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VALENCIA. "La reducción del gasto no afectará a los servicios básicos. El ciudadano no lo va a notar. No se van a recortar el estado del bienestar". Este es la consigna que se repite desde la Generalitat Valenciana cada vez que se pregunta por futuros ajustes económicos. Una afirmación que cada día que pasa corre el peligro de convertirse en una declaración de buena voluntad sobrepasada por la realidad.

Las previsiones del Consell caminan sobre el filo. El presupuesto para 2012, que durante estos días se debaten en Les Corts, contempla un gasto consolidado (el que incluye tanto a la administración general como a las empresas y fundaciones públicas) de 14.988 millones de euros. Y pese a que se rebaja un 6,4% respecto al aprobado para este año, los 1.027 millones de ahorro contemplados se antojan insuficientes. Más si se comparan con las rebajas aplicadas en otras comunidades autónomas. Cataluña, por ejemplo, presentará cerca de un 10% de recorte en su presupuesto y Castilla-La Mancha hasta un 20%, aunque en este último caso aún no se han oficializado las cuentas.

Aunque el debate se suele centrar en el gasto, el verdadero problema de fondo son los ingresos. La Generalitat puede gastar más o menos dependiendo de lo que va a recaudar por distintas vías, ya sea directamente o por las transferencias de capital que percibe del Estado. Y es en este apartado en el que chirrían las cuentas: cotejando las grandes cifras del presupuesto del año en curso con el del año que viene sorprende que la Generalitat estime que en 2012 recaudará ligeramente más pese a la crisis económica: 13.754 millones frente a 13.713 millones que previó para el ejercicio en curso. Al menos así consta tanto en el presupuesto aprobado de 2011 como en el anteproyecto de 2012 presentado por el conseller de Hacienda José Manuel Vela.

En el último ejercicio cerrado, el de 2010, según los datos de la liquidación, el impacto de la caída de la actividad económica se tradujo en una reducción notable en los ingresos. La Generalitat dejó de recaudar 2.012 millones menos que el año anterior, con un desplome tanto en el IRPF como en el IVA, según la liquidación del presupuesto de 2010. Si embargo, este año, por ejemplo en el caso del IVA, el Consell se apunta un incremento de casi 600 millones sobre la previsión de el año en curso.

Es solo un ejemplo de las dudas que despiertan las cuentas presentadas por el Consell y que obligan a plantearse la necesidad de atacar de frente la otra parte del presupuesto: la de los gastos. Y es que si bien para el año que viene se anuncia una rebaja de 1.027 millones, la necesidad de cumplir con un margen de déficit del 1% requerirá casi con toda seguridad apretar más el cinturón.

CONTENCIÓN DEL GASTO ‘MINIMALISTA'

Hasta la fecha, las medidas de contención del gasto anunciadas por el Consell, e incluidas en el anteproyecto de ley de presupuestos, tienen un alcance limitado. Las más efectivas son las que se vinculan al sector público, es decir, al entramado de empresas públicas y fundaciones. Está previsto ahorrar 770 millones con una reordenación que pasa por el cierre de organismos de finalidad casi desconocida y la reestructuración de otras, auténticas vías de gasto millonario anual, ya sea Cacsa, Ciudad de la Luz, RTVV o Ciegsa.

Pero el proceso va muy lento, pese a que lo anunció Francisco Camps en su investidura y lo reiteró Alberto Fabra en la suya. Para este mes estaba prevista, al menos así se anunció, la reorganización de las fundaciones, que suponen un gasto de 100 millones de euros. A punto de acabar el plazo que dio el conseller de Economía Enrique Verdeguer, todavía no hay noticias. Y respecto a las empresas públicas, sobredimensionadas en muchos casos, tampoco han sido objeto de ajustes visibles hasta el momento. Fuentes de las dos consellerías vinculadas a brazo económico del Consell, Economía y Hacienda, reconocen que existe un problema de liquidez para tomar algunas medidas. Es decir, por ejemplo, que pagar las indemnizaciones que un proceso de recorte de plantilla lleva aparejado, supondría un problema de caja.

Así, cada día que pasa sin eliminar un gasto supone un compromiso económico que, ante la debilidad financiera de la Generalitat y las dificultades para encontrar vías de ingresos -el resultado de la emisión de deuda minorista (los bonos patrióticos) ahora en periodo de subscripción será determinante para saber si se podrán cumplir compromisos financieros o habrá que seguir acumulando impagados a proveedores- puede acabar abocando al Consell a tomar medidas más drásticas de recorte.

