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VALENCIA. Este lunes comienza el juicio oral conocido como 'caso de los trajes', un proceso en el que se sienta en el banquillo el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el diputado autonómico, Ricardo Costa, por el supuesto delito de cohecho pasivo impropio.
Dos años y medio han pasado desde que la noticia saltó a los medios de comunicación. En ese tiempo, la agenda política en la Comunitat Valenciana estuvo marcada en gran medida por el caso ‘Gürtel' y los famosos trajes hasta que abocó al entonces presidente de la Generalitat a la dimisión el pasado mes de julio.
En este juicio Francisco Camps se juega mucho: su presente, futuro y también pasado. La estrategia adoptada de negación de los hechos, las conversaciones grabadas difundidas, la huida de los medios y la dimisión final ante el inminente juicio y la cercanía de las elecciones generales, han dotado al proceso de un sabor a tragicomedia que ha hecho a todo el país girarse hacia la Comunitat Valenciana.
La carrera política del exjefe del Consell y expresidente del PPCV dependerá del veredicto. Una condena oscurecerá la figura de Camps en la historia valenciana y significará su arrinconamiento definitivo dentro de las estructuras del partido. Una exculpación, le permitirá esgrimir la inocencia que siempre ha mantenido y defender su regreso a altas cotas políticas tras el, calificado por muchos, "sacrificio generoso" de su dimisión y amparándose también en sus victorias electorales como candidato.
No obstante, el partido, en poco menos de seis meses, ya se ha adaptado a la imposición de Alberto Fabra como presidente. De esto se presume que Camps acudirá solo al juzgado y no acompañado de la cúpula del partido como sucedió en mayo de 2009 cuando fue a declarar. Además, Mariano Rajoy ha convocado junta directiva regional para este lunes, para la que están citados el líder del PPCV, el secretario general, Antonio Clemente, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, o el presidente de Les Corts, Juan Cotino, entre otros.
EL JUICIO ORAL, DÍA A DÍA
Las comparecencias en la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se inician este lunes a las 10 horas, si bien los horarios podrían variar en función del desarrollo de las sesiones, según informan fuentes del organismo.
Lunes 12 de diciembre de 2011: Constitución del Jurado -inicio vista juicio oral - Declaración de los acusados.
Martes, 13 de diciembre al viernes 16: tendrán lugar las declaraciones testificales.
Lunes, 19 de diciembre de 2011: Periciales.
Martes, 20, Miércoles 21, Jueves 22, y viernes 23, todos ellos de diciembre de 2011: documental, conclusiones definitivas, objeto del veredicto, instrucciones al Jurado, deliberación del veredicto, veredicto, y, en su caso, audiencia sobre las penas. Precisamente estos días coincidirán con la toma de posesión de Mariano Rajoy y, posiblemente, con el anuncio de los nombramientos para su Gobierno.
CRONOLOGÍA DEL CASO
El 6 de febrero de 2009 dos funcionarios de Justicia se personaron en la Conselleria de Turismo para reclamar el expediente del expositor de la Comunitat Valenciana en Fitur, adjudicado a Orange Market, cuyo responsable en Valencia, Álvaro Pérez, fue detenido tres días después por su presunta implicación en la red de corrupción.
No obstante, fue el 19 de febrero cuando dos periódicos publicaron que la Fiscalía Anticorrupción implicaba al president en la trama de corrupción, debido a una frase de una imputada que aludía al pago de 30.000 euros en trajes para él, algo que Camps desmintió en una comparecencia de urgencia junto a todo su Gobierno.
Menos de un mes después, el 5 de marzo, Garzón envió la rama valenciana del caso Gürtel al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ante la existencia de indicios contra Camps y contra el entonces secretario del PPCV, Ricardo Costa, el exvicepresidente del Consell Víctor Campos y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.
El 21 de abril el TSJCV se declaró competente para asumir las investigaciones en los hechos que afectaban a Camps -a quien Garzón acusaba de adquirir trajes por 12.783 euros pagados por Orange Market a cambio de otorgar adjudicaciones a esta sociedad- y a los otros tres dirigentes valencianos .
Uno de los hitos de ese año 2009 fue la declaración como imputado, el 20 de mayo, de Camps ante el TSJCV, que en agosto ordenó el sobreseimiento libre de la causa abierta contra los cuatro imputados por un supuesto delito de cohecho, un archivo que la Fiscalía y el PSPV-PSOE recurrieron ante el Supremo en septiembre.
En octubre, el levantamiento parcial del secreto de sumario reveló detalles de los estrechos vínculos que los principales miembros de la trama corrupta mantenían con dirigentes del PP y arrojó sospechas sobre la financiación del partido.
Un mes después, el PSPV presentó una querella contra la dirección del PPCV y cuatro constructoras por varios delitos, que el TSJCV rechazó asumir en febrero de 2010 para evitar duplicidades, pese a ver indicios de delito.
En abril, el Tribunal Supremo admitió los recursos contra el archivo del caso en Valencia , y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid aceptó la personación del PSPV-PSOE como acusación popular.
El 12 de mayo, el Supremo ordenó al TSJCV reabrir la parte valenciana del caso, al interpretar que para que haya cohecho pasivo impropio basta con la aceptación de un regalo entregado en consideración del cargo.
En enero de 2011, el magistrado del TSCJV José Flors dictó una providencia para que las partes personadas en la investigación de un posible delito de cohecho pasivo impropio por el president presentaran sus conclusiones, paso previo para abrir juicio oral o archivar la causa.
La Fiscalía Anticorrupción pidió 41.250 euros de multa a Camps por un delito de cohecho, mientras la acusación particular, ejercida por el PSPV, elevó la petición a tres años de cárcel y ocho de inhabilitación, además de una multa de 46.000 euros, y la defensa pidió el sobreseimiento de la causa.
En abril, Anticorrupción consideró que el TSJCV era competente para investigar una supuesta trama de financiación irregular del PPCV relacionada con la red "Gürtel", que se debería unir a la causa por cohecho impropio que afecta a miembros del Gobierno autonómico.
En mayo, el TSJCV asumió investigar un posible delito electoral del PPCV en los comicios municipales y autonómicos de 2007 y de falsedad documental en las generales de 2008, y si la Generalitat prevaricó y cometió cohecho en contratos con Orange Market.
Un mes después, el TSJCV rechazó la inclusión de Camps en la causa por supuesta financiación ilegal del PP, y confirmó la implicación del exvicepresidente Vicente Rambla y de la expresidenta de Les Corts Milagrosa Martínez.
El 5 de julio, el TSJCV rechazó acumular las causas de los trajes y la financiación del PPCV, y el 12 de julio se celebró la vista previa para resolver si procedía la apertura de juicio oral, en la que las partes mantuvieron sus peticiones.
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