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PALMA/VALENCIA (EFE). La policía ha tomado declaración como imputados, en presencia de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares, a los exdirectores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) de Valencia Jose Manuel Aguilar y Jorge Vela, en el marco de la investigación en torno al Instituto Nóos que presidió Iñaki Urdangarín.

El Gobierno valenciano señaló ayer que desconocía la existencia de algún auto de imputación y asegura que "ningún juez, único competente para tomar declaración a un imputado, ha interrogado a nadie", en alusión a la investigación desarrollada por la policía en Valencia relacionada con el Instituto Nóos.

Fuentes de la investigación confirmaron estas dos imputaciones policiales, así como que los agentes y el fiscal Pedro Horrach tomaron declaración, entre el jueves y el viernes, a varias personas en relación a esta pieza del caso Palma Arena, en la que se indaga el supuesto desvío de fondos públicos a Nóos, una entidad sin ánimo de lucro.

En concreto, Nóos percibió unos 2 millones de euros del Valencia Turismo Convention Bureau y de CACSA, dependientes respectivamente del Ayuntamiento de Valencia y de la Generalitat Valenciana, por organizar entre 2004 y 2006 las jornadas Valencia Summit sobre acontecimientos deportivos.

Fuentes de Presidencia de la Generalitat valenciana explicaron que los dos exdirectores de CACSA han declarado en presencia de sus abogados.

Sin embargo, el Consell entiende que "el Fiscal no puede imputar procesalmente a nadie" y que "si el Fiscal o la Policía han usado el termino imputado para referirse a declaraciones ante tales funcionarios solo puede obedecer a la búsqueda del titular mediático por no ignorar el desvalor y descrédito que supone el uso de ese término procesal".

Jorge Vela es hermano del actual conseller de Hacienda, José Manuel Vela, y actualmente ocupa el cargo de director general del Instituto Valenciano de Finanzas.

Por otro lado, también declararon ayer el vicealcalde de Valencia y presidente del patronato del Valencia Turismo Convention Bureau, Alfonso Grau, según confirmó la propia alcaldesa, Rita Barberá.

"Lógicamente, en nuestra posición de colaborar con la Justicia, ha ido a declarar", apuntó Barberá, quien insistió en que el acuerdo con el Instituto Nóos "es totalmente ajustado a la ley".

Por su parte, la portavoz del Gobierno valenciano, Dolores Johnson, explicó que la autoridad judicial "simplemente" ha solicitado información a la CACSA dentro de una fase de diligencias de investigación.

La Fiscalía Anticorrupción de Baleares y el juez José Castro, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, investigan en esta pieza del Palma Arena un supuesto "entramado societario" tejido por Urdangarín y su socio Diego Torres para "apoderarse" de fondos públicos y privados que recibió Instituto Nóos.

El fiscal define a Nóos como "una especie de ONG dedicada a proyectos sociales" que en realidad se empleó con fines lucrativos.

Sobre este asunto, el ministro portavoz del Gobierno en funciones, José Blanco, subrayó ayer que el Ejecutivo respeta "las decisiones judiciales y la presunción de inocencia" del duque de Palma.

El portavoz del Govern balear, Rafael Bosch, expresó la "total colaboración" y el "respeto" del ejecutivo autonómico hacia la Justicia en esta investigación y manifestó el "máximo respeto" hacia todas las personas involucradas en este caso.

Ayer también se conoció que un juzgado de Palma ha señalado para el día 25 de enero la celebración de la subasta pública de las tres fincas -entre ellas el "palacete" de Palma- con las que el expresidente balear Jaume Matas garantizó un préstamo del Banco de Valencia para pagar su fianza penal por el caso Palma Arena.

Esta entidad prestó a Matas 3 millones de euros, avalados con las tres hipotecas, para pagar la fianza de esta misma cantidad que dictó el juez instructor del caso contra el expresidente para evitar su ingreso en prisión. Recientemente, el juez Castro rebajó esta fianza a 2,5 millones de euros.