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VALENCIA (EP). El abogado del heredero de un edificio ubicado en la calle Lauria, esquina con Colón de Valencia, vendido a la compañía Apple, ha pedido al titular del juzgado de Instrucción número 12 de Valencia, que investiga un presunto fraude por las tasaciones efectuadas para compensaciones por herencia, que se esclarezca la relación entre los peritos imputados -un arquitecto de la Sociedad del Colegio de Arquitectos (Arquitasa) y un agente de la propiedad inmobiliaria- y los coherederos beneficiarios -hermanos del denunciante-.

En el escrito que ha presentado en el juzgado, el letrado pide diversas diligencias de investigaciones. Una de ellas es que se remita un nuevo oficio a la policía judicial para que informe con respecto a la existencia de relaciones y/o vinculaciones personales, telefónicas, por correo electrónico, vía fax o de cualquier medio, entre los dos imputados y las partes que resultaron beneficiadas a través de los informes periciales "fraudulentos". Según ha recordado el letrado, Mario Gil, estas tasaciones obligaron al heredero del edificio a pagar unos 15 millones de euros a sus hermanos -coherederos- para cumplir con las compensaciones.

Asimismo, el letrado solicita que se mande un oficio a la Agencia Tributaria para que informe sobre si uno de los imputados figuró de alta en el Impuesto de Actividades Económicas como Agente Colegiado de la Propiedad Inmobiliaria en el ejercicio 2006; y que se requiera a los imputados que aporten los seguros de responsabilidad civil que puedan cubrir la responsabilidad derivada de su actuación.

Junto a ello, el letrado ha solicitado que la Policía Judicial elabore un informe relativo a la adscripción de los peritos afectados a las listas del Decanato -modo de incorporación, fecha de incorporación a las listas, con indicación del origen de la asociación o colegio que los presentó y fecha de inclusión-. También pregunta si hubo alguna irregularidad en la designación de uno de los imputados como perito judicial. El abogado del denunciante reclama, asimismo, estudiar todos los discos duros de los imputados y así, previo examen de la totalidad de estos elementos intervenidos, determinar archivos de interés.

TASACIONES

El perito de Arquitasa tasó el inmueble de Valencia, del siglo XIX, en 36.082.225,15 euros, pese a que no lo visitó por dentro ni comprobó su verdadero estado, y declaró ante el juzgado "haber actuado con la mayor objetividad posible", según el denunciante. Por su parte, el perito inmobiliario rebajó esta cifra hasta los 32.157.584 euros. Sin embargo, el inmueble -que será alquilado para albergar la sede de Apple España en Valencia- fue vendido a una sociedad por el precio de 18 millones, es decir, la mitad del precio en que el arquitecto imputado lo valoró.

En el acto del juicio para exponer las tasaciones, tanto el arquitecto como el agente inmobiliario ratificaron sus informes, cuyas cifras sobrepasaban los 30 millones de euros, y el magistrado civil dio validez parcial a las mismas y concedió un valor al inmueble de más de 32 millones de euros, teniendo en cuenta que el estado del edificio precisaba una remodelación. De esta manera, el heredero del mismo tuvo que pagar a sus hermanos 15 millones de euros por las compensaciones en la herencia.

Como consecuencia de estas actuaciones, el afectado contrató un detective privado que investigase la forma en la que los dos imputados en este procedimiento habían valorado el inmueble de Valencia. Este pidió una tasación al arquitecto, que la cifró en 18.069.900 euros. Le llegó a confesar, tras exponerle la tasación de 36 millones, que actuó con un dolo directo, e incluso le reconoció tener guardada en su despacho otra peritación de un valor de aproximadamente 10 millones de euros menos, según la denuncia.

Es decir, que tras contratar la misma valoración el detective, sobre idéntico inmueble, y hacerle constar al arquitecto que disponía de la primera tasación, pero que ésta la precisaba para otros fines, le reconoció "haber actuado de forma ilícita" y le entregó una pretasación por valor de la mitad.

Respecto del agente inmobiliario, el detective averiguó que, tras el procedimiento, seguía manteniendo contacto con las partes; que conocía, respecto de la familia, incluso los parentescos de cada rama y los cargos ostentados por una de las partes; e incluso llegó a reconocer que una de las partes resultaba "perjudicada" por su informe pericial del edificio.