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VALENCIA (VP). Las empresas energéticas presentes en la Comunitat Valenciana observan desde la distancia los movimientos entre Gobierno y oposición dirigidos a la configuración de un pacto energético. Pese al perjuicio que les supondrá la suspensión de la subida de tarifas, aplauden la posibilidad de un gran acuerdo energético, aunque mientras este ‘cuaja' ya han anunciado que paralizarán sus inversiones.

Hay acuerdo en la necesidad de un pacto nacional encaminado a la reforma del sistema eléctrico nacional, el ‘pull energético', pero la indefinición en materia energética puede afectar de lleno a las inversiones, sobre todo en materia de renovables, un sector en el que la existencia de primas es decisiva a la hora de acometer cualquier tipo de instalación.

"Nos parece excelente que se pueda producir un acuerdo nacional entre los dos grandes partidos, pero realmente estamos preocupados porque hasta que ese acuerdo se materialice nos veremos bloqueados y en una situación difícil", señala José Antonio Soler, presidente la Agencia Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen).

Sin un marco legislativo claro y definido estas empresas carecerán de seguridad para realizar determinadas inversiones y, de hecho, existe cierto temor en el sector a que este posible pacto se demore demasiado.

"En principio es una buena noticia que el Real Decreto para instalaciones fotovoltaicas siga en vigor hasta final de año, pero en líneas generales sin una regulación definitiva y sólida las entidades financieras van a paralizar el crédito para nuevas iniciativas", añade Soler.

Evidentemente, para los usuarios es una buena noticia la paralización de la subida de la luz prevista, pero las energéticas defienden que "sin un marco retributivo estable podrían paralizarse algunas inversiones", según fuentes de Iberdrola en la Comunitat Valenciana.

Y así ha sido, en las últimas horas Iberdrola ya ha anunciado que paralizará la inversión de 22 millones de euros prevista en Castellón para el desarrollo de la red inteligente hasta que se defina el contenido del pacto entre Gobierno y oposición.

Esta paralización, tal y como informó Las Provincias, se tomó apenas 24 horas después de que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, presentara el proyecto en la capital de la Plana, un hecho que pone de relevancia la absoluta desconexión entre empresarios y Ejecutivo.

"En España echamos de menos el apoyo que reciben las instalaciones energéticas renovables en Estados Unidos, por ejemplo", señalan las mismas fuentes de Iberdrola en referencia a otros proyectos que actualmente está desarrollando.

"Si el pacto energético va a servir para definir un marco claro estupendo, pero si va a ser populismo y demagogia se paralizarán las inversiones. Detrás de este tipo de decisiones hay empresas y compañías fuertes que quieren saber qué va a pasar y en qué contexto van a operar", añaden.

UN INSÓLITO ACUERDO

El acuerdo escenificado por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el portavoz de la oposición en asuntos económicos, Cristóbal Montoro, tendrá como consecuencias inmediatas que las decisiones sobre tarifas (estaba previsto un incremento de al menos el 4%-, primas a las energías renovables y ubicación del almacén temporal centralizado de residuos nucleares (ATC), quedan en punto muerto.

Es decir, que se sabe lo que no se va a hacer, pero no lo que está previsto, o al menos no se dijo en la rueda de prensa. Ni Sebastián ni Montoro aclararon por qué se ha desbloqueado la posibilidad de alcanzar un pacto que desde el pasado mes de septiembre se antojaba imposible.

En las futuras negociaciones entre Gobierno y oposición está previsto que participe el propio ministro de Industria, el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, el director general de Política Energética, Antonio Hernández, varios miembros de la dirección económica del PP y los portavoces del área en el Congreso y en el Senado.

Sobre la mesa habrá asuntos como la seguridad de suministro, la competitividad, la sostenibilidad, el mix energético equilibrado, la mejora de infraestructuras e interconexiones y el ahorro energético. Una "revisión en profundidad", según asegura Sebastián de todos los costes del sistema que, previsiblemente derivará inevitablemente en un incremento de las tarifas, aunque con acuerdo político.