Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• Economía incumple con Unión Gremial el criterio que aplicó para excluir a Anged del Observatorio
• El 'problema valenciano' se cuela en Madrid
• A quién le sube y a quién le baja los impuestos Joan Ribó

VALENCIA. Han pasado seis meses desde la victoria del PPCV en las elecciones locales y autonómicas y más de 100 días desde que Alberto Fabra sustituyera a Francisco Camps como presidente de la Generalitat. La crisis económica sigue azotando al país y en todas las autonomía se asume la necesidad de apretarse el cinturón: es tiempo de recortes.

En la Comunitat Valenciana, no obstante, las medidas continúan siendo de carácter limitado. Sigue la aplicación de la política de 'bisturí' y no 'tijeretazo', como ya subrayó el conseller de Hacienda, José Manuel Vela, el día de presentación de los presupuestos de 2012. Unos presupuestos que, bajo esta consigna, no se reducen de forma excesiva (un 6%) y tampoco dibujan un cambio en el modelo ni en la estrucutra de gasto de la Generalitat.

Así, desde la distintas consellerias siguen aplicándose iniciativas de ahorro, en algunos casos válidas y positivas, pero en escalones concretos y con carácter demasiado 'minimalista' para la grave situación económica que atraviesa la Administración autonómica. La sensación que deja en estos meses el Gobierno valenciano es que esta situación no va a variar a corto plazo.

De momento, las iniciativas de verdadero recorte parecen contenidas. No se ha entrado a fondo y con decisión en asuntos como los grandes eventos deportivos -todos siguen en pie y se defienden públicamente-, las grandes consellerias o el propio capítulo de personal. Y, por el contrario, se ha rechazado la posibilidad de subir los impuestos (el de Patrimonio es un ejemplo), una de las fuentes de ingresos de la Generalitat.

En cambio, en otras autonomías los anuncios de decisiones drásticas ya se están ejecutando. El presidente de Cataluña, Artur Mas, anunció el martes medidas en diversos ámbitos, en su segundo plan de choque tras el impulsado en 2010, y con las que prevé ahorrar 1.000 millones de euros. Así, el presidente catalán desveló que se implantará un ticket moderador -el copago- para evitar abusos en la sanidad, lo que implicará un cobro por receta de medicamento (una variante del copago).

Además, el jefe del Govern impulsará un ascenso de tasas de las matrículas universitarias; en transporte público y gasolina, subirán las tarifas y aumentará el tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos. Otras medidas del Govern irán destinadas un ascenso del canon del agua y, un asunto polémico, se rebajará el sueldo de los funcionarios -por segunda vez- en el caso de que no lo haga el Gobierno central.

Las decisiones adoptadas por la Generalitat catalana muestran el camino de los recortes contundentes que tal vez estén obligadaos adoptar, no sólo en las autonomías, sino también el propio Mariano Rajoy en el Gobierno de España. En la Comunitat, no son pocos los que creen que los cambios de Mas pueden ser un indicador de lo que ocurrirá en tierras valencianas aunque por el momento, el Consell no parece dispuesto a tomar medidas de este calado o, al menos, no al unísono. Por el momento, los recortes se focalizan en actuaciones concretas en las diferentes carteras que, si bien parecen útiles como complemento, no parecen presentarse como la solución a los problemas económicos de la Generalitat.

ENSEÑANZA

Sorprendentemente, una de las medidas anunciadas por el presidente catalán ya se había aplicado en la Comunitat. Así, el pasado mes de julio la Conselleria de Educación adoptó la decisión de ascender casi al máximo las tasas universitarias, situándolas en el 7,5%, rozando el máximo permitido, ya que la horquilla que el Gobierno central tiene fijado va del 3,5% al 7,6%.

No obstante, desde la conselleria subrayan que el precio por crédito de la Comunitat es de 9,91 euros de media, el más bajo de España. El de Cataluña, es de 12,95 euros. Con esta medida, cada alumno pagará entre 50 y 77 euros más al año, unos 4,5 euros al mes.

No es la única iniciativa en este ámbito: otra medida en Educación ha consistido en el aumento del 75% de la matrícula en los alumnos que se presentan por segunda vez y hasta de un 120% en la tercera. Además, se ha adoptado la decisión de que los extranjeros no comunitarios paguen las tasas íntegras. Con todas estas medidas, la cartera que dirige José Císcar planea, aunque no se dispone de cifras concretas, un ahorro e ingresos de varios millones de euros, si bien la cifra está por concretar.

La conselleria también va a frenar el desembolso en lo que se refiere a funcionarios. Ahora, uno de los motivos de tensión con los sindicatos es la intención de no pagar a los docentes interinos los meses de vacaciones. Así, los docentes que entren en septiembre no cobrarán al terminar el curso julio y agosto, algo que sí figuraba en el acuerdo suscrito.

Tampoco se pagaría el mes de junio a los profesores de Formación Profesional, puesto que los alumnos se encuentran en empresas haciendo prácticas y no se imparten clases. Según sindicatos como CSI·F y STEPV, en esta situación se encuentran unos 3.000 docentes, aunque la conselleria los cifran en 1.200. El ahorro de no abonar estas cantidades supondría una cantidad significativa, aunque la decisión está pendiente de resolverse.

No obstante, desde el Gobierno valenciano no se contempla, al menos por el momento, el descenso salarial en el funcionariado que sí ha aplicado Artur Mas.

SANIDAD

El copago sanitario apunta a convertirse en uno de los debates en la Comunitat en los próximos meses. El conseller de Sanidad lo ha rechazado públicamente aunque también ha recalcado que el sistema es "insostenible".

