VALENCIA (EP). El conseller de Economía, Industria y Comercio, Enrique Verdeguer, avanzó este lunes que su departamento destinará 120 millones a ayudas para reactivar el sector industrial, agrupadas en torno a cinco ejes: emprendedores, innovación, internacionalización, financiación y energía, y otros diez millones para modernizar el comercio. Con esos 130 millones, prevé favorecer a más de 10.000 proyectos empresariales en 2012, frente a los 7.000 del año anterior.
Así lo señaló en su comparecencia en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de las Corts Valencianes para informar sobre el presupuesto de su departamento para 2012, que cae un 14,9 por ciento y se sitúa en 195 millones de euros.
Por capítulos, el de personal desciende un 3,4 por ciento, hasta los 18,7 millones; los gastos de funcionamiento suben un 2,1 por ciento, hasta los 5,6 millones; las transferencias corrientes caen un 13,2 por ciento, hasta los 101,36 millones; y los gastos corrientes descienden un 11,3 por ciento, hasta los 125,6 millones.
Por su parte, las inversiones reales caen un 48,6 por ciento, hasta 374 millones; las transferencias de capital disminuyen un 24,3 por ciento, hasta situarse en 65,23 millones; y las operaciones no financieras descienden un 16,3 por ciento, hasta los 191,25 millones de euros.
Según Verdeguer, los emprendedores podrán optar a ayudas del Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (Impiva) por valor de 6,8 millones de euros, a los que se unen otros cinco millones de una nueva línea de financiación específica del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que cuenta un presupuesto de 216,8 millones de euros y ve recortada su partida un 18,86 por ciento.
La Dirección General de Industria cuenta con un presupuesto de 108 millones de euros y tiene al Impiva como principal instrumento de gestión de ayudas, con una asignación superior a los 96 millones, más de 80 para ayudas a la I+D y a la innovación en empresas y al apoyo de las redes y asociaciones de investigación y difusión tecnológica.
Por su parte, el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) registra una caída del 42,23 por ciento en gastos de funcionamiento como consecuencia de una reestructuración que incluye el cierre de oficinas cuya actividad pueda ser asumida por otras próximas.
La Dirección General de Energía cuenta con un presupuesto de 7,5 millones de euros para 2012, con una caída de las inversiones internas del 99 por ciento, mientras que la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN) recibe más de 49 millones, "apenas un 2 por ciento menos".
En el apartado de Comercio, destacan los 37,1 millones dedicados al programa de Ordenación y Promoción Comercial, lo que supone un descenso del 6,7 por ciento respecto a 2011 para estas líneas dirigidas a pymes, asociaciones, corporaciones locales, modernización de certámenes y Ferias, y al fomento de la artesanía. Tras las críticas de la oposición, Verdeguer aclaró que Feria Valencia "no es la única" institución ferial de la Comunitat que recibirá apoyo.
El titular de Economía, Industria y Comercio defendió que es un presupuesto "austero" y que "pretende ser realista y responsable", por ser "conscientes del problema de liquidez" existente, además de "eficiente" y "adaptado a los nuevos tiempos".
En su opinión, la coyuntura actual exige lograr "el equilibrio adecuado entre los estímulos a la demanda y a los sectores productivos, y un plan creíble de sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo".
De hecho, uno de los objetivos de su departamento es acometer una "profunda reestructuración" del sector público empresarial, lo que reportará un ahorro de 773 millones de euros y cuenta con una dotación presupuestaria de 1,6 millones para elaborar los planes que regirán ese proceso y redactar el Plan de Austeridad y Reducción del Gasto del Sector Público Empresarial y la propuesta del Plan Estratégico de Racionalización y Reestructuración del Sector Público Empresarial.
LA OPOSICIÓN LAMENTA LA REDUCCIÓN DE FONDOS EN POLÍTICA INDUSTRIAL
Los representantes de PSPV, Compromís y EUPV criticaron duramente la reducción de fondos en política industrial que, en palabras del socialista Francisco Toledo, "supera el 20 por ciento, al pasar de 135 millones a sólo 108, siendo especialmente escandaloso el tijeretazo aplicado al Impiva, cuyos recursos pasan de 115,5 millones a tan sólo 95".
Toledo criticó el "gran hachazo" dado "industria, pymes e industrialización" y argumentó que las comunidades autónomas que han invertido en política industrial "tienen la mitad paro y un 50 por ciento más de renta per cápita" que la Comunitat, por lo que pidió a Verdeguer que "haga examen de conciencia y propósito de enmienda" y aumente esa dotación.
La representante de Compromís, Mireia Mollà, también reprochó a