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LONDRES. El conservador George Osborne ha aumentado en 1.100 euros el grueso del sueldo mínimo libre de impuestos y ha creado un gravamen especial sobre la City. Pero el resultado, vaticina la oposición, va a ser el contrario. Claro que había gato encerrado. Apenas unos minutos después de que George Osborne hubiera presentado sus primeros Presupuestos Generales, los mercados del cambio de moneda comenzaron a propinar palmaditas de satisfacción a la libra esterlina, que llegó a valorarse en casi un 50% más que el dólar norteamericano, o 1,495 USD. Incluso el coste del crédito soberano descendió al 3,42%, el precio más barato desde octubre de 2009: los inversores internacionales están encantados con la nueva política fiscal del Reino Unido.

Es cierto que, en vez de perdir préstamos por valor de hasta 86.000 millones de euros, como el anterior gobierno laborista había previsto, los nuevos residentes en Downing Street solamente emitirán entre 41.000 y 45.000 millones de deuda pública durante los próximos cuatro años.

"Este es un paso decisivo para revertir el significativo deterioro de las finanzas del país", indica la agencia de riesgo Moody's, "ya que asienta las bases para eliminar el déficit estructural en 2016 y estabilizar la deuda soberana alrededor de un 70% del producto interior bruto, o sea, un volumen más manejable".

Pero tras guillotinar a los servicios públicos y aumentar la presión impositiva en más de dos puntos, del 36,4% al 38,6% ─el IVA, por ejemplo, sube del 17,5% al 20%─ , el chancellor Osborne y sus socios liberal-demócratas se han llenado la boca alegando la puesta en marcha de un "programa progresista". Y aquí surge el rompecabezas.

Porque piezas como cancelar comidas escolares gratuítas ─que afectará a medio millón de familias con salarios básicos─ o reducir en 20.000 las plazas universitarias disponibles, no acaban de encajar en el juego. Sobretodo cuando, tal y como explican los analistas del banco internacional Merrill Lynch, las medidas que defiende el gobierno británico van a tener "un fuerte impacto negativo en la economía doméstica, basado únicamente en el supuesto de que las exportaciones van a crecer de manera tan robusta que equilibrarán el declive en el gasto estatal".

Y en caso de que esto no ocurra, ¿quién sufrirá la pérdida? Las autoridades argumentan que la reducción total de la inversión pública hasta 2015 (el recorte equivale a 137.000 millones de euros y es el mayor desde 1948, porque no se dispone de datos anteriores) es "inevitable". Osborne ha declarado que han echado cuentas guiados por la "solidaridad y la justicia sociales": han aumentado los impuestos a los beneficios del capital en 1.125 millones de euros, y a aquellos cuyos ingresos superan los 60.500 euros anuales, que pagarán 1.950 euros más.

James Browne, economista del Instituto de Estudios Fiscales (IFS son sus siglas en inglés), no se deja embaucar por la propaganda oficial: "si examinamos las reformas que se introducirán en 2013, los más pobres son los que reciben el golpe más fuerte, y la cosa continúa en los sucesivos ejercicios..."

PAGAR SIN PAGAR

Matthew Hodkin, especialista fiscal del grupo Norton Rose, nos revela el mecanismo del plan que han trazado en el Tesoro del Reino Unido. Según Hodkin, si bien los ingresos superiores a 45.520 euros al año sostendrán una puya fiscal del 28%, el total de la cifra sobre la que se aplica ese porcentaje se ha rebajado al 18%. "Las deducciones para los propietarios de negocios y grandes compañías son ostensibles. Los bienes personales en empresas se liberan de un 8% de impuestos, y hasta 2,2 millones de euros son intocables si pertenecen a la herencia familiar relacionada con la industria", señala Hodkin.

Además, la tasa corporativa menguará un 1% anual entre 2011 y 2014, y quedará situada en el 24%. Por otro lado, el índice tributario para las inversiones en maquinaria y estructuras es del 18%, y apenas del 8% si se demuestra que el capital se utiliza para fortalecer las líneas básicas de actividad industrial o comercial. El coste de emplear personal desciende también, aunque sólo cuando el salario adjudicado sea inferior a los 24.000 euros al año.

El informe del IFS denuncia que las consecuencias reales de los cambios tributarios son innegables: por culpa de la subida del IVA, las tasas que afectan al 20% más pobre de la sociedad británica se van a disparar hasta el 30%, mientras que tan sólo quince de cada 100 libras recaudadas se dedicarán a mejorar la posición financiera de los más necesitados. En los análisis de datos que ha realizado Browne para el Instituto, los asalariados con ingresos mínimos pagarán 243 euros extra al año, otro pellizco más a sus ya debilitados bolsillos que les arranca un 1,5% de la renta base.

Hay más, todavía. El IFS apunta que "el Tesoro ha excluído en sus gráficos casi la mitad de todos los recortes del gasto nacional. En términos prácticos, los servicios públicos disminuirán un 15% de media, mientras que áreas no protegidas, como educación universitaria y subsidios, verán menguada su capacidad de acción en un 25%".

A pesar de las críticas, el sector de la pequeña y mediana empresa de la isla ha aplaudido un régimen que parece abrirle vías de oxígeno. ¿Será posible que la iniciativa privada remiende el agujero abierto tras cerrar el costurero del erario público? "En nuestra opinión", dice Jonathan Quin, de la plataforma de inversiones World First, "estos presupuestos no son tan malos como nos temíamos. Básicamente, aumenta la contribución a la seguridad social y, como contrapartida, se aligera bastante el impuesto corporativo. Nos quedamos sin grandes cambios, vaya".

LA CITY RESPIRA CALMA

"En general", observa Bernard Gore, consultor de gestión inversora, "los presupuestos son bastante buenos, pero el impuesto a la City es una equivocación. Yo creo que socava la potencia de Londres como centro financiero y puede que oblige a algunos bancos internacionales a trasladar su negocio al estranjero".

A partir de enero de 2011, los bancos británicos, las cajas (building societies) y las sucursales de todos los bancos exteriores en el Reino Unido deberán abonar un 0,04% ─un 0,07% en 2012─ sobre el total de su pasivo. La cuota especial no es deducible de impuestos. El gobierno aspira a obtener por esta vía cerca de 2.400 millones de euros y, sobretodo, muestra la carta como prueba de su voluntad de control contra una City que se asemeja, en el imaginario de la opinión pública, a una bestia insaciable y peligrosa para la economía británica.

Manifiestos como el de Brian Reading, de la influyente consultora Lombard Street Research, no hacen sino confirmar el tópico: "Ni los servicios de salud, ni educación, ni las pensiones públicas deberían de disfrutar de ninguna clase de privilegios en cuanto a protección", ha publicado Reading en una nota a sus numerosos clientes de la City.

Douglas Brown, gestor de carteras de inversión privada, cree que no hay para tanto: "La nueva regulación debería mejorar la habilidad de los bancos para tomar decisiones de riesgo, prepararse para la recuperación de la economía y aumentar su eficiencia... pero ni eso".

En efecto, según UBS, el descenso en la tasa corporativa compensa casi por completo el impacto de este impuesto 'a la Robin Hood'. Un analista de bolsa confiesa a Valencia Plaza que "la verdad, por la forma como se aplica, no influye en la gestión de inversiones de riesgo de los bancos. Por supuesto, siempre habrá alguien en la City que querrá armar jaleo, pero este gravamen no profundiza en las hojas de balance: no actúa sobre el capital Tier 1 (capital básico), los depósitos asegurados o la financiación interbancaria, y se recorta al 50% para los créditos superiores a un año". Los pasivos inferiores a 24.000 millones de euros también quedan exentos.

Así, la del presidente del comité de programación de la Corporación ─el gobierno independiente─ de la City de Londres, Stuart Fraser, ha sido una voz aislada en manifestar cierta inquietud: "Downing Street debería tener presente que nuestros competidores en el futuro próximo, particularmente en Asia, no están interesados en acompañarnos en esta travesía neo-reguladora".

El problema es que, progresivamente, las clases medias y trabajadoras se rodeadan de grupos e instituciones 'intocables' a la hora de enfrentarse a las crisis cíclicas. Y esto es lo único 'progresivo' de la situación.