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Llegan las rebajas a la Ley del Suelo: mejor para los constructores, peor para los especuladores

ALVARO MOHORTE. 28/11/2011 Los terrenos valdrán por su estado actual y las viviendas ilegales caerán bajo las escavadoras, sin valoración de ningún tipo

VALENCIA. Se han terminado las expropiaciones millonarias basadas en lo que el terreno podría haber sido. El nuevo Reglamento de la Ley del Suelo establece por primera vez un baremo de tasación para los terrenos expropiados que únicamente tiene en cuenta su estado actual. Un campo de naranjos en explotación puede valer más que un solar dónde se soñaba hacer viviendas.

"El Reglamento mantiene el criterio de que el suelo se valora por su valor en el momento de inicio de la expropiación, sin reconocer expectativas futuras", destaca José Manuel Palau, socio de Gómez Acebo & Pombo. De este modo, se pretende evitar valoraciones subjetivas que los propietarios llevaban a los tribunales en contra de la propuesta de expropiación y el juez podía reconocer como legítimas.

Esto explica la repentina reconversión de diversas empresas promotoras que han cambiado su objeto social hacia la explotación agraria. Grandes compañías como Bertolín o Ros Casares son citadas repetidamente en los círculos inmobiliarios como ejemplos de esta práctica. Pero no todo el mundo ha hecho lo mismo.

VIVIENDAS ILEGALES, VIVIENDAS SIN VALOR

Uno de los aspecto qué más polémica puede generar en su aplicación es el que se refiere a la expropiación de construcciones ilegales. La norma ni las valora ni considera, independientemente de que sus propietarios paguen los impuestos municipales correspondientes. La norma no tiene miramientos: las viviendas son ligales y como ilegales han de ser tratadas.

La medida se detecta en las tablas de valoraciones, no por explicaciones suplementarias al contenido de la ley. De hecho, los expertos coinciden en que el reglamento coge por los cuerno un sólo tema: el precio del terreno. Un importante, pero sólo un aspecto de la ley.

En el caso de la Comunitat Valenciana, el Estado podrá beneficiarse de esta normativa a la hora de ejecutar la expropiación de infraestructuras de la envergadura del AVE a Castellón y hacia Alicante o el Corredor Mediterráneo. Se ahorrará tiempo en los plazos y, seguramente, dinero.

LA DESJUDICIALIZACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES

Sin embargo, el efecto económico se relativiza desde el sector esta medida. "Lo que antes decidían los tribunales pasados varios meses, ahora va a poder estar claro desde el primer momento", Javier Díaz, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras públicas de Valencia y Castellón.

Igualmente, desde el negocio inmobiliario se ha recibido hasta con satisfacción: "Introduce cordura y sentido común", apunta Rafael Torregrosa, delegado para Levante de la consultora inmobiliaria Roan.

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