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Manuel Navarro

VALENCIA (L. MASERES). "Se ha producido un agravio en el reparto de participaciones entre las cajas que forman el SIP con la CAM". Manuel Navarro, secretario general del Sindicato Independiente de Caja de Ahorros del Mediterráneo (Sicam), anunció ayer que su agrupación -junto con la Asociación Sindical Independiente de Profesionales del Ahorro (Asipa) y la Federació d'Estalvi de Catalunya (FEC)-, había presentado un requerimiento por vía administrativa para que la Comisión Nacional de Competencia (CNC) paralice, de forma cautelar, el Sistema Institucional de Protección (SIP) entre la caja alicantina, Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura.

El motivo por el cual Sicam ha denunciado el SIP es porque a su parecer, Cajastur ha usado fondos públicos para "tener una situación dominante" tras beneficiarse de "una inyección de dinero público" al fusionarse con Caja Castilla La Mancha (CCM) a través del Banco Liberta.

"Si los activos totales de la CAM en la fusión son más del 50%, la caja de ahorros debería tener, al menos, el 50% de las participaciones, y no el 40%. Es de sentido común", argumenta Navarro. Por ello, considera que la caja asturiana ha actuado de forma "indebida" e "ilegal" para tener el mismo peso que la valenciana. Actualmente, CAM y Cajastur tiene el 40% del SIP respectivamente, Caja Extremadura un 11% y Caja Cantabria un 9%.

Contrarios al SIP, por considerarlo una privatización de las cajas, Sicam -el sindicato mayoritario de la CAM con más de 2.500 afiliados y 72 delegados electos, uno de ellos en el consejo de administración de la caja-, asegura que el principal responsable de esta mala operación entre las cajas ha sido el Banco de España. Según Navarro, la Caja del Mediterráneo hizo sus deberes, pero estos no fueron suficientes. "La CAM ha ido a empujones y poco podía negociar". Según declara, el BdE "se saltó las leyes a la torera para hacer el SIP".

La fusión entre las cuatro cajas se produjo el pasado 24 mayo, sin embargo, desde el sindicato aseguran que la acción mediante la cual piden que se paralice no se ha llevado a cabo tarde, sino cuando era oportuno. "Estos asuntos judiciales no se hacen en dos días, por eso lo presentamos ayer y no antes", explicó Navarro. UGT, con quien este periódico intentó sin éxito conocer su opinión, no respaldó la acción, ya que según manifiestaron desde Sicam, están en contra del SIP pero no hacen anda, "están viéndolas venir".

Según declaró a VP el secretario general del sindicato, previo al requerimiento de ayer, la semana pasada ya presentaron un contencioso administrativo en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional por considerar que este tipo de fusión entre cajas sólo genera "vacíos legales".

"Se ha actuado al revés. El Gobierno debería haber modificado en primer lugar la Ley de Cajas, y después haber regulado el resto. Los SIP son privatizaciones encubiertas que harán que las cajas vayan cayendo poco a poco hasta desaparecer", afirmó Navarro.

Ahora sólo queda esperar a que la CNC se pronuncie al respecto. "Si aplican la ley, se verá que la han vulnerado", asegura.