02/12/2011 Miembros de la fiscalía anticorrupción desplazados desde Palma de Mallorca interrogan a los ex directores de Cacsa, Jorge Vela, y José Manuel Aguilar, y el director de Valencia Convention Bureau, José Salinas. También ha presetado declaración el vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau

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VALENCIA (EFE). La Policía Judicial está registrando en estos momentos las oficinas de la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias S.A. (Cacsa) después de que tres altos cargos de la Administración valenciana comparecieran el miércoles ante el fiscal que instruye el caso del Duque de Palma para explicar los pormenores de los contratos firmados entre la Generalitat y el Instituto Nóos.

José Salinas, director del Valencia Convention Bureau, la fundación controlada por el Ayuntamiento de la ciudad; Jorge Vela, director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) entre 2005 y 2009, y José Manuel Aguilar, que dirigió Cacsa entre 2002 y 2005, son los tres altos cargos.
Acoso a la Generalitat

Hace un mes, ya se personaron en la sede de la Conselleria de Presidencia y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) varios agentes para pedir, por orden del juez instructor del 'caso Palma Arena', información de la relación de la Generalitat Valenciana con el Instituto Nóos.

Los documentos que han solicitado se ciñen a dos contratos suscritos en 2004 y 2005 por ambas entidades con la sociedad que fundó y presidió el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Generalitat Valenciana.

Según estas fuentes, la información facilitada a la Policía es de un contrato de CACSA del 2004 para la celebración del evento Valencia Summit y otro suscrito en 2005 por la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat, dependiente de la Conselleria de Presidencia, con el Instituto.

En el primero de los casos, el contrato de CACSA de 2004 se suscribió para la celebración del Valencia Summit, una cumbre internacional sobre organización de grandes eventos deportivos, que se celebró durante tres años y por la que se pagó 450.000 euros por cada anualidad.

En relación con este contrato, las mismas fuentes han puntualizado que el expediente ha sido objeto de fiscalización por la Sindicatura y el Tribunal de Cuentas, que determinaron la inexistencia de responsabilidad y estimaron que estaba "plenamente justificada" la legalidad de las actuaciones que realizó CACSA.

Sobre el otro convenio, se firmó en 2005 por la entonces Sociedad Gestora para la Imagen estratégica y Promocional de la Comunitat en 2005, con una duración de dos años, tenía el objeto de preparación para que la autonomía pudiera ser sede de unos juegos europeos, que finalmente no se realizaron.

En este caso, se pagó 382.000 euros por el trabajo realizado, lo que suponía un seis por ciento del total establecido en el convenio.

Asimismo, las mismas fuentes han apuntado que este convenio se llevó a cabo "dentro de la más estricta legalidad" y previa justificación del gasto por el Instituto Nóos y, según el informe de fiscalización de la Intervención General, sin que se hubiera detectado ninguna irregularidad.

También este lunes la Policía Nacional y el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach registraron una sede del Instituto Noos en Barcelona por la investigación del presunto desvío de 2,3 millones de euros por parte del Ejecutivo del expresidente balear Jaume Matas al instituto cuando éste estaba presidido por Urdangarín.