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VALENCIA. Tres meses. Ese es el plazo en el que suelen resolverse los trámites de aprobación de los Reglamentos Órganicos y Funcionales (ROF) de las consellerias y la publicación de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) tras unas elecciones como las del pasado 22 de mayo. A día de hoy, casi medio año después de los comicios, la reestructuración organizativa de la administración al servicio del Consell de la Generalitat, todavía sigue abierta.

La última RPT aprobada fue en julio de 2010, con una actualización publicada a principios de 2011. Legalmente, se exige que se divulgue al menos una relación anualmente, aunque también debe publicarse cuando existen cambios de calado. Las amortizaciones y las remociones de jefes de servicio, la mayoría con expedientes abiertos, continúan sobre la mesa por lo que, según apuntan fuentes de la Intersindical, todo apunta a que hasta 2012 no estará resuelta la organización definitiva en la administración de la Generalitat.

Este retraso obligará, según diversas fuentes consultadas, a una modificación presupuestaria, dado que en las cuentas presentadas para 2012 se estimaba un ahorro que contaba con no pagar determinados salarios a plazas que, probablemente, todavía existirán a principios de año. Las remociones, sobre todo en el caso de los jefes de servicio, son las que tardarán más en resolverse: mientras tanto, la Generalitat seguirá pagando estos cargos, pese a que en el presupuesto ya no está contemplado.

"Los expedientes están inacabados y hay gente que ni siquiera sabe a qué conselleria irá", destaca Adel Francés, coordinador de Acción Social de la Intersindical. La situación ha dejado en suspenso la publicación del instrumento oficial: la RPT, que debe incorporar el número de puestos de trabajo, funciones y tareas. Mientras, el citado sindicato ya recurrió los reglamentos porque incluían la supresión de puestos de trabajo, algo que debe ser negociado con estas organizaciones. Con todo ello, a punto de entrar en 2012, la Generalitat suma y sigue meses sin poder cerrar el nuevo orden estructural.

CAMBIOS POLÍTICOS QUE HAN CONTRIBUIDO A LA RALENTIZACIÓN DEL PROCESO

Han sido unos meses agitados en el ámbito político, algo que ha influido de forma decisiva en la administración y aún mantiene en vilo a los en torno a 16.000 funcionarios de la Generalitat.

Al margen de las elecciones autonómicas y locales del 22 de mayo, el nombramiento del nuevo Consell y la precipitada dimisión del entonces presidente, Francisco Camps, desestabilizaron los cimientos de la Generalitat. Su relevo, Alberto Fabra, pese a no incluir cambios en la cúpula del Ejecutivo, sí conllevó algunas variaciones en el segundo escalón.

Precisamente hubo sustitución en la secretaría autonómica de Administraciones Públicas, donde Ana Brusola dejó su puesto a Pedro García Ribot, hasta entonces director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Brusola había llevado la batuta en el mandato de Camps e iniciado los cambios en la función pública. El conseller del ramo, José Manuel Vela, decidió el relevo tras ciertas diferencias y situó a un dirigente de su confianza. Esto, según diversas fuentes consultadas, también provocó una ralentización de las medidas.

Tras el verano, el ritmo en cada una de las consellerias en cuanto a la remoción de jefes de servicios y amortizaciones era irregular. Algunos departamentos como Agricultura, habían tramitado diversos expedientes, recurridos, eso sí, por los jefes de servicio con plaza ganada por concurso. Ahora, los procesos están en marcha en todas las consellerias, pero difícilmente estarán listos hasta principios de 2012, según los más optimistas. Esta situación implica, para diversas organizaciones sindicales, un escenario de "interinidad" continuada y un "empeoramiento de la eficacia" de la función pública.

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