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El abogado valenciano Javier Boix, letrado de Camps, ha sacado de apuros a varios políticos. Costa ha preferido un prestigioso despacho de Madrid (Hermosilla) y, la acusación popular, de la mano del PSPV, tiene en Virgilio Latorre a su estilete
VALENCIA (X. AGUAR). El juicio oral de los trajes dio comienzo ayer bajo una enorme cobertura autonómica y nacional. Los acusados, el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa, se juegan su carrera política. Aunque existen otros participantes en el proceso que miden sus fuerzas en busca del prestigio profesional: los abogados.
Varios de los representantes judiciales inmersos en la causa son expertos en procesos relacionados con políticos. Francisco Camps tiene en Javier Boix a su abogado en este trance. El letrado, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Valencia, posee un extenso currículum en casos comprometidos y mediáticos.
Así, uno de sus éxitos más recordados fue lograr la anulación de las escuchas telefónicas -en las que aparecía Eduardo Zaplana- del caso Naseiro, lo que permitió la absolución del que fuera secretario de Finanzas del PP en un caso en el que se dirimía la presunta financiación ilegal del partido.
Boix es un auténtico experto en encontrar defectos procesales. Sus conocimientos sobre los recovecos judiciales le han permitido lograr importantes triunfos en los que ha salvado a políticos en apuros. Su primer proceso importante de esta índole fue el llamado caso Calpe, en el que también evitó las escuchas telefónicas que comprometían al entonces conseller de Obras Públicas Rafael Blasco, todavía en las filas socialistas en aquella época.
De hecho, también consiguió el sobreseimiento del caso Fabra, tras siete años de proceso abierto y multitud de recursos interpuestos por el abogado. Un defecto formal esgrimido por Boix provocó la prescripción de cuatro de los cinco delitos imputados al presidente de la Diputación de Castellón y líder provincial del PP. Sin embargo, el Tribunal Supremo decretó la reapertura de los casos recientemente.
Entre sus derrotas, sólo una relacionada con dirigente político de envergadura. La defensa orquestada por Boix en el caso Cartagena, en el que representó al exconseller del Gobierno de Eduardo Zaplana con este apellido, no sirvió para evitar que el mandatario fuera condenado. El delito, haberse apropiado de un donativo de ocho millones de las antiguas pesetas de las Hermanas Carmelitas fruto de la gestión del Hospital Municipal San Juan de Dios. Su cliente fue condenado a cuatro años de cárcel, aunque Boix consiguió en tres meses el tercer grado. El delito se cometió en 1993, fue denunciado en 1998 y Luis Fernando Cartagena no entró en prisión hasta 2008, para salir tres meses después.
En la causa de los trajes, la cantidad de recursos interpuestos por Boix han sido incontables, pero no ha podido impedir que el expresidente de la Generalitat se siente en el banquillo para el juicio oral.
TÁNDEM DE HERMOSILLA ABOGADOS & GUTIÉRREZ DE LA ROZA PARA COSTA
Si Francisco Camps ha contratado un abogado ‘estrella' valenciano, Ricardo Costa ha preferido poner su futuro en manos de un prestigioso bufete madrileño, Ramón Hermosilla & Gutiérrez de la Roza.
El abogado que acompañó ayer a Ricardo Costa a la sede del TSJCV fue Juan Casanueva Pérez-Llantada, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid desde el año 1985 y en la plantilla de este despacho desde un año después, siendo designado socio en 2002. Está centrado en el área Penal, concretamente en delitos relacionados con la actividad empresarial, económicos y societarios.
En las últimas semanas se ha incorporado a la defensa de Costa otro ‘peso pesado' del bufete, Adolfo Prego, quien en septiembre de este mismo año obtuvo la excedencia como magistrado del Tribunal Supremo para sumarse como socio a Ramón Hermosilla. Este despacho también fichó en 2010 al excandidato del PP en Castilla-La Mancha, Adolfo Suárez Yllana.
Prego sonó como posible abogado defensor de Iñaki Urdangarín en el caso Nóos, aunque finalmente el duque de Palma ha designado a Mario Pascual Vives, del despacho catalán Brugueras, García-Bragado, Molinero y Asociados. No obstante, según apunta el diario La Gaceta, la especialidad de este bufete es mercantil y si la causa derivara en delitos penales podrían haber variaciones en la defensa.
Prego, destacado penalista y de marcado carácter conservador, fue el ponente de la primera querella en la causa abierta contra el juez Baltasar Garzón en relación a su investigación de los crímenes de franquismo. Finalmente, fue recusado por el Tribunal Supremo por falta de imparcialidad objetiva.
LA ACUSACIÓN DEL PSPV EN MANOS DE VIRGILIO LATORRE: LA VOZ DEL CASO ALCÀSSER
El letrado Virgilio Latorre, al frente del despacho LaTorreIuris Abogados, lleva el peso de la acusación popular representada por el PSPV. Penalista reputado, sus dotes de orador pueden resultar importantes en un juicio de estas características.
Latorre representó a la acusación popular a través de la Asociación Clara Campoamor en el histórico caso Alcàsser. También participa en la acusación popular encarnada por el PSPV en el caso Ivex.
En los últimos tiempos, llevó la defensa de la causa abierta contra el ya exportavoz parlamentario socialista Ángel Luna por mostrar un documento secreto en Les Corts y negarse a revelar quien se lo filtró. Latorre logró la absolución para el dirigente socialista por el delito de encubrimiento.
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