VALENCIA. Parálisis, desorden, incertidumbre... así describen muchos funcionarios y varias organizaciones sindicales la situación orgánica actual de la administración de la Generalitat. Y por encima de este escenario, una figura casi todopoderosa de ordenación interna: los subsecretarios. Desde las elecciones autonómicas y locales del 22 de mayo, algunos cambios se han dibujado y atisbado en la administración de la Generalitat aunque, por el momento, todo apunta que sólo se está observando la punta de un iceberg del que se desconoce el tamaño.
Desde el mes de mayo, el nuevo Ejecutivo tardó en publicar los nuevos reglamentos de las consellerias cuatro meses. Estos documentos señalaban una importante reestructuración que, según protestaron varios sindicatos, debería haber sido precedida por un plan de reordenación del personal. Ahora, seis meses después, todavía no han empezado a aplicarse en la mayoría de áreas del Gobierno valenciano.
Las razones políticas son una de las causas -la principal- de estos retrasos: cambio de presidente de la Generalitat, relevo al frente de la secretaria autonómica de Administración Pública (salió Ana Brusola y entró Pedro García Ribot), o el propio adelanto de las elecciones generales. De hecho, no son pocos los que apuntan a la inminencia del 20-N para que no se tome una dirección concreta de los asuntos a abordar respecto a la función pública.
Así, mientras funcionarios y determinadas organizaciones sindicales aseguran que la mayoría de subsecretarios se mantienen a la espera, también señalan que algunos otros sí se han mostrado activos en relación a la aplicación de los nuevos reglamentos como, por ejemplo, Amparo Montoro (Agricultura), Carlos Alberto Precioso (Justicia), Alida Mas (Turismo, Cultura y Deporte) y Sonia Morales (Economía e Industria).
La impresión es que no hay coordinación aparente. Las órdenes de 'arriba' son uniformes, pero los subsecretarios deben diseñar la manera de abordar las reformas: los reglamentos parecen estar sujetos a la libre interpretación de este cargo que domina la estructura orgánica. Los más activos, según las fuentes consultadas, se han puesto manos a la obra para remover puestos de jefes de servicio y enviar propuestas a la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas con informes y listados para suprimir plazas y crear otras nuevas. En muchos casos, apuntan a la amortización de los puestos ocupados por concurso para ser sustituidos por funcionarios pero elegidos por libre designación. Mientras, otros subsecretarios todavía no han movido ‘ficha', al menos de modo visible.
La consecuencia es clara: se desconoce en muchos casos si el jefe de servicio existente será el que mande o será otro, y a quien rendir cuentas, lo que conlleva una ralentización e incluso parálisis de la gestión. Pocos planes de desarrollo o movimientos de expedientes, concursos retrasados, comisiones que no se convocan, retraso en el desarrollo de aspectos de la ley de Función Pública, incertidumbre respecto a propuestas como la reestructuración de horarios, además de la clásica paralización relacionada con el propio 20N... toda una administración funcionando a baja potencia desde hace medio año.
CESE DE INTERINOS EN ENERO: LA PREGUNTA A RESPONDER
Desde mayo hasta ahora, la Generalitat ha amortizado cerca de 1.000 plazas. 704 fueron anunciadas por el conseller de Hacienda y Administraciones Públicas, José Manuel Vela. Este número se dividía en 450 vacantes (plazas no ocupadas) y el resto se repartía entre jubilaciones y personal eventual.
Posteriormente se eliminaron 80 jefes de área y servicio. Otras 70 amortizaciones llegaron en verano desde la Conselleria de Medio Ambiente y desde Solidaridad.
Ahora, fuentes sindicales apuntan a un cese de 800 interinos en enero. Desde la conselleria de Hacienda, consultada por este diario, se limitaron a remitir a la reunión de la Mesa de la Función Pública celebrada el pasado 26 de octubre, donde se anunció un recorte del 1,7% de personal, que supondrá un ahorro de 90 millones de ahorro, aunque declinaron pronunciarse en concreto sobre la posibilidad del citado recorte de interinos.
La entrada de Pedro García Ribot, exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en la Secretaría Autonómica de Administración Pública, sustituyendo a Ana Brusola, referente en este ámbito durante la era 'Camps', dejó claro que el conseller de Hacienda, José Manuel Vela, quería contar con alguien de su confianza para los asuntos de Función Pública. Tras el 20N, comenzarán a destaparse las cartas en relación al verdadero grueso de los cambios en la administración.
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