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VALENCIA. Las cajas rurales que aspiran a mantenerse al margen de la fusión de Cajamar y Ruralcaja están estudiando fórmulas para reforzar su solvencia conjunta ante las nuevas exigencias de capital. Según han explicado fuentes del sector a ValenciaPlaza.com una de las posibilidades que se está estudiando es que el Banco Cooperativo Español pueda asumir de forma temporal los activos inmobiliarios de aquellas rurales asociadas que atraviesen problemas.
La propuesta, que deberá primero ser aprobada en el seno de la entidad participada por las cooperativas de crédito y contar también con el visto bueno de España, persigue que las depreciaciones de los activos inmobiliarios que se deben apuntar las entidades no supongan su entrada en pérdidas.
Según la normativa vigente del Banco de España, la actualización del valor de la cartera inmobiliaria solo se puede hacer contra los fondos propios de la entidad cuando ésta participa en una fusión. En caso contrario, es decir, si la caja quiere seguir en solitario, debe repercutir estas depreciaciones en los resultados.
En el caso de las pequeñas cooperativas de crédito -en especial las 15 valencianas que se han quedado fuera de Cajamar y del grupo CRM, y cuyos dos principales referentes por tamaño son Caixa Popular y Caja Rural de Orihuela- esta medida puede tener consecuencias graves, ya que sus resultados anuales son muy pequeños.
"Las cooperativas de crédito tienen unos ratios de solvencia elevados fruto de que no se reparten dividendos y los beneficios se incorporan al capital. Estamos hablando de TIER 1 de alrededor del 15% o superior en muchos casos, muy por encima del 9% que se exige", asegura un directivo de una de las rurales valencianas consultado por este periódico.
"Sin embargo, si alguna de esas cajas tiene un exceso de riesgo en el sector inmobiliario y tiene que adecuar su balance, no puede echar mano de las reservas. En entidades con beneficios que pueden rondar los dos o tres millones anuales, las depreciaciones de los activos o los créditos pueden hacerles entrar en pérdidas, poniendo en riesgo su futuro cuando por negocio y actividad no debería", señalan las mismas fuentes.
Este es el argumento de base de la propuesta que se está analizando tanto en la Asociación Española de Cajas Rurales como, en segunda instancia, en el Banco Cooperativo Español. La intención es que las cooperativas que se encuentren en esta situación "puedan transferir los activos de forma temporal a una estructura común para que no le suponga un quebranto y que pueda recuperarla en un futuro cuando la situación se estabilice", explica el directivo consultado por este periódico.
El sector de las rurales españolas vive un proceso de consolidación en el que, más allá de las condiciones económicas y de negocio, entran en juego condicionantes de carácter local y de arraigo en las localidades en las que operan.
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