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VALENCIA. La jornada del 15 de noviembre ha sido día de ajustes en la patronal valenciana Cierval. Con los quince días necesarios para hacer efectivo el despido, la organización ha informado a un tercio de su plantilla de que su relación laboral con la entidad termina el día 30 de este mes.
Tras repetidos recortes que habían afectado a los trabajadores temporales y a contratados por obra y servicio, el nuevo presidente de Cierval, José Vicente González, ha tenido que tomar medidas expeditivas, a la altura de la situación económica de la organización.
En algunos casos, los afectados son personas que llevaban décadas en la organización. Se ha intentado recortar "con bisturí", como demandaba ayer González al ganador de las elecciones del 20N, y no con "las tijeras de podar", aseguran fuentes conocedoras de la medida. La intención es que el efecto del recorte sea mínimo para los usuarios.
Teniendo en cuenta el contexto y la situación de la organización, las mismas fuentes aseguran que era una decisión "lógica y normal". Los motivos de esta imposibilidad económica para mantener la estructura de Cierval está en la reducción de las cuotas de los miembros y, especialmente, en los impagos por los cursos realizados desde 2010 a cuenta de las subvenciones de la Generalitat.
RECORTE EN LAS TERRITORIALES
Los impagos se cifran en más de 14 millones de euros, aunque han corrido a cuenta tanto de Cierval como de las patronales provinciales. Mientras las ayudas del Ministerio de Trabajo sí se han hecho efectivas en un "plazo razonable de tiempo", los cursos subvencionados por la Generalitat han corrido a cargo de las patronales, que han tenido que adelantar un dinero que no termina de llegar.
Aunque desde las patronales provinciales se asegura que no se han notificado nuevos despidos, es cuestión de días que el recorte también se realice en las territoriales de Valencia (CEV), Castellón (CEC) y Alicante (COEPA), según distintas fuentes.
La intención era no "hacer ruido" hasta que pasaran las elecciones, pero la necesidad de tomar medidas con urgencia y el respeto a los plazos legales han hecho que la notificación de las rescisiones de contrato se realice a sólo cinco días de la cita con las urnas.
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