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VALENCIA (VP). Enrique Ortiz Selfa (Grañén, Huesca, 1960) es uno de los empresarios alicantinos más destacados e influyentes, tanto por su actividad en el sector de la construcción como por su presencia en distintos ámbitos sociales desde adquiriese la mayor parte de las acciones del Hércules en 1999, un club que compró en números rojos y que ha conseguido mantener y situar en la máxima categoría gracias, entre otras cosas, a un crédito de 17 millones de euros concedido recientemente por la CAM.

Criado en el barrio de Benalúa, está casado y con cuatro hijos, y dirige desde hace unos 25 años el grupo empresarial Cívica (antes Enrique Ortiz e Hijos), fundada por su parte en los años 30 y cuyas compañías (alrededor de una veintena) se han convertido en los últimos años en destacadas contratistas de la Generalitat en todo tipo de infrastructuras.

Recientemente había alcanzado un acuerdo con el Ayuntamiento de Alicante para la rehabilitación integral del estadio Rico Pérez de Alicante, una operación valorada en 55 millones de euros que, tras un intercambio con el Consistorio, le iba a reportar terrenos en distintos PAI de la ciudad.

Hasta ahora, la ‘mancha' más grave en su expediente fue la vinculación con la trama Gürtel que instruye el juez Antonio Pedreira. Al parecer, Ortiz podría haber colaborado en una supuesta trama de financiación irregular del PP valenciano, junto a otros seis empresarios de la construcción, haciéndose cargo de deuda en dinero ‘b' que el partido había contraído con empresas de Francisco Correa.

A pesar de que ha negado cualquier vinculación con esta trama en repetidas ocasiones, su nombre sigue vinculado a la misma y ha sido objeto de varias querellas, entre ellas una del PSPV firmada por Ángel Luna, portavoz socialista y ex abogado de sus empresas.

En 2005, Ortiz tuvo unas ventas de más de 110.8 millones de euros (un 14% más que el año anterior) y unos beneficios declarados de más de 11 millones de euros y dos años después, en 2007, disponía de una cartera de suelo valorada en más de 2.310 millones de euros.

Su grupo se adjudicó el polémico Plan Rabassa, el mayor proyecto urbanístico de la provincia de Alicante que prevé construir 13.500 viviendas al norte de la ciudad, y también fue el que compró la reserva de suelo de Terra Mítica por 85 millones de euros que permitió levantar la suspensión de pagos del parque temático.

ÁNGEL FENOLL, CONDENADO YA EN TRES OCASIONES

El segundo de los empresarios detenidos, Ángel Fenoll (Santomera, Murcia), siempre ha presumido de haber empezado su fortuna desde lo más bajo, es decir, recogiendo basuras con un carromato de su padre hasta llegar a gestionar el servicio de basuras de la costa de Orihuela en 1987, el primero de sus contratos de peso.

En la actualidad, Fenoll acumula ya tres condenas firmes, la por comprar votos por correo para el PP en las elecciones municipales de 1991, una segunda por tenencia ilícita de armas y la más reciente por falsificar facturas para intentar cubrir las espaldas a Luis Fernando Cartagena, ex conseller de Obras Públicas y ex alcalde de Orihuela, que se apropió de una donación de unas monjas al Ayuntamiento cuando era alcalde de Orihuela y finalmente entró en prisión en verano de 2008.

Al parecer, los registros efectuados por la Policía Nacional en diversos puntos de la provincia de Alicante tienen su origen en una denuncia presentada por el propio Fenoll en la primavera de 2006 después de que el Ayuntamiento de Orihuela decidiese adjudicar la contrata de basuras municipal a la firma Urbaser y dejase la oferta del empresario oriolano en tercer lugar.