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VALENCIA (VP/EP). El titular del juzgado de instrucción número 15 de Valencia, Vicente Ríos, ha dictado un auto por el que decide acumular al conocido como 'caso Emarsa', en el que se investiga el agujero de 17 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo, una denuncia de Fiscalía por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, delito contable y falsedad documental, ante la existencia de un informe de Hacienda donde se reflejan una serie de irregularidades.

En el auto, de fecha 3 de enero, el instructor amplía la imputación a otras ocho personas, lo que eleva a 28 las investigadas en la causa. Entre los imputados se encuentra el vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Manises, Enrique Crespo, de quien se señala la existencia de un informe patrimonial remitido por la Agencia Tributaria que pone de relieve que recientemente Bankia informó de una entrada de divisas de la que es beneficiario, una operación de fecha 2 de agosto de 2011, con Suiza como país de origen y cuyo importe asciende a 360.000 euros, que considera que deberá ser investigada.

De esta forma, el juez acuerda la acumulación de las diligencias de investigación penal registradas en la Fiscalía de Valencia a raíz de un informe del inspector de Hacienda, --que formuló denuncia ante el ministerio fiscal el 16 de diciembre-- que refleja que en relación con el IVA, la AEAT devolvió a Emarsa las cantidades 1,13 millones de euros en 2006; 1,03 en 2007; 897.927 euros en 2008 y 677.423 en 2009.

En la inspección se detectaron hechos que podían ser constitutivos de delito contra la Hacienda Pública, y se señalan como cantidades a ingresar 597.986 euros en 2006; 810.881 en 2007; 573.481 en 2008 y 422.895 en 2009.

Asimismo, añade que estos mismos hechos afectan al impuesto de sociedades, pero al gozar de una bonificación del 99 por ciento de la cuota por su naturaleza jurídica, en ningún ejercicio dejó de ingresar cuotas en importe superior a 120.000 euros. Además, recoge el informe que entre 2006 y 2009 hubo facturas de distintas entidades a Emarsa, que podían ser "irregulares" y que considerar que pudieron constituir "una trama".

RETIRADA Y GESTIÓN DE LODOS

Según la Inspección, la parte fundamental de las cuantías defraudadas a la Hacienda Pública lo constituyen las facturas referidas a la retirada y gestión de lodos y desbastes de las mercantiles Erwinin, Printergreen y Zonday, de Barcelona, dirigidas por Jorge Roca, y sin que conste que tengan personal ni medios materiales, y de Noves Técniques Ecològiques (Notec), de la que se indica que hay una "sobrefacturación desproporcionada".

En total, figuran hasta nueve empresas que participan en la facturación a Emarsa en lodos y desbastes, aunque algunas otras también han facturado a éstas, como mercantiles intermediarias, en un "bucle". Por ejemplo, en relación con el ejercicio 2009, el informe alude a una "falta de control prácticamente absoluta" en los kilos de desbate. En relación con Printergreen, resalta que factura a Emarsa 1.772.965 euros en ese año y 1.077.560 en 2010 "sin que haya prestado servicio alguno a la entidad".

También se detectaron irregularidades por entregas de bienes o prestaciones de servicios sin haberse acreditado "de una manera veraz" esa entrega --entre nueve y 14 mercantiles, según los años-- y por facturas de gastos que no tienen la consideración de fiscalmente deducibles al ser de diversas tiendas, centros de regalo, restaurantes y agencias de viajes.

"ESTRECHA RELACIÓN"

El instructor explica en su resolución que los hechos denunciados por el fiscal basados en el informe del inspector de Hacienda guardan "estrecha relación" con la investigación sobre la gestión de la depuradora y las personas que entre 2004 y 2010 formaban parte de la dirección de Emarsa, que ya figuran como imputados, por lo que acuerda su acumulación.

De los nuevos delitos, considera que pueden ser coautores Enrique Crespo, presidente del consejo de administración y Esteban Cuesta, quien fuera el gerente, y otras personas cuya participación sería como cooperadores necesarios: José Ignacio Roca, administrador de las empresas de tratamiento de lodos radicadas en Barcelona y en paradero desconocido; José Luis Sena, administrador de Notec; el consejero delegado de esta última, Vicente Ros, y el socio Enrique Sena; Adolfo Polo, jefe medioambiental de Emarsa; Olga de Pozo, administradora única de otras dos mercantiles y Aurora Mercedes Cubillos, de otra sociedad. En relación con la facturación por servicios no prestados, cita como cooperadores necesarios a diez personas más.

El juez acuerda que se lleve a cabo la solicitud de la Fiscalía y se averigüe el patrimonio de diversos imputados y el de las personas jurídicas administradas o gestionadas por algunos de ellos. También ha decidido atender a la petición del ministerio fiscal para que la investigación patrimonial se amplíe a familiares y allegados de los imputados --padres, hermanos y cónyuges-- para comprobar si los efectos de los delitos les hubiera provocado un enriquecimiento injusto.

"SOSPECHAS"

En este sentido, el juez apunta la existencia de "sospechas" para considerar que el dinero presuntamente malversado "ha sido no solo objeto de transformación en otros bienes o derechos con el fin de proceder a la ocultación del mismo, sino que se ha procedido al desvío del dinero de los bienes y derechos mencionados a favor de personas que están íntimamente relacionadas con cada uno de los imputados y que no han tenido participación directa en los hechos".

Por ejemplo, en el caso de Esteban Cuesta, indica que en sus cuentas bancarias "aparecen múltiples ingresos de dinero en efectivo que inmediatamente son transferidos a otras cuentas o bien retirados en metálico" y considera "muy probable" que esas salidas se hayan realizado a favor de algún familiar próximo.

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