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VALENCIA. Ser presidente no ha sido un buen negocio para Alberto Fabra, si se tiene en cuenta el sueldo. Como señalan los Presupuestos de la Generalitat en el Capítulo VI, el presidente de la Generalitat percibe un sueldo de 67.615 euros desde que accedió al cargo, unos 6.000 euros menos de los que ganaba como alcalde de Castellón, responsabilidad por la que percibía 73.688 euros.
Fabra no recibe complementos por desplazamientos a su lugar de trabajo, ya que dispone del parque móvil de la propia institución (con un conductor titular y dos suplentes) y en materia de dietas, se aplica el máximo de 20 euros por comida para el día a día, según confirman a ValenciaPlaza.com fuentes de Presidencia.
Ni Fabra ni sus consellers cobran por su condición de diputados autonómicos, ya que renuncian al escaño en beneficio del siguiente en la lista por su circunscripción.
El expresidente Francisco Camps decidió en junio de 2010 reducir su retribución, que era de 79.546 euros, junto a la del resto de altos cargos, coincidiendo con la bajada del 5% para los trabajadores públicos ordenada por la Administración General del Estado. Sin embargo, cuando dimitió se convirtió en el primer jefe del Consell que se acogía al estatuto de los expresidentes -aprobado en 2002 bajo el Gobierno de Eduardo Zaplana-, pero al que han renunciado todos sus antecesores.
Aunque renunció al sueldo como diputado (que en su caso sería de 33.047 euros anuales), se integró en el Consejo Jurídico Consultivo como miembro permanente (por 15 años), con una retribución anual de unos 57.000 euros anuales. Además, como expresidente cuenta con un despacho y secretario a cuenta de la Generalitat, además vehículo oficial y chofer. Institucionalmente, conservará de por vida el tratamiento de Molt Honorable.
Aunque los expresidentes Joan Lerma, Eduardo Zaplana y José Luis Olivas no han ejercido estos derechos, la remuneración económica sólo les correspondería a aquellos que no percibieran ingreso de otra institución. De este modo, únicamente Joan Lerma, actualmente senador, tendría que elegir entre un sueldo u otro, como ha tenido que hacer Francisco Camps al incorporarse al Consell Jurídic Consultiu.
SUÁREZ, CALVO-SOTELO, GONZÁLEZ, AZNAR...
Esta situación contrasta con la de los expresidentes del Gobierno de España, que, además de recibir el collar de la orden de Isabel la Católica, perciben una renta vitalicia de 74.000 euros anuales brutos, establecida desde 1983. Ninguno de los jefes de Gobierno ha renunciado a percibir esta retribución, a pesar de compatibilizarla con altos cargos en empresas privadas o como diputados en el Congreso.
Éste ha sido el caso de Leopoldo Calvo-Sotelo, que perteneció a tres consejos de administración distintos; Felipe González, que forma parte en la actualidad del de Gas Natural Fenosa como consejero independiente; o José María Aznar, consejero de diversas compañías entre las que destacan Endesa o News Corporation, propiedad del Rupert Murdoch.
Institucionalmente, los expresidentes tiene derecho a integrarse en el Consejo de Estado desde el año 2005 (con una retribución de otros 72.800 euros), pero ni Adolfo Suárez ni Leopoldo Calvo-Sotelo lo hicieron, por distintos motivos. Sí lo hicieron González y Aznar, pero renunciaron en 2006 al incorporarse a los consejos de administración de Gas Natural Fenosa y News Corporation, respectivamente.
Por su parte, José Luis Rodríguez Zapatero ha comunicado al Consejo de Estado su intención de incorporarse a la institución, pero aún no se ha celebrado el acto formar de incorporación.
CONSELLER, A PARTES IGUALES
Bajando un escalón en la Generalitat Valenciana, sea cual sea la conselleria que se ocupe (incluida la vicepresidencia del Consell), el titular cobra 57.599,76 euros y tiene derecho a ‘smartphone' sin limitación de gasto, coche oficial con dos conductores disponibles a turnos y unas dietas para gastos de representación que, tras la llegada de Alberto Fabra, está "más controlada", según fuentes del entorno del Gobierno autonómico. De forma habitual, desde la Generalitat se recuerda la orden para limitar el gasto en comidas a un máximo de 20 euros en restaurantes próximos a la sede de la correspondiente conselleria.
Pueden acogerse a los planes de pensiones de los empleados de la Generalitat y, una vez cesados, rescatar el dinero invertido o conservar este producto. Igualmente, el periodo en el que ejercen el cargo cotiza en la Seguridad Social a efectos de seguro de desempleo y pensión. En la misma condición están el resto de altos cargos de la Generalitat.
Por su parte, los exministros del Gobierno de España perciben un sueldo de unos 64.300 euros anuales durante los dos años siguientes al abandono del cargo, con la idea de cubrir económicamente el periodo en el que se ven afectados por la incompatibilidad de ejercer en la empresa privada.
