda viva -según datos del ministerio de finales de 2010- de 31,5 millones de euros, una cifra que, siguiendo la tendencia general, será mayor en la actualidad. Desde el consistorio puntualizaron que la Generalitat Valenciana adeuda al municipio 4,3 millones de euros, aunque no concretaron su dato actual de deuda viva ni los pagos pendientes a proveedores.

Según los últimos datos del Ministerio, que corresponden al cierre de 2010, resulta evidente que la deuda de un buen número de localidades valencianas superan los citados 30 millones de euros. La deuda de Paterna alcanzaba entonces, sin contar a proveedores, los 26 millones de euros. En un caso similar se encontraba Sagunto, que acumulaba 27 millones. En Manises, se alcanzaban los 20,4 millones de euros de deuda viva y en Aldaia, 24,6 (según datos actualizados que sí incluyen proveedores en este caso).

Ontinyent y Cullera, dos localidades que el ministerio situó en la lista de ayuntamientos con peligro de quiebra en agosto de 2011, sumaban 20,3 y 23,1 millones de euros de deuda viva respectivamente. Alboraya, otro de los municipios donde hubo cambio de gobierno, también se situaba a mediados del año pasado en "al borde de la quiebra" según el cuatripartito al mano: según los datos del ministerio sumaba 20,3 millones de euros de deuda viva.

ALICANTE Y CASTELLÓN

En la provincia de Alicante también se detecta una deuda elevada de los consistorios de tamaño imporante. Al margen del caso de Calpe, uno de los municipios que ha atravesado una legislatura convulsa es Benidorm. Los datos de deuda viva del ministerio ya arrojaban previsiones poco halagüeñas para el municipio, que sumaba 84 millones de euros de pagos pendientes a entidades.

Otras localidades que han hinchado la deuda en los últimos años son Torrevieja (65 millones), Orihuela (42) o Denia (29).

Por lo que se refiere a la provincia de Castellón, los registros ministeriales señalan a Burriana como una de las localidades con una deuda más elevada con 26,8 millones de euros. Destaca la cifra, casi comedida, de Villarreal, que sólo acumulaba 15 millones al cierre de 2010.

GRANDES URBES

Más conocida es la deuda en las capitales de provincia o ciudades de gran tamaño como Elche. La localidad ilicitana acumulaba 160 millones de euros el pasado ejercicio. En cuanto a Valencia, se prevé que la deuda se reduzca a 835 millones de euros en 2012 aunque, al cierre de 2011, restan 189 millones de euros por pagar a los proveedores según informó ayer el diario Levante.

Mucho más discretas son las deudas de Alicante y Castellón. El primero, registra una deuda al inicio de 2011 de 152 millones de euros. Por su parte, Castellón logró reducirla el pasado ejercicio hasta 107.

Unas cifras que son solo la punta del iceberg del enorme problema que las corporaciones locales también están sufriendo con la crisis económica. De hecho, otros grandes perjudicados son las poblaciones más pequeñas. Así, el 80% de los ayuntamientos valencianos sobre los que sobrevuela el fantasma de la quiebra son municipios de menos de 5.000 habitantes, lo que refleja de forma nítida que las corporaciones locales, ya sean grandes, medianas o pequeñas, también están acusando de forma descarnada los rigores del escenario económico actual.