JOAQUIM CLEMENTE. 20/01/2012 El plan de pagos anunciado por la Generalitat Valenciana se ha convertido en un compromiso ineludible para salvar el funcionamiento de colegios, universidades, residencias de dependientes y otros servicios básicos. El Consell recurrirá a préstamos del ICO y espera reestructurar la deuda

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VALENCIA. Ya no hay más margen. La Generalitat Valenciana ha entrado en una espiral de impagos cuyas consecuencias no es que sean impredecibles. Todo lo contrario. La deriva acentuada en las últimas semanas -aunque viene de mucho más lejos- aboca a toda la estructura autonómica valenciana a un colapso inminente de servicios básicos si no se le pone freno con medidas drásticas que ya no están en las manos del Consell que preside Alberto Fabra.

El anuncio que hicieron este miércoles los consellers de Hacienda y de Economía, José Manuel Vela y Enrique Verdeguer, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de que en dos semana tendrán listo un plan de pago a los proveedores se ha convertido en una obligación inexcusable tras meses de promesas de pago fallidas.

La situación de la Comunitat Valenciana ya es insostenible. Si hace un mes el cierre durante dos días de las farmacias puso en la calle el problema económico de una Generalitat agobiada por las deudas y la falta de liquidez, en las últimas semanas los síntomas de la gravedad del problema han ido incrementándose hasta límites difícilmente asumibles.

El alcance de los impagos a la educación, con los colegios concertados sin cobrar y la amenaza de algunos centros con cerrar las puertas y los públicos sin percibir los fondos necesarios para pagar facturas básicas, a las empresas de atención a personas dependientes, que ya han superado la fase de pedir el dinero que se les debe y directamente preguntan al Consell qué deben hacer para cerrar las residencias, o el tono cada vez más elevado de las protestas de funcionarios y empleados públicos por los recortes salariales, han convertido a la Comunitat Valenciana en un polvorín para el recién aterrizado Gobierno de Mariano Rajoy, habida cuenta de que la Generalitat se ha reconocido impotente para solventar la crisis.

A finales de año el Consell salvó un 'default' gracias a la mediación del Gobierno y con dos créditos bancarios logrados a última hora que deberán devolverse en tres meses. Pero no fue más que un parche que evitó por una parte faltar a los vencimientos de deuda -los bonos patrióticos y un préstamo del Deutsche Bank- y a compromisos adquiridos con farmacias, colegios y residencias.

Y es que la falta de liquidez del Gobierno valenciano sigue sobre la mesa y las facturas por pagar se acumulan. Como reconoció este jueves el vicepresidente José Císcar, las deudas a proveedores superan los 2.500 millones de euros y las perspectivas de que esa cifra no se incremente son nulas. Si a ello se añaden los fuertes vencimientos de deuda para el primer cuatrimestre, más de 4.000 millones, la situación se vuelve insostenible para las arcas autonómicas.

CONVENIO DE ACREEDORES

Para afrontar este escenario al Consell no le ha quedado más remedio que ponerse en manos del Gobierno. Tras la reunión del miércoles del CPFF, Vela y Verdeguer pudieron anunciar la elaboración de un plan de pagos -prometido en repetidas ocasiones en los últimos meses pero imposible de cumplir por la falta de ingresos- gracias al adelanto de 420 millones por parte del Gobierno.

Es una cifra importante y que puede permitir a la Generalitat atender pagos a proveedores. Sin embargo, no es suficiente para cumplir con todos sus compromisos acumulados y los que vienen de forma ordinaria -y extraordinaria por los vencimientos- en los próximos meses. Menos aún si, como aseguró Císcar, la intención es solventar las deudas con los proveedores en dos meses.

El verdadero reto del Consell es plantear un auténtico convenio de acreedores, como los que elaboran las empresas que suspenden pagos. En este caso no hay supervisión judicial pero sí del Estado, pieza esencial para detener el hundimiento.

Las líneas de ese plan serán, por una parte, marcar un calendario de pagos a empresas y a instituciones dependientes de las arcas públicas creíble y que se pueda cumplir. Es de esperar que para calmar las aguas y evitar consecuencias irreversibles en sectores básicos como la educación o la sanidad, el Consell prometa un pago inicial a corto plazo y establezca otros para ir completando el abono de las facturas. Es posible que se abra una negociación para establecer esos plazos. El vicepresidente valenciano ya apuntó en este sentido al explicar la nueva forma de pago a las farmacias: un tope de 150.000 euros al mes por botica en pronto pago y el resto aplazado.

Pero para poder atender esos pagos será necesario contar con dinero, condición que en estos momentos la Generalitat por si sola no puede cumplir. Aquí es donde entrará el rescate del Gobierno central. Por un lado establecerá las líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a las que se acogerá sin dilación la Comunitat Valenciana ante la imposibilidad de emitir nueva deuda.

Pero hay un elemento que aún preocupa más: los vencimientos de la deuda con los bancos. En este punto, de nuevo, se están estudiando medidas similares a las que adoptan las empresas concursadas: la reestructuración de la deuda. Verdeguer y Vela están en contacto con el ministro de Economía, Luis de Guindos, para diseñar un plan que permita, al menos en parte, lanzar algunos vencimientos a nuevos y más largos plazos.

Para conseguir eso la Generalitat precisa del aval del Gobierno, que ya ha anunciado, por boca del ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, que no dejará quebrar a ninguna región.

Un apoyo que, hay que señalar, no saldrá gratis. El Consell deberá afrontar medidas de recorte del gasto y de aumento de los ingresos que siguen pendientes. Tal y como ocurre en el ámbito europeo, donde el Gobierno alemán ejerce de tutor de las políticas económicas de los países a los que se rescata, De Guindos marcará de cerca a la Generalitat Valenciana.