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VALENCIA (EP). La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha presentado este jueves una solicitud oficial para que la Administración informe a la patronal de los protocolos que se deben seguir en caso de cierre de los centros que atienden a enfermos mentales y discapacitados, como consecuencia de la quiebra técnica provocada por los impagos del Consell.

La Gerente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), Mª José Mira, ha presentado, presentado la solicitud en el registro de la Secretaría Autonómica de Autonomía Personal y Dependencia tras varias comunicaciones directas y reuniones con los representantes de la Conselleria, y ante el "estancamiento de la situación y la ausencia de un calendario de pagos y/o abono de la deuda mantenida por ésta con el sector", según ha informado la asociación en un comunicado.

La patronal, a petición de los centros afectados, ha decidido centralizar la solicitud de información para activar el proceso de cierre de aquellos centros que han llegado a una situación crítica y ya no pueden mantenerse en activo.

UNA DOCENA HAN SOLICITADO EL PROCESO

En total, se estima que una docena de centros que atienden a 1.300 personas en situación de dependencia han solicitado abrir este proceso, al soportar una deuda de más de 13 millones de euros, con partidas sin abonar desde 2007. El "principal problema sin resolver" son los 800 enfermos mentales y discapacitados tutelados por la Generalitat Valenciana, según Aerte.

Esta situación, además de la pérdida de unos recursos "esenciales" para garantizar el bienestar de colectivos desfavorecidos, afectaría también a cerca de 700 trabajadores directos y unos 400 indirectos en la Comunidad Valenciana, según las estimaciones de la patronal.

En este sentido, desde Aerte se ha recordado que en la Comunidad Valenciana existen 19 centros socio-sanitarios de atención a personas en situación de dependencia vinculados a la red de la patronal en los que se atiende a discapacitados y/o enfermos mentales, de los que 13 están directamente afectados por la deuda del Consell; 8 de ellos en la provincia de Valencia, 4 en la de Alicante, y uno en la de Castellón.

Por otra parte, la gerente de Aerte ha destacado que el principal problema sin resolver, y de ahí la solicitud del protocolo de cierre a la Conselleria, son los alrededor de 800 enfermos mentales y discapacitados tutelados por la Generalitat Valenciana.

La deuda contraído por la Administración con estos centros de enfermos mentales y discapacitados asciende a 13 millones de euros, si bien, los impagos del Consell se han extendido a otros colectivos vinculados al sector socio-sanitario agrupado en Aerte, por lo que afecta ya a 25.000 familias, 13.000 trabajadores profesionales directos, 6.000 indirectos y 188 empresas.