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VALENCIA (EFE). El abogado de la Generalitat, el interventor general y la secretaria autonómica de Presidencia, o las personas en quienes ellos deleguen, formarán el comité de expertos que valorará las ofertas de los licitadores que opten a asesorar a Radiotelevisión Valenciana (RTVV) en las medidas laborales para garantizar la viabilidad del ente.

Según el pliego de condiciones del contrato, su "especial naturaleza" hace necesario que se constituya ese comité de expertos, formado por una terna de juristas funcionarios de la Generalitat con más de diez años de experiencia, para valorar las ofertas de los licitadores en todos los extremos donde no se puedan aplicar fórmulas matemáticas.

El pliego de condiciones, al que podrán presentarse ofertas hasta el próximo 31 de enero y que tiene un presupuesto base de licitación de 224.200 euros incluido el IVA, reivindica que las televisiones tradicionales necesitan nuevas formas de gestión orientadas a optimizar los recursos y flexibilizar y minimizar costes.

Según señala, se está en pleno proceso de redefinición del sector audiovisual, a lo que se une la creciente necesidad de financiación por parte de las comunidades autónomas, que provoca que la capacidad de subvención a los entes públicos como RTVV "sea cada vez más limitada".

Además, expone el documento, "la cifra de endeudamiento del Grupo RTVV hace que sea necesaria la toma de medidas para garantizar la viabilidad y la sostenibilidad" del grupo a largo plazo, lo que requiere un nuevo modelo organizativo para lograr un modelo sostenible.

Según el pliego, RTVV precisa contratar un servicio de asesoramiento jurídico que apoye a la dirección del ente en el diseño e implementación de las medidas laborales necesarias para garantizar la viabilidad de la RTVV.

Los servicios objeto del contrato no se pueden atender con los medios personales y materiales que tiene actualmente el grupo, por lo que "ante la imposibilidad de incrementarlos se necesita recurrir a su contratación externa", expone.

El adjudicatario del contrato asesorará sobre la estrategia para adaptar el nuevo modelo organizativo y de gestión a la coyuntura actual "en caso de que conlleve una reducción de plantilla", así como el análisis de alternativas de esa reducción, coste, viabilidad y cronograma a seguir.

Además, una vez obtenida la resolución de la autoridad laboral "se asistirá en la ejecución de los despidos colectivos", con la identificación de las personas concretas que saldrán conforme a la definición de puestos de trabajo a amortizar y la preparación del modelo general de carta de despido objetivo.

Para realizar el objeto de contrato, se precisará un equipo coordinado por un licenciado en Derecho especialista en Derecho del Trabajo con experiencia mínima de 15 años en la materia, que haya participado en los últimos cinco en al menos diez procesos de reestructuración laboral en los que en al menos uno haya afectado a más de 250 trabajadores.

Para ejecutar los trabajos habrá dos responsables, abogados especialistas en Derecho Público con experiencia mínima de seis años en la materia, uno de ellos con experiencia en los último cinco años en al menos cinco procesos de reestructuración laboral de los que al menos uno haya afectado a más de 250 trabajadores.