Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• Economía incumple con Unión Gremial el criterio que aplicó para excluir a Anged del Observatorio
• El 'problema valenciano' se cuela en Madrid
• A quién le sube y a quién le baja los impuestos Joan Ribó

VALENCIA (EP). El titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, Vicente Ríos, ha pedido a la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), que suscribió varios convenios con la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) propietaria de Emarsa, que informe sobre la gestión de los lodos y el precio que fijaron para su tratamiento.

El magistrado ha acordado esta medida en una nueva providencia con fecha de este miércoles, en la que, en total, ordena 45 diligencias en relación distintos aspectos del 'caso Emarsa', en el que se investiga un presunto agujero económico de 17 millones de euros.

Una de las diligencias que acuerda es requerir a la Epsar que informe en el plazo de cinco días acerca de la cantidad de lodos generados por la instalación de Pinedo III, construida por la Generalitat y cuya gestión llevó a cabo a través de una empresa privada contratada por concurso público; quién se encargaba de su gestión y cuáles fueron los costes de evacuación de residuos.

Asimismo, le pide información sobre los gastos de mantenimiento y explotación de las instalaciones de Saneamiento y Depuración descritas en un convenio firmado el 26 de febrero de 2004 sobre las EDAR Pinedo I y Pinedo II, aceptadas por Emshi y Emarsa. Sobre esta cláusula, también le pregunta si ha cursado directrices tendentes al mejor funcionamiento, tanto técnico como administrativo, de la gestión del servicio de depuración.

Junto a ello, el juez pide a la Epsar que le remita los partes mensuales de residuos, los de salida, los de parada de planta, los de transporte, de recepción de fangos, de seguimiento de aplicación de lodos y de partes de recepción de los mismos.

El magistrado también le requiere el acuerdo firmado con Emarsa por el que se establecía que se consideraba apropiado el precio de 42€/tn para que Emarsa realizara una adecuada gestión de los lodos generados en Pinedo dados los volúmenes producidos y acerca de los motivos por los que se incrementó el precio unitario de retirada de residuos, que quedó establecido en 80 €/tn, para adecuarlo a los precios de mercado.

Además, pide que remita al juzgado el acuerdo relativo a que los proyectos elaborados y presentados por Emarsa para su aprobación y suupervisión por parte de la Epsar llevaran incorporados los gastos derivados de las direcciones de obra, así como un 19 por ciento en concepto de 'gastos generales y beneficio industrial'.

Otra de las diligencias que adopta el magistrado es la de pedir a la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre) que, en relación con la planta de tratamiento de residuos Los Hornillos, antigua Fervasa, informe de manera detallada de la cantidad de residuos evacuados a dicha planta desde Emarsa en el periodo comprendido entre los años 2005 a 2010.

Asimismo, pide que se remitan nuevos oficios a los directores de los hoteles que indicaron inicialmente que las personas por las que se les había preguntado no se habían llegado a alojar en sus centros, para que tengan una relación completa de las personas investigadas e, incluso, de aquellas que se alojaron en distintos establecimientos de hostelería por cuenta de Emarsa, para que comprueben si sus nombres aparecen en sus listas de registro.

Otra de las diligencias que realiza el juez es pedir al ministerio fiscal y a las actuaciones personadas que se pronuncien acerca de si estiman oportuno o no llamar a la causa como imputado al administrador de la entidad Llar Calzada S.L.

TAMBIÉN AL AYUNTAMIENTO

El magistrado también pide al Ayuntamiento de Valencia que informe acerca de si se tramitó algún expediente para la reclasificación de los terrenos designados para la instalación de la Planta de Secado Solar en las instalaciones Edar de Pinedo, de las que Emarsa tenía atribuida la cesión de uso por Emshi, debiendo pasar de ser Bien de Interés Público a Suelo Industrial.

Junto a estas diligencias, el magistrado pide a diferentes sociedades que especifiquen las ventas que realizaron a Emarsa y a Microprocesadores Valencia S.L. y Sofitec Informática S.L. También solicita a la Policía de Valencia que le informe sobre si tiene constancia de que cuatro mujeres de nacionalidad rumana tengan domicilio en España.