ALTOS CARGOS, DESEQUILIBRADAS RETRIBUCIONES
Dispar es el entramado de retribuciones y beneficios de los denominados altos cargos, cuyos sueldos no resultan proporcionales a sus responsabilidades si se tiene en cuenta la diferencia de apenas 2.000 euros anules que separan a un director general de un conseller.
Bajo este paraguas se incluyen tanto los secretarios autonómicos, que cobra 57.586 euros, muy poco menos que un conseller, según los Presupuestos de 2012; como los directores generales, que perciben 55.000 euros; y los asesores de diversa índole que perciben entre 48.570 euros anules y, el que menos, 43.632 euros. En todos los casos disponen de smartphone sin limitación de gasto y pueden hacer uso del parque móvil de la conselleria para actividades relacionadas con el ejercicio de su cargo y en función de la disponibilidad.
Una vez cesados, el periodo de tiempo trabajado computa a efectos de desempleo y pensión, y no reciben indemnización por despido. Al igual que el resto de trabajadores de la Generalitat, puede haber contratado el plan de pensiones para trabajadores públicos, pero una vez fuera de la institución puede rescatar el dinero invertido o conservar este producto.
A diferencia de los altos cargos del Estado, los valencianos no cuentan con un sistema de compensación tras el abandono de su cargo, aunque las incompatibilidades para la vuelta al ejercicio profesional en la empresa privada sean mucho menos estricto.
Por efecto de la crisis, los altos cargos de la Generalitat, incluidos los consellers, vieron recortado su sueldo a partir de junio de 2010 entre un 15 y un 8%, al igual que los funcionarios veían reducida su retribución un 5%. También vieron reducido su número en unos 20, según anunció la Generalitat tras la remodelación del Ejecutivo autonómico de junio de 2011.
Al inicio de este año, la Generalitat también anunció que se desvinculaba los salarios de los altos cargo del IPC y pasaban a ajustarse en función de la evolución del déficit público. Sin embargo, esta medida, aprobada el 5 de enero, no se aplicará hasta que se conozca el déficit de 2012. De este modo, se aplaza en al menos un año los efectos de la decisión, cuando se haya contabilizado y se publique la situación que en que quedan las cuentas públicas del presente ejercicio.
LA EXCEPCIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
Con el Plan de Austeridad y Reestructuración del Sector Público, aprobado en noviembre de 2011, se fijó que ninguno de los cargos directivos de empresas públicas, instituciones, entes y fundaciones dependientes de Generalitat, además de Radio Televisión Valenciana y la Agencia Valenciana de Turismo, podrá cobrar más de 55.000 euros brutos anuales, que es lo que percibe un director general de la Generalitat.
Sin embargo, este máximo no afecta a todos los altos cargos por igual. Este es el caso de la intendente del Palau de les Arts, Helga Schmidt, que percibe 250.000 euros entre sueldo y dietas, según la documentación oficial del Palau de Les Arts hecha pública por el Grupo Socialista en las Cortes Valenciana.
Como ocurre en el caso de otros cargos públicos, en el momento de cesar en el puesto no reciben una indemnización por despido, pero sí son finiquitados con las vacaciones que tengan pendientes y el porcentaje correspondiente a las pagas extras.
DIPUTADOS AUTONÓMICOS
Los diputados de las Cortes Valencianas cuentan con una detallada tabla de retribuciones. Un electo percibe una asignación reglamentaria mínima de 28.328,84 euros (más 4.721 euros en concepto de pagas extras), la mitad de lo que perciben los diputados del Parlament de Catalunya. A esta se suman 56.414 euros anuales en el caso del presidente de la Cámara, 45.318 euros en el caso de los vicepresidente; 8.183 euros por comisión que se presida; otros 8.183 euros en el caso de las vicepresidencias de comisión; 28.700 euros los portavoces de grupo; 22.030 euros los adjuntos de portavoz; y 8.183 euros por portavoces en las comisiones.
Al margen de estas cantidades, los diputados que no tengan otras ocupaciones obtienen una retribución por ocupación exclusiva de 5.118 euros y otra de 7.783 euros en el caso de los que cuenten con alguna discapacidad. Sobre la exclusividad, apenas un tercio ha renunciado a este complemento por contar con responsabilidades tanto públicas como privadas.
Según la información trasladada por Mesa del Parlamento a los miembros de la comisión del Estatuto del Diputado a mediados del mes de diciembre, 27 diputados simultanéan su escaño con el cargo de alcaldes o concejales o responsabilidades en la Administración pública o empresa privada, si estas están sometidas al impuesto de actividades económicas.
Son pocos los diputados con otros cargos que han renunciado también a la retribución de 33.000 euros (incluidas las pagas extraordinarias) por ocupar un escaño, aunque conserven los pluses por asistencia a comisiones o el kilometraje para asistir a las sesiones. En este grupo se cuentan el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus; y las alcaldesas Rita Barberá, María José Catalá y Milagrosa Martínez (PP) y el acalde José Benlloch (PSPV).