Desde la Conselleria de Sanidad, aseguran que se están tomando medidas de eficiencia: así, la central de compras creada en lavandería y cocina de los hospitales y el programa de eficiencia energética en aplicación, suponen 13 millones de euros de ahorro.

La contención del gasto farmacéutico, a través del uso de genéricos -medida del Gobierno central-, iniciativas para el control de medicación en residencias y otros ámbitos de alta frecuencia de uso, son algunas de las estrategias de ahorro. La Generalitat sigue buscando medidas para controlar el gasto sin tener que rebajar las prestaciones sociales y recurrir al copago.

Desde la oposición, el diputado socialista y portavoz en el área de Sanidad Ignacio Subías lamenta que los recortes de inversión sean del 59% en este ámbito. "El año anterior se presupuestaron 17 centros de salud que no se hicieron. Este año sólo han presupuestado siete, y de ellos uno sólo nuevo", subraya. El parlamentario del PSPV critica que se haya bloqueado la carrera profesional de los trabajadores y que no se vayan a convocar nuevas plazas.

"Si quieren ahorro, podrían haber apostado por la gestión pública en asuntos como la alta tecnología. El contrato con la empresa de resonancia magnética firmado en 2008 se cifró en 500 millones de euros y tiene una desviación del presupuesto del 60%", critica Subías.

En esta línea, los sindicatos se manifestaron ayer en la puerta del hospital La Fe por la gestión sanitaria de la Generalitat. Precisamente, la protesta se centraba en la caída de inversión y en el temor a que la desde la conselleria se siga el ejemplo de CiU en Cataluña e impulse el copago. Otra de las quejas versaba sobre el presupuesto del gasto farmacéutico, situado en 1.100 millones cuando en realidad asciende a 1.500 millones de euros.

ENTES PÚBLICOS: EL EJEMPLO RTVV

El apartado del sector público empresarial es donde se han dado algunos pasos importantes con la creación de la Corporación Pública Empresarial y el anuncio de un ahorro de cerca de 800 millones de euros en este tipo de entes y sociedades. Sin embargo, aún quedan muchas dudas por resolver sobre estas entidades y muchos compromisos por cumplir.

Un ejemplo es el de Radio Televisión Valenciana, uno de los entes en los que se han anunciado recortes. En los prespuestos presentados para 2012 se proyecta una reducción del mismo del 15,8%, 154 millones de euros. En los últimos cuatro años del ente se ha reducido un 43%, aunque permanecen unos gastos de personal anuales de cerca de 80 millones de euros, una deuda de 1.100 millones de euros y una sobredimensionadísima plantilla de 1.800 trabajadores. El previsto ERE para rebajar esta sobrecapacidad laboral sigue durmiendo el sueño de los justos en cualquier cajón de Presidencia, de quien depende el ente.

Pese a estos recortes programados, viene anunciándose desde meses atrás un plan de reestructuración del ente del que todavía no se ha ofrecido ninguna información. Hasta al menos el mes de enero, no está previsto que se efectúen los cambios en RTVV que, a día de hoy, son una incógnita. Mientras, en otras comunidades como Asturias ty Castilla La Mancha, el cierre de la televisión pública ya está sobre el tapete.

Esta situación se repite en otros entes públicos de envergadura. Fuentes de la Generalitat consultadas por este diario apuntan a que algunas medidas como ERE's o fusiones llevan aparejadas un gasto  en indemnizaciones que la Administración no puede afrontar...

OTROS ÁMBITOS

Otra iniciativa puesta en marcha -coincide aquí con la tomada en Cataluña- es aumento en el precio del transporte público. Esta opción sí se baraja en la ciudad de Valencia. Según adelantó el diario 20 Minutos, el consistorio estudia el aumento de entre un 6 y un 11% el billete. La subida del ticket sería de entre 10 y 15 céntimos y el bonobús 40. Además, en el presupuesto del consistorio también se recorta un 10% el gasto en limpieza urbana.

La Generalitat valenciana también coincide con la catalana en la venta de patrimonio. Una de las iniciativas de cara a esta legislatura será el traslado de funcionarios al nuevo macrocentro 9 de Octubre situado en la antigua Cárcel Modelo de Valencia, con la consiguiente liberación de alquileres.  Además, el Consell ya avanzó días atrás la puesta en venta de unas dependencias de la calle Colón con Conde Salvatierra, además de las parcelas donde iban a construirse las Torres de Calatrava y el edificio de La Cigüeña, en la Alameda. No obstante, resulta muy aventurado contar con los ingresos de estas hipotéticas ventas.

En lo que se refiere al capítulo de funcionarios. La Generalitat no ha anunciado recortes salariales o eliminación de la paga extra como se ha hecho en Cataluña y que ya se puso en marcha. Las decisiones en este aspecto han sido más comedidas: la amortización de 704 plazas y una congelación del sueldo. Las actuaciones adoptadas por el Gobierno valenciano supondrán un recorte del 1,7% de los gastos de personal y un ahorro de 90 millones de euros.

Además, la Generalitat valenciana planea un cambio en los horarios de los 17.000 funcionarios de las consellerias para promover un tipo de jornada que impulse el ahorro energético. Esta iniciativa, no obstante, todavía no se ha concretado.

Así, comparando las actuaciones acometidas en la Generalitat valenciana respecto a otras autonomías como la catalana, las medidas adoptadas en la Comunitat se asemejan 'pecata minuta'. La realidad económica parece dictar unas urgencias que, desde el Consell, son tomadas con notable calma.