19/01/2012 El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) considera fundamental mantener el sistema de justicia gratuita y lograr que los letrados no lo abandonen por culpa de la escasa remuneración, congelada desde hace años y que ahora se pretende rebajar sustancialmente

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VALENCIA. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) manifiesta su apoyo expreso a las protestas y reivindicaciones de los abogados del Turno de Oficio de la Comunidad Valenciana ante los reiterados retrasos o impagos, por parte de la Consellería de Justicia, de los servicios realizados, los intentos de recortar, en plena crisis, derechos de los ciudadanos más desfavorecidos y de rebajar una media del 37 por ciento las ya de por sí indignas retribuciones de los letrados que prestan ese servicio de manera ejemplar, con especiales exigencias de formación y experiencia profesional y con el reconocimiento social mayoritario.

El Servicio Público de Justicia Gratuita que prestan los Colegios de Abogados y más de 3.000 abogados de forma voluntaria 24 horas al día, 365 días al año, en cualquier lugar de la comunidad, es también la última esperanza de justicia para cientos de miles de ciudadanos, auténticos perdedores de la crisis. Si se reduce su derecho o lo hacemos inviable serán injusta y doblemente perdedores de la crisis en un Estado que se llama "social y de derecho". Todo ello afecta, además, de manera sustancial a la calidad de la justicia y de la democracia.

El coste de la Justicia Gratuita representa un porcentaje muy pequeño del total de los presupuestos destinados a Justicia y atiende anualmente a más de doscientos mil ciudadanos de la comunidad, cifra que ha crecido exponencialmente como consecuencia de la inmigración, primero, y de la crisis, después, pero también de las propias disposiciones legales que han obligado a atender a más ciudadanos.

Si de algo no se puede echar la culpa a los abogados ni a sus Colegios es del encarecimiento del servicio ni de que se hayan resentido los esfuerzos o los medios adecuados para prestar de la mejor manera posible el servicio. Los abogados de oficio tienen una media de edad de 41 años y 13,5 de experiencia profesional; por exigencia de los Colegios de Abogados tienen una formación especial; siguen manteniendo vivo un componente ético y deontológico. Sería difícil encontrar un colectivo profesional que trabaje en esas condiciones y por esas remuneraciones, a cualquier hora del día o de la noche, para prestar un servicio valorado muy positivamente por los usuarios.

Siete de cada diez usuarios opinan, de acuerdo con el Observatorio de Justicia Gratuita, que la atención prestada por el abogado de oficio o de Justicia Gratuita es buena o muy buena.

Por eso, la Abogacía española -como ha reiterado hasta la saciedad- considera fundamental mantener este sistema y lograr que los letrados no lo abandonen por culpa de la escasa remuneración, congelada desde hace años y que incluso ahora se pretende rebajar sustancialmente. La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita impone a las Administraciones públicas la obligación de remunerar dignamente a los abogados que presten este servicio y lo que, por el contrario, han hecho algunas Administraciones es retrasar los pagos, congelar las tarifas desde hace años y ahora bajarlas, incumpliendo la letra y el espíritu de la Ley.

La Abogacía española manifiesta que tenemos que ser capaces entre todos de hacer la más valiosa autocrítica, de gestionar de la mejor manera posible los dineros públicos que se destinan al Turno de Oficio y a la Justicia Gratuita, pero no desde planteamientos mercantilistas sino desde la realidad de los datos y con la mirada puesta en un derecho fundamental de las personas, cono es el derecho a la defensa, sin el cual todos los demás derechos quedan reducidos a nada.

El Consejo General de la Abogacía reitera a los poderes públicos su ofrecimiento de plena colaboración para participar en cuantos procesos de reforma permitan adecuar el funcionamiento de la Justicia Gratuita a la actual realidad social, defender los principios y derechos constitucionales, eliminar posibles ineficiencias o abusos y, en suma, mejorar este servicio, esencial para la Justicia y para los ciudadanos.