Por otra parte, la alcadesa de Alicante, Sonia Castedo, ha optado por seguir cobrando como diputada, pero renunciando a percibir una remuneración de su ayuntamiento. Sí cobran de sus actividades parlamentarias y particulares los populares Ricardo Costa, economista colegiado, y Antonio Clemente, titular de una farmacia en Valencia. En la misma situación se encuentran los abogados Vicente Betoret (PP) y Mònica Oltra (Compromís). Únicamente Francisco Camps ha renunciado a percibir cualquier tipo de retribución de las Cortes Valencianas, al ser incompatibles con la que percibe del Conseller Jurídic Consultiu.
Son, sin embargo, las dietas por desplazamiento (denominadas indemnizaciones por el ejercicio de la función) las que demuestran una peculiar idiosincrasia. Si bien los miembros de la mesa de las Cortes perciben 19.027 euros anuales independientemente de vivan donde vivan; los diputados que tienen su residencia a más de 100 kilómetros, por ejemplo en Alicante, perciben un suplemento de 10.590 millones; hasta 10 kilómetros de distancia, por ejemplo en Castellón, reciben 7.060 euros.
Sin embargo, por vivir a menos de 10 kilómetros se recibe 3.530 euros anuales tanto si se vive en Torrent (justo a 10 kilómetros) como si se reside a escasos metros de la institución. Además, al tomar posesión de su escaño reciben un iPhone (costeado por la operadora beneficiaria del concurso de adjudicación) con un límite de consumo limitado a 200 euros, establecido desde el pasado mes de septiembre. Si un diputado supera este tope, su grupo parlamentario comunica si se debe pasar la factura a la cuenta del partido o a del propio diputado.
Además, se les entrega un ordenador portátil con conexión a internet con tarifa plana que debe devolver al acabar al legislatura o comprarlo a la cámara para seguir utilizándolo a título personal. Independientemente de las herramientas de trabajo, cada diputado es beneficiario de un seguro de vida y accidente para el tiempo en que diputado.
Desde hace escasos tres años, la Seguridad Social computa el periodo de tiempo en el que se ejerza como diputado de cara a la pensión y el seguro de desempleo, una vieja reivindicación de los diputados más veteranos. Por otra parte, aunque no cuentan con indemnización por despido, cuando un diputado deja la cámara recibe un finiquito que incluye 30 días de sueldo por año trabajado.
DIPUTADOS Y SENADORES, LOS QUE MÁS GANAN
Esta última no es la única diferencia con los diputados y senadores, que con siete años en el escaño, ya tengan garantizado el 80% de la pensión máxima y a los 12 años, el 100%. Además, cuando se incorporan al Congreso, los diputados reciben un "kit tecnológico" que incluye un móvil de última generación, tipo iPhone, línea ADSL en su domicilio para estar conectados a internet, y el pasado año una tableta iPad en lugar del ordenador portátil que tenían antes.
Además, los diputados son inscritos en un programa de Previsión Social para parlamentarios según el cual el Congreso contrata un plan de pensiones donde ingresa mensualmente el equivalente al 10% de su sueldo base (asignación constitucional) con idea de que, cuando se jubilen, obtengan un complemento de pensión.
Igualmente, y además de su sueldo base, los diputados reciben una indemnización mensual para pagarse los gastos de manutención y alojamiento mientras estén en la capital. Dicha cantidad ronda los 875 euros para diputados de Madrid y es de algo más de 1.800 euros para los demás. Se les abonan aparte los gastos de transporte público (avión, tren o barco) y se les facilita un bono de taxi por valor de 3.000 euros anuales.
La reciente denuncia a estos pluses del diputado de UPyD por Valencia Toni Cantó vino acompañada de la denuncia de la "picaresca" de otros diputados, elegidos las listas de otras circunscripciones pero residente en Madrid y que se beneficiaban de estos complementos.
Si comparamos con los puestos de responsabilidad en empresas privadas no me parecen exageradamente altos los sueldos de los cargos públicos en las Administraciones, si las gabelas de dietas, etc.,etc. Lo que si me parece exagerado es los sueldos y demás gabelas de los diputados, especialmente los de los parlamentos autonómicos. En los pueblos nos conocemos todos y conocemos el nivel de muchos de ellos, y algunos de tener trabajo en las empresas privadas no pasarian de mileuristas.
Los funcionarios también quieren que su sueldo vaya en función del deficit, y que no les quiten todo lo que se les está quitando (... que equivaldría a un deficit del 20 % aproximadamente). Por otro lado, los que conocen a algún alto cargo saben que las retribuciones que se publican en este artículo son sólo una parte de la realidad. Personalmente, me parece vergonzoso; y, como se está citando en varios medios actualmente, esperemos a las urnas sino toman medidas reales de reducción del gasto ... superfluo ... antes.
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