UN MODELO CONTINUISTA Y CONDICIONADO POR LAS ELECCIONES

La parálisis real en la toma de decisiones tiene dos vertientes. Por un lado, la Generalitat mantiene una posición ‘continuista'. Es decir, no hay un cambio profundo en la estructura del gasto, más allá del esperado saneamiento del sector público. La otra parte del recorte está afianzada por una congelación de las inversiones, una medida que tiene un evidente carácter coyuntural. Ni a eliminar los gastos considerados superfluos, como los vinculados a los grandes eventos, se ha comprometido el Consell.

Esto se une a que el gasto ordinario, auténtica columna vertebral del presupuesto, no sufre ninguna modificación de calado, más allá de medidas como la centralización de las compras o, por la parte de los ingresos, el aumento de las tasas universitarias. El debate sobre capítulo de personal, los funcionarios, se ha rehuido, al margen de los desplazamientos de eventuales, medida esta última de dudoso efecto real.

La segunda vertiente es la política. Por un lado, hay un condicionante que afecta al Consell: el PP lleva cuatro legislaturas en la Generalitat. No es un hecho baladí. gobiernos como el de Cataluña, con CiU en el poder tras los años de tripartito, o el de Castilla-La Mancha, con el PP rompiendo la hegemonía socialista, se ven con mayor libertad para aplicar la tijera en estructuras creados por sus adversarios políticos, ya sean fundaciones, empresas públicas o altos cargos.

Por otro lado está el nuevo Gobierno. El proceso electoral, que ha culminado con la victoria del PP y con Mariano Rajoy como futuro inquilino de La Moncloa, ha influido directamente en la toma de medidas drásticas que pudieran, de una forma u otra, molestar al electorado.

ESPERANDO EL SALVAVIDAS DE RAJOY

Sin embargo, la celebración de los comicios no ha supuesto un desbloqueo inmediato de la actividad del Consell. Más bien al contrario. Lo que se ha abierto ahora es un compás de espera que tiene como trasfondo el contar con el apoyo del Gobierno central para adoptar medidas de forma amparada y coordinada.

No se trata de, como insiste el Consell, conseguir que el Gobierno otorgue una mejor financiación a la Comunitat Valenciana ni mucho menos que acepte pagar una supuesta deuda histórica por el déficit en las aportaciones del Estado. La clave pasa por medidas que, aprobadas por el ejecutivo de Rajoy, sean de obligado cumplimiento para las autonomías.

Es en este escenario en el que se plantean opciones que hasta ahora la Generalitat ha rechazado aplicar, como el copago sanitario o judicial, la subida de tasas (las universitarias sí se han aumentado), algunos recortes sociales (vinculados a las ayudas que se dan en educación o bienesta rsocial), o rebajas salariales a los funcionarios.

EL ESPEJO AUTONÓMICO

Esta situación no evita la sensación real de parálisis que atraviesa el Consell, especialmente al comparar con otras comunidades autónomas, donde sí se ha aplicado la tijera al gasto sin esperar más tiempo. El Govern de Artur Mas en Cataluña es la que más drásticamente está actuando: supresión de las pagas extra de los funcionarios, aplicación de un ‘ticket moderador' en Sanidad (un copago camuflado), el pago por recetas, varias tasas por uso de la Justicia, un drástico recorte al presupuesto de TV3...

Pero no es la única. Otras autonomías gobernadas por el PP también se han puesto manos a la obra: Galicia, presidida por Alberto Núñez Feijoo, ha anunciado la supresión de 1.600 puestos de médico, Castilla-La Mancha, con María Dolores de Cospedal, cierra fundaciones, reduce altos cargos y quiere privatizar su televisión autonómica, a la que recortará el 50% del presupuesto. El gobierno de Luisa Fernanda Rudi en Aragón se ha deshecho del 70% de su participación en empresas públicas liquidándolas o vendiendo su parte. En Baleares, José Ramón Bauzá ha anunciado la eliminación de la mitad de las empresas públicas y la salida de 800 trabajadores.

Por su parte, en el País Vasco, con el socialista Patxi López como lehendakari, ha eliminado los beneficios de los empleados públicos que se jubilan voluntariamente y se ha suprimido la prórroga en el trabajo al cumplir 65 años. También se han recortado los complementos que perciben los funcionarios que están de baja laboral como medida contra el absentismo.

Al margen de lo acertado social y políticamente hablando de estas medidas, lo cierto es que el Consell tiene pendiente un verdadero plan de actuación. El margen de recorte en gastos prescindibles, aquellos que no afectan a los ciudadanos, se antoja amplio. Lo que está por ver es si es suficiente amplio y suficientemente rápido para cubrir el descuadre entre ingresos y gastos.