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VALENCIA (EP). La conselleria de Justicia y Bienestar Social ha anunciado este miércoles la firma de un acuerdo de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supone la supresión de 35 de los 103 puestos de trabajo de la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Atención a las Víctimas del Delito (FAVIDE), según ha informado en un comunicado la Conselleria.

La ejecución del ERE en FAVIDE tendrá un coste inicial de 190.000 euros y, junto a las reducciones salariales, supondrá un ahorro anual cercano a un millón de euros. Además, las oficinas centrales de la fundación se trasladarán a instalaciones que no supongan gastos de alquiler para la Generalitat y los Puntos de Encuentro Familiar pasan a depender de la Dirección General de Familia y Mujer.

Con esta reestructuración, enmarcada en el plan de ajustes de la Generalitat, FAVIDE gestionará 16 OAVD que se distribuyen por provincias del siguiente modo: siete en Alicante -Alcoy, Alicante, Benidorm, Denia, Elche, Orihuela y Torrevieja-; tres en Castellón -Castellón, Vinaroz y Vila-real- y seis en Valencia: -Alzira, Requena, Gandia, Paterna, Torrent y Valencia.

En este sentido, ha argumentado que la finalidad de esta actuación es "garantizar la viabilidad de la fundación y el mantenimiento de un importante servicio público de carácter social" de las OAVD, "de acuerdo con el presupuesto con el que va a contar en 2012 y que asciende a 1,3 millones de euros".

CRITERIOS "OBJETIVOS" DE SELECCIÓN DE OAVD

Los criterios "objetivos" aplicados para el cierre de OAVD han sido que estén ubicadas en un partido judicial con menos de siete juzgados y que no tengan juzgados de Violencia sobre la Mujer.

Asimismo, "fruto de la negociación con los representantes de los trabajadores y con la finalidad de reducir el impacto en el número de afectados", se añadieron dos criterios de selección a los anteriores, de manera que también han sido excluidas del ERE aquellas oficinas que cuenten con un Juzgado Penal, que es el caso de Vinaroz, y aquellas que cuenten con un representante de los trabajadores, requisito que cumplen las OAVD de Alcoy y Requena.
REDUCCIÓN DE SALARIOS

Por otra parte, además de aplicar el ERE extintivo, la Fundación FAVIDE reducirá los salarios de los trabajadores que permanezcan en sus puestos entre un 30% y un 40%. Asimismo, se adecuarán las nóminas de la gerencia al compromiso adoptado por el Consell para que ningún responsable de fundación o empresa pública pueda percibir un salario superior al de un Director General de la Generalitat.

La Conselleria ha señalado que, a pesar de la reducción de oficinas que supone esta medida, al pasar de 48 a 16, la Comunitat Valenciana seguirá siendo la Comunidad Autónoma con la red de Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito (OAVD) "más extensa de España", seguida por Andalucía y Castilla y León con 10 oficinas. Otras Comunidades con mayor población, como Cataluña o la Comunidad de Madrid, cuentan con 4 y 7 OAVD respectivamente, ha apuntado.

Asimismo, ha asegurado que en la Comunitat Valenciana "se continuará prestando el mejor servicio y atención a las víctimas de cualquier delito o falta a través de las 16 OAVD que van a seguir atendiendo a la ciudadanía".

Las Oficinas de Atención a Víctimas del Delito ofrecen información, asesoramiento y atención jurídica especializada y gratuita a todas aquellas personas que han sufrido las consecuencias de un hecho delictivo o traumático. En el primer semestre de 2011 las OAVD de la Comunitat Valenciana atendieron a cerca de 11.000 usuarios.

La Fundación FAVIDE gestionaba hasta ahora las OAVD y la red de 16 Puntos de Encuentro Familiar (PEF) de la Generalitat. Con la reestructuración llevada a cabo, FAVIDE se desvincula de la gestión de los PEF, que es asumida íntegramente por la Dirección General de Familia y Mujer, y por tanto han quedado excluidos del ERE extintivo aplicado en la fundación.

De esta manera, ha explicado que esta modificación se ajusta a lo establecido en el Reglamento Orgánico y Funcional (ROF) de la conselleria de Justicia y Bienestar Social, que agrupa todas las medidas de protección de la familia en la Secretaría Autonómica de Familia y Solidaridad.

Asimismo, se adecua la estructura y gestión de las OAVD y los PEF a la que mantienen estos servicios en el resto de Comunidades Autónomas, siendo gestionados de manera independiente por diferentes organismos o entidades.