VALENCIA. La primera en intervenir ha sido Concepción Sabadell, por parte de la Fiscalía Anticorrupción. En un tono didáctico, se ha referido a que su misión se reduce a probar "hechos sencillos" que van dirigidos a que los acusados aceptaron regalos en función de la situación pública que ostentaban.
Otro de los puntos fuertes de la Fiscalía apunta, como ha recalcado la letrada, al reconocimiento de los hechos por parte del exvicepresidente del Consell, Víctor Campos, y de Rafael Betoret, quien ejerció de jefe de Gabinete en la Conselleria de Turismo.
Por otro lado, Virgilio Latorre, el abogado de la acusación popular, impulsada por miembros del PSPV, ha puesto el acento en la relevancia de que los regalos fueran trajes. El letrado ha incidido en que son prendas en las que participa el individuo. "No te han regalado un suéter, te tienen que tomar medidas", puntualizó Latorre para hacer hincapié sobre la entidad de los regales.
También ha subrayado la aceptación de la condena por parte de Campos y Betoret. Sin duda uno de los argumentos en los que más va a apoyarse y que, sin duda, se ha convertido ya en uno de los puntos estratégicos más débiles para la defensa de Francisco Camps y Ricardo Costa. Además, tanto la Fiscalía como Latorre han incidido en la importancia de las pruebas documentales, en especial en los archivos sonoros (las escuchas).
En cuanto a la defensa, el abogado de el expresidente de la Generalitat, Javier Boix, ha enunciado una exposición muy extensa en la que se ha centrado en recalcar lo "absurdo" de la causa. "Se compra trajes más caros en el Corte Inglés", ha llegado a afirmar el letrado, quien ha creado un entramado de diversos argumentos encaminados a generar la duda razonable.
Así, ha destacado que no se unió esta causa a la principal del caso Gürtel, y ha cuestionado diversos de los argumentos planteados por la acusación.
En cuanto al abogado de Ricardo Costa, Juan Casanueva, ha dejado claro cuál será la línea estratégica de su defensa -algo que puede no beneficiar a Francisco Camps-. La táctica irá encaminada a poner de manifiesto que Costa no tenía ninguna capacidad de decisión para conceder adjudicaciones bajo su cargo de diputado autonómico.
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