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El ‘chivatazo’ de un empleado de HSBC pone a temblar a 3.000 multimillonarios españoles con cuentas en Suiza

25/06/2010

Hacienda ha enviado un requerimiento a los titulares de cuentas secretas en Suiza para que regularicen su situación fiscal mientras los inspectores del ‘fisco' denuncian el "escandaloso trato de favor" que se está dando a los propietarios de estas fortunas

-La Agencia Tributaria irá "hasta el final" si hay irregularidades

VALENCIA (VP). La alarma la ha desatado un empleado del banco británico HSBC con unas filtraciones a la Hacienda francesa consistentes en un listado con los nombres de miles de titulares de ‘cuentas opacas' en Suiza, entre ellas unas 3.000 españolas.

El Gobierno español, gracias al francés, ha podido tener conocimiento de la existencia de estas cuentas, lo que ha movilizado a la Agencia Tributaria española, que ha enviado un requerimiento a los implicados para que regularicen su situación antes del 30 de junio.

Si lo hacen, los titulares de estas cuentas podrán evitar sanciones administrativas y querellas en los tribunales, con un recargo máximo del 20% sobre las cantidades no pagadas en los últimos años.

Esta ‘advertencia' ha desatado las quejas de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que ha denunciado el trato que se está dando a los presuntos defraudadores de miles de millones de euros a través de cuentas opacas en Suiza. Algo "escandaloso e injusto" que a su juicio supondrá en la práctica una "amnistía fiscal".

Según argumentaron los inspectores en un comunicado, la Agencia Tributaria, en lugar de haber iniciado inspecciones de estos contribuyentes o, en su caso, haber puesto en conocimiento de la Autoridad Judicial los presuntos delitos fiscales cometidos, ha "requerido" a estos contribuyentes para que presenten declaraciones complementarias.

Con ello, explican, evitan su responsabilidad penal e incluso las sanciones administrativas, sustituyéndose todo ello por un recargo que no excede del 20% de las cuantías presuntamente defraudadas. "Estas actuaciones suponen un escandaloso privilegio para unas personas que presuntamente han incumplido gravemente sus obligaciones fiscales", añaden.

Por tanto, en la práctica, Hacienda permite a estos contribuyentes regularizaciones, incluso parciales, y les pone sobre aviso de la información de que dispone la Administración Tributaria. "De producirse regularizaciones, probablemente serán sólo parciales, no aflorando estos defraudadores más que los importes que la propia Agencia Tributaria les informa que conoce", apostillaron.

INEFICACIA PROBADA DE ESTAS PRÁCTICAS

Según recordaron, la Agencia Tributaria ha actuado de la misma forma que cuando recibió el listado de cuentas opacas en Liechtenstein, esto es, emitir requerimientos "invitando amablemente" a que los contribuyentes implicados regularizasen voluntariamente su situación fiscal.

"El resultado, más de dos años después, no ha podido ser más desalentador: regularizó voluntariamente un 20% de los contribuyentes", afirmaron los inspectores antes de añadir que "los que no han regularizado no han pagado los impuestos, supuestamente defraudados, ni se les ha impuesto ningún tipo de medida cautelar, ni personal, ni prisión, ni patrimonial, ni ningún otro tipo de embargo".

ENTRE 6.000 Y 8.000 MILLONES DE EUROS ‘EXPATRIADOS'

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, confirmó que Hacienda ha enviado un requerimiento a los titulares de 3.000 cuentas en Suiza con el objetivo de que regularicen su situación fiscal.

En declaraciones a TVE, Salgado se refirió así a la noticia que publican diversos medios de comunicación en la que se informa de que Hacienda está investigando 3.000 cuentas, protegidas hasta ahora por el secreto bancario, para repatriar entre 6.000 y 8.000 millones de euros.

Hacienda concede 15 días a los contribuyentes para que pongan al día su situación y si no hay respuesta se les abre un acta de inspección por si hubiera delito fiscal, cuya prescripción es de 5 años.

En la actualidad, la condena máxima por este tipo de delito es de 4 años, si bien cuando entre en vigor el nuevo código penal a final de año se incrementará a 5 años.

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