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El informe de auditoría de la Sindicatura de Comptes desvela un fuerte incremento de las facturas en el cajón en la Conselleria de Sanidad y pone de manifiesto que los problemas de liquidez del Consell llegaron antes del cierre de los mercados de deuda al no controlar los gastos pese a la reducción de los ingresos
VALENCIA (JOAQUIM CLEMENTE). El informe de la Sindicatura de Comptes referente al ejercicio de 2010 entregado este viernes a Les Corts pone de manifiesto que la grave situación financiera de la Generalitat Valenciana no es fruto exclusivo del cierre de los mercados de deuda soberana que se ha agravado en los últimos meses.
Según se desprende de la auditoría, durante todo el año pasado tanto las distintas consellerías como las empresas públicas acumularon impagos a sus proveedores de forma sistemática y recurrente, al tiempo que evitaron reconocer gastos por centenares de millones de euros para que no contabilizaran en el déficit de ese ejercicio.
El caso más llamativo es el de Sanidad, departamento que guardó facturas en el cajón por 802 millones de euros solo el año pasado. El total de obligaciones no reconocidas por esta consellería asciende a 1.343 millones de euros, a los que, según el informe de la Sindicatura de Comptes hay que añadir otros 1.398 millones que sí aparecen en las cuentas pero cuyo pago se atenderá en varios años.
Este es el síntoma más evidente de que los problemas para pagar a los proveedores alcanzaba ya dimensiones que sobrepasaban la capacidad financiera de la Generalitat. A pesar de que el conseller de Hacienda, José Manuel Vela, justificó los problemas de solvencia denunciados en el informe de la Sindicatura de Comptes por las dificultades de emitir deuda y de renovar la que vence -"si pudiéramos colocar todo lo que tenemos autorizado podríamos pagar a todos los proveedores", dijo- lo cierto es que el año pasado la Generalitat todavía pudo acceder a los mercados -tanto con emisiones para inversores institucionales como en la primera emisión de bonos para minoristas- y a pesar de ello los impagos a proveedores fueron una constante en la administración valenciana.
El informe desgrana consellería por consellería los problemas de liquidez que afectaban ya a las arcas públicas en 2010 sin que en aquel momento el Consell presidido por Francisco Camps y con Gerardo Camps en la vicepresidencia económica tomaran ninguna medida para frenar los gastos. La caída de ingresos, que descendieron un 10,6%, hizo el resto: un déficit del 3,75%, con un incremento del endeudamiento financiero hasta los 12.577 millones.
Tal y como se evidenció en la liquidación del presupuesto de ese año, todas las consejerías dejaron cantidades millonarias por pagar. Solo el coste de la deuda y las nóminas de los funcionarios se atendieron.
GASTO DESCONTROLADO EN LAS EMPRESAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS
Pero si en la administración general la situación es extremadamente delicada, en las empresas públicas, el auténtico pozo sin fondo que ahora se intenta controlar, los datos que arroja el informe de la Sindicatura de Comptes desvela que la crisis económica que ya estaba instalada no evitó que las distintas sociedades dependientes de la Generalitat fueran acumulando nuevas deudas para las que no había presupuesto.
Entidades como Cacsa, Ciudad de la Luz, Circuito del Motor, RTVV, Ciegsa o Epsar (por citar algunos ejemplos) así como el entramado de fundaciones públicas acumulan decenas de millones de impagados que, además, ya un superado ampliamente el plazo límite que marca la Ley de Morosidad, incurriendo en numerosas ocasiones en la obligación de asumir intereses de demora que van creciendo mientras no se atienden los pagos. Igualmente preocupantes son algunas prácticas desveladas por la Sindicatura en estas empresas y fundaciones respecto al uso de fondos públicos, con contrataciones, subvenciones e incluso facturas de prestaciones de servicios externos que no están debidamente justificados o que se adjudicaron sin seguir los trámites legales.
En resumen, a pesar de que la Generalitat conocía sobradamente los graves problemas de liquidez y el rápido deterioro de las arcas públicas, el Consell de Francisco Camps mantuvo durante todo el ejercicio una gestión económica en que se siguió gastando (o comprometiendo pagos) muy por encima de los ingresos y sostuvo un discurso alejado de la realidad que ahora se ha demostrado.
La gravedad del panorama dibujado por el informe de la Sindicatura de Comptes -"la Comunitat Valenciana no es a Grecia de las autonomías, pero si refleja la situación crítica existente", dijo el Síndic Major de Comptes, Rafael Vicente Queralt- no hace si no abundar en la necesidad de adoptar medidas drásticas que rompan de forma definitiva con aquella política.
El problema es que le Generalitat se ha puesto manos a la obra -de manera tímida- demasiado tarde. La negación del problema por parte del anterior Consell, que no puso freno a los gastos pese a la evidencia de que no los podía pagar, unida a que todavía podía apelar, no sin dificultades, a nuevos endeudamientos para mantener una estructura financiera pillada con alfileres, agravó la situación hasta el punto de que el Gobierno valenciano afronta los próximos meses ya no con la incertidumbre de cómo pagará a los proveedores (por mucho que lo repitan, un plan de pagos en estos momentos es una quimera) sino con serias dudas de su capacidad para hacer frente a los vencimientos de deuda, como le recordaron las agencias de calificación esta semana rebajando a 'bono basura' el rating de la deuda valenciana.
"No tiene sentido tener que usar la liquidez para pagar los préstamos", se lamentó este viernes el conseller de Hacienda, José Manuel Vela. El conseller, que ha cerrado el grifo a cualquier gasto más allá de las nominas de los funcionarios, para guardar los fondos para atender los fuertes vencimientos que llegarán en febrero, marzo y mayo. Si para entonces no han cambiado las cosas -ya sea por una apertura de los mercados de deuda soberana o con un acuerdo para que el Gobierno asuma la emisión conjunta de las deuda de las autonomías- la situación económica de la Generalitat puede ser insostenible.
habria que hacer un real decreto que prohiba gastarse el dinero de los proveedores en otras "cosas", que el dinero acordado por convenios o similares no puedan mal utilizarse. La asociacion donde trabajo lleva 6 meses sin cobrar, a punto de cerrar por su malversación y como nosotros muchos más
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