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VALENCIA. Esta misma semana, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, había dado un paso al frente para separarse de la causa abierta sobre las presuntas irregularidades en la Empresa Metropolitanas de Aguas Residuales (Emarsa). El jefe del Consell anunció que el Gobierno valenciano se personaría en la citada causa y que apoyaría, además, una comisión de investigación en Les Corts sobre la misma.
Ni un día de tranquilidad ha tenido Fabra. Recuerda a aquella mítica frase de Michael Corleone (Al Pacino) en El Padrino: "Justo cuando creo estar fuera... me vuelven a involucrar". Tras superar con decisión este obstáculo con el posicionamiento oficial de la Generalitat, se ha encontrado otra piedra judicial de buenas proporciones en el camino: el caso del Instituto Nóos, o lo que es lo mismo, el organismo que presidió Iñaki Urdangarín, responsable de la organización del Valencia Summit, evento por el que el Gobierno valenciano y el ayuntamiento -en menor medida- terminaron pagando 3,5 millones de euros.
El jefe del Consell, que ascendió con un currículum impoluto a la presidencia de la Generalitat, está viéndose obligado a lidiar con todas las causas abiertas en la ‘era Camps'. De hecho, dos de los imputados en el caso ‘Nóos', José Manuel Aguilar y Jorge Vela, fueron directores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y, éste último, está actualmente al frente del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).
¿Qué hacer ante esta situación? La encrucijada para Fabra es complicada. La estrategia llevada hasta ahora desde el Consell y desde el propio PPCV, ha sido la de no tomar ninguna medida: enrocarse hasta que no exista una sentencia en firme. La ventaja de esta táctica es que permite la posibilidad de defender la inocencia de los tuyos y no prescindir de ningún cargo y, si como ha ocurrido en algunos casos -por ejemplo, el concejal Jorge Bellver-, sale absuelto, se refuerza la posición adoptada.
No obstante, las desventajas de llevar a cabo esta estrategia para un presidente de la Generalitat son varias: en primer lugar, los procesos judiciales suelen ser largos. Esto obliga al líder a responder durante mucho tiempo sobre estas cuestiones ante los medios cada vez que aparezcan novedades. La segunda, más grave, si el propio proceso judicial es escandaloso, como está ocurriendo con Emarsa, la situación pasa a ser muy delicada y, si no se toman medidas, puede desembocar en un ‘caso Camps': huida de la prensa ante las preguntas de los medios de comunicación y consiguiente deterioro de las relaciones informativas.
El problema para Alberto Fabra reside en que existen demasiadas causas abiertas contra cargos o exdirigentes del PP y de la administración. Cada caso es diferente y los implicados pueden exigir que la vara de medir a aplicar sea la misma, en el caso de tomar medidas excepcionales. Esto deja poco margen de maniobra al jefe del Consell, que se ve inmerso en una serie de causas judiciales que no se originaron bajo su mandato, sino con Francisco Camps al frente y que, en la mayoría de los casos, tienen nombres propios que aún se encuentran en cargos de partido o gobierno.
El caso Nóos, además, llega en un momento inoportuno. Con el golpe de efecto lanzado por Alberto Fabra respecto al caso Emarsa, el presidente podía ganar algo de tiempo. El juicio oral sobre Francisco Camps por la causa de los trajes comienza el 12 de diciembre y, es innegable que el proceso desviará la atención mediática e, incluso, puede reforzar la imagen de Alberto Fabra, cuya hoja de servicios en cuanto a asuntos judiciales es intachable.
FABRA, RIPOLL Y OTROS
Otra causa que ha surgido estos días se refiere a los procesos pendientes sobre el todavía presidente del PP provincial de Castellón, Carlos Fabra, reabiertos por el Tribunal Supremo. La solución para el jefe del Consell puede ponerse en junio: Alberto Fabra hará lo necesario -incluso llegar a un acuerdo-, para que 'el otro Fabra' abandone el cargo en el congreso previsto para esas fechas. Eso sí, deberá reflexionar sobre si conviene, como se ha apuntado, que el todavía líder provincial sea el próximo presidente del Puerto de Castellón.
El caso Brugal sigue abierto en Alicante. Uno de los implicados, el expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, ha dejado de ser líder del partido en el ámbito provincial tras un acuerdo con Fabra. Está al frente, eso sí, de la presidencia del Puerto. Un mal ‘menor' comparado con las responsabilidades que ostentaba. Más problemática puede resultar la rama del caso sobre el PGOU de Alicante, donde la alcaldesa, Sonia Castedo, quien tiene una buena relación con Alberto Fabra, está salpicada, al igual que Luis Díaz Alperi, exalcalde y todavía diputado. En este caso, sí parece que va a aguantarse hasta el final.
Además, continúa a la espera la causa por presunta financiación irregular del PPCV, un caso en el que aparecieron los nombres de varios cargos del partido y del Consell como David Serra, Vicente Rambla o Milagrosa Martínez.
Con estos mimbres, es evidente que el caso Nóos, llega en una coyuntura judicial poco propicia para Alberto Fabra. Bien es cierto que hasta hoy, el PPCV no ha pagado apenas coste electoral de los diferentes procesos abiertos. Sin embargo, la mayoría de ellos no han concluido con el jefe del Consell al mando con el que se originaron. El presidente de la Generalitat deberá estudiar el camino a escoger para no pagar las consecuencias de las causas abiertas por protagonistas anteriores a su mandato.
La gestión de la económia pública en nuestra Comunidad, en los últimos años del PP es de verguenza ajena. Cualquiera que haya estado ligado a ella en puestos de responsabilidad va a tener esa rémora en su cv. Los Sres. Vela son unos buenos profesionales y mejores personas. Su "pecado", haber dicho amen a todas las ocurrencias de los Sres. Camps, D.Francisco y de Gerardo. Este último responsable directo del caso que nos ocupa. Y que además de fama de poco trabajador, nunca sale implicado cuando hay algo turbio. Tiene esa virtud D.Gerardo. Somos muchos los que cometemos ese tipo de "pecado".
Sin duda los amigos están para eso. Pero aquí (en CACSA) hay demasiados puntos oscuros. Y no sólo con Urdargarín. Hace nada se publicó que se han emitido talones para pagar al gran Calatrava que cuando llega a su tierra cobra hasta por dar los buenos días. Y se emitieron desde CACSA. Y hay otros casos. Así que en lugar de poner en la mano en el fuego, podría aconsejarle que lo explicaran a los ciudadanos que somos los que les pagamos el sueldo. Por otro lado, no deja de ser harto cutre que Jorge Vela sea el director general de economía mientras su hermano es conseller. Porque aunque ahora está en otra consellería, la del paracaidista Verdeguer, lo cierto es que aquí uno gasta el conseller y el otro, el director general con rango de secretario autonómica para apañarle el sueldo, ingresa. Muy fuerte ldebiera de er incluos para ta buenos amigos como parece ser Enrique Benedé. Sólo en las repúblicas bananeras se dan tantas curiosas coincidencias como aquí.
Conozco a jose Manuel Aguilar y a Jorge Vela en lo personal y en lo profesional. Me atrevo a poner la mano en el fuego a que cualquier contrato que firmaron, fue porque eran ventajosos y adecuados para las entidades para las que trabajaban. Otra cosa es que Noos, Undargarin y compañis, personas que se han mostrado como unos "listillos" que se han enriquecido a costa de la buena voluntad de personas honestas y serias. Para mi, los imputados deben ser aquellos que se han enriquecido y metido dinero en el bolsillo ilegitimamente y no es el caso, seguro, de Joae Manuel Aguilar y Jorge Vela. Undargarin ha engañado hasta a la Familia Real. Solo deseo que a este personaje se le impute de una vez y se le aplique el mayor peso de la Ley.
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