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La dimisión de Francisco Camps por su implicación en el caso Gürtel acabó con el espejismo creado en sus años de Gobierno y abrió paso a una cruda realidad en la que la grave crisis financiera de la Generalitat, incapaz de atender sus gastos, el paro en tasas históricas y la intervención de CAM y Banco de Valencia han marcado un 2011 negro en la Comunitat Valenciana

VALENCIA. Cuando el pasado 20 de julio Francisco Camps tomó la decisión de dimitir los valencianos iniciamos un brusco aterrizaje en el mundo real. La burbuja de optimismo que rodeaba a un Camps acechado por la justicia que le ha acabado sentando en el banquillo de los acusados estalló en mil pedazos. Y con ella su desconcertante mensaje irreal, el de un futuro de crecimiento, prosperidad y recuperación inminentes que el presidente se empeñaba en dibujar y que nadie más veía.

Hubert H. Humprey, vicepresidente de los Estados Unidos durante el mandato de Lyndon B. Johnson dijo una vez: "La propaganda, para ser efectiva, debe ser creída. Para ser creída, debe ser creíble. Para ser creíble, debe ser verdad". La verdad sobre la Comunidad Valenciana, sin embargo, era muy distinta a la propaganda de Camps. Y la realidad acabó por imponerse.

El año que ahora se cierra pasará a la historia como uno de los más oscuros de la reciente historia de la Comunidad Valenciana, tanto por la crisis institucional en la que se vio sumida -con los máximos responsables del Consell puestos en tela de juicio, por no hablar de los nuevos casos de corrupción conocidos, como Brugal, Emarsa o la parte que afecta a la Comunitat Valenciana del caso Urdangarín- como por la grave situación económica tanto de la propia Generalitat como de la sociedad valenciana.

La primera se cerró en parte con la salida de Camps de la presidencia de la Generalitat a los pocos días de haber ganado por tercera vez las elecciones, y con el nombramiento de Alberto Fabra como nuevo jefe del Consell. Un cambio que introdujo un nuevo talante en el Palau de la Generalitat que se antojaba imprescindible tras años de crispación.

La segunda, sin embargo, lejos de cerrarse se ha ido agravando con el paso de los meses. La única diferencia, nada desdeñable, es que ahora el Consell sí reconoce lo dramático de la situación. Quizá porque ya no puede esconderse.

La alarmante falta de liquidez, fruto por una parte de los años de gasto descontrolado -con empresas públicas y opacas fundaciones de fines poco claros convertidas en pozos sin fondo de pérdidas, gasto y deudas- y por otra de la crisis de los mercados de deuda, que han impedido a la Generalitat renovar sus créditos, se ha convertido en un problema de primer magnitud.

Con miles de proveedores de todos los ámbitos acumulando impagos (la huelga de farmacias fue la máxima expresión del descontento) y las cada vez mayores dificultades para atender sus compromisos más ineludibles -como la amortización de los bonos patrióticos- al Consell no le queda otra alternativa que encomendarse al Gobierno central para evitar o la evidencia de que la situación se le ha escapado completamente de las manos al Gobierno valenciano.

Con el núcleo duro del Consell, al que ahora se incorpora como hombre fuerte José Císcar como vicepresidente, enfrascado en la búsqueda de soluciones urgentes (aunque la sensación de lentitud en la toma de medidas de calado es desesperante) para evitar algo muy parecido a una suspensión de pagos -la deuda emitida por la Generalitat ya se considera 'bono basura' y, por tanto, con alta probabilidad de impago, por parte de la agencia de calificación Moody's- el resto de políticas han pasado a segundo plano.

EL PARO Y LA CRISIS DEL TEJIDO PRODUCTIVO

Porque al margen de la propia crisis interna de la Generalitat, la que sufren los valencianos en sus carnes son los datos del paro. En enero, el número de parados era, según los datos del Inem, de 513.800. En noviembre, la cifra alcanzaba ya los 532.930. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que eleva la cifra de desempleados a más de 660.000, uno de cada cuatro valencianos en edad de trabajar no puede hacerlo, uno de los mayores ratios de toda España. Cifras récord para un año que Camps en su discurso de fin de año de 2010 dijo iba a ser el del empleo.

Las perspectivas para todos estos dramas personales son desalentadoras. Las empresas valencianas, con excepciones, han atravesado 2011 con mucha más pena que gloria. Los ERE y las suspensiones de pago se han incrementado de forma alarmante. Y, de momento, nada hace pensar que la cosa vaya a cambiar.

LA INTERVENCIÓN DE CAM Y BANCO DE VALENCIA

Y en el ámbito financiero 2011 quedará marcado en negro en los libros de historia. Ya no se trata solo de la traída desaparición del sistema financiero propio, si no de la forma en que lo ha hecho, en especial en los casos de CAM (vendida ya al Sabadell) y del Banco de Valencia, intervenidos y nacionalizados por Banco de España para evitar su quiebra. Herencia de gestiones más que cuestionables de los responsables de estas entidades, a los que el Banco de España acabará pidiendo cuentas, y de los excesos de riesgo en el sector inmobiliario.

Bancaja, diluída en Banco Financiero y de Ahorros-Bankia (que salió a bolsa) se libró de la crisis, pero protagonizó un enfrentamiento solitario, a cuenta del Banco de Valencia, que acabó con la dimisión de José Luis Olivas de la vicepresidencia del banco común con Caja Madrid. Un episodio no cerrado totalmente y que se centrará en los próximos meses en Bancaja, donde Olivas resiste aún.

Ruralcaja, por su parte, empezó el año presumiendo de liderar un grupo, CRM, para acabar fusionada con su mayor competidor, Cajamar. Solo Caixa Ontinyent aguanta en solitario.

Juan Roig, durante la presentación de los resultados de Mercadona, dijo el pasado 10 de marzo: "2011 tiene una buena cosa, será mejor que 2012". Ojalá se equivoque.