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BRUSELAS (EFECOM). El Consejo de Ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) debatirá si obligar a todos los países a que presenten sus proyectos presupuestarios a Bruselas cada año antes del 15 de octubre, como defiende Alemania, o si limita ese requisito a los países que se encuentran en un procedimiento por déficit excesivo.

Las dos propuestas fueron presentadas por el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, el pasado 23 de noviembre.

También tendrán que ponerse de acuerdo sobre otra disputa en el seno de la UE: si dar poder al Consejo para recomendar, en base a una propuesta de la Comisión Europea, a Estados miembros en dificultades que soliciten ayuda financiera cuando su situación económica tenga importantes efectos adversos para la estabilidad de la eurozona.

El debate sobre estas dos propuestas está vinculado con las negociaciones sobre el pacto fiscal y las enmiendas al tratado sobre el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el fondo de rescate permanente de la eurozona, de manera que los textos de las mismas no se finalizarán hasta que los dos tratados se hayan cerrado.

Los ministros también mantendrán un primer debate sobre la estrategia para el crecimiento de la CE, que también fue presentada el 23 de noviembre pasado y que supuso el inicio del segundo Semestre Europeo de supervisión económica y fiscal.

El Ecofin prevé además respaldar la decisión del Ejecutivo de la UE de seguir adelante con el procedimiento por déficit excesivo abierto contra Hungría, que abre la puerta a suspender los fondos de cohesión para este país si no toma medidas para corregir de manera sostenible los desvíos.

Por su parte, los ministros proseguirán las negociaciones sobre un proyecto de regulación de la Comisión para regular el mercado de los derivados negociados en mercados no organizados (OTC), que se encuentra actualmente en la fase del trílogo (Comisión, Parlamento y Consejo) y que está prácticamente cerrado.

No obstante, tras llegar a una posición común en octubre y solo después de que Bruselas garantizara al Reino Unido que incluirá los títulos que se comercializan en bolsa en futuras legislaciones, queda un punto abierto, el que se refiere al procedimiento para autorizar cámaras de contrapartida central (CCP, en inglés), firmas que intermedian en las operaciones y que responden ante el riesgo de impagos.

Una autoridad nacional competente podrá autorizar una central ubicada en la UE después de recibir una opinión positiva de un colegio de supervisores.

En octubre se especificó que la autorización por parte de un Estado miembro solo podrá ser bloqueada por una opinión negativa del colegio tras un voto unánime menos uno, pero este aspecto del proyecto se ha reabierto para facilitar un acuerdo con el Parlamento Europeo, que presiona a favor de un papel más fuerte del colegio y de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, en inglés).

La presidencia danesa de turno ha presentado una propuesta de consenso en virtud del cual el Estado en el que se ubica la CCP podrá referir el asunto a la ESMA para que medie tras una opinión negativa del colegio.

Además, si hay una mayoría suficiente en el colegio que se oponga a la autorización de una cámara, esa mayoría también podrá pedir la mediación de la ESMA.