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VALENCIA. La Unió ha denunciado este jueves que la Generalitat debe 21,9 millones de euros a los agricultores de la Comunitat Valenciana, la mitad correspondientes a fondos transferidos por el Gobierno central para programas cofinanciados por ambas administraciones que en la actualidad se encuentran "retenidos por la Conselleria de Hacienda".

Así lo ha asegurado en un encuentro con periodistas el secretario general de La Unió, Ramón Mampel, quien ha presentado un estudio sobre la "morosidad" del Consell con el sector. En concreto, de los 21,9 millones que adeuda a los agricultores, 16,78 corresponden a las ayudas para reconversión de cítricos; 2,16 a las dedicadas a nuevas tecnologías y Plan Renove de maquinaria; 1,5 a las ayudas por el pedrisco de 2010 en el Vinalopó y la Vega Baja; otro millón para paliar los efectos de las lluvias en el caqui y los 459.365 euros restantes, a las ayudas para luchar contra el virus de la Sharka.

Al respecto, ha alertado de que ese "incumplimiento de las obligaciones de pago" con el sector hace peligrar el "equilibrio" de las explotaciones dado que esos "impagos continuados" a los agricultores y ganaderos "provoca falta de liquidez que, unida a la conocida falta de financiación externa, hace al sector cada vez menos competitivo porque no puede reinvertir en mejorar sus explotaciones".

Según ha explicado, la mayor parte de los programas afectados corresponden a proyectos cofinanciados por las administraciones estatal y autonómica, en los que la Conselleria de Agricultura dicta las correspondientes resoluciones y el Ministerio, al recibir esos reconocimientos de deuda, transfiere los fondos a la Conselleria de Hacienda, que debe aportar el otro 50 por ciento antes de hacer llegar esas ayudas al sector, pero "por ahora los tiene retenidos".

Según las mismas fuentes, en esas ocasiones la Generalitat valenciana recibe los fondos del Gobierno central "pero retrasa el pago de esas ayudas hasta el último momento para poder tener liquidez durante un cierto tiempo".

En cuanto a las ayudas que gestiona la Conselleria de Agricultura como organismo pagador de las cuantías correspondientes de la Política Agraria Común (PAC), ha señalado que "generalmente se cumplen los plazos de pago", aunque algunas como las relativas al cese anticipado "se retrasan en demasiadas ocasiones" pese a ser "el único ingreso que tiene el beneficiario, que además ha de pagar las cuotas de la Seguridad Social, tanto si cobra las ayudas como si no".

Según La Unió, es frecuente que se pierdan otras ayudas de Bruselas como las Indemnizaciones Compensatorias de Montaña (ICM) porque los beneficiarios sufren una disminución de sus rentas agrarias a causa de la crisis y, al tener que ser éstas su fuente principal de ingresos para percibirlas, únicamente con tener otros ingresos tales como algún alquiler pierden ya esas subvenciones.

No obstante, la preocupación de la organización agraria aumenta en las ayudas cofinanciadas entre el Gobierno central y el valenciano puesto que "puede ocurrir que se pierdan todas", como las destinadas al incendio en la comarca castellonense de L'Alcalaten de 2007, donde "por no poner la Generalitat tres millones de euros, se han perdido otros tres que ya había depositado la administración central".

"AGOTAR TODAS LAS OPCIONES" DE DIÁLOGO

En cualquier caso, desde La Unió apuestan por "agotar todas las opciones por la vía política y del diálogo" para solucionar esta cuestión y han mantenido ya diversos encuentros con la consellera de Agricultura, Maritina Hernández, y con el secretario general del PPCV, Antonio Clemente, con quien se han reunido este mismo jueves.

"Queremos encontrar una solución mediante el diálogo", ha recalcado Mampel, quien ha avanzado que la semana próxima celebrarán reuniones sectoriales para decidir la postura que adoptan en este tema y acordar posibles movilizaciones. "Si no se llega a un acuerdo, en último término las bases son las que mandan y los agricultores y ganaderos decidirán lo que se debe hacer", sentencian desde La Unió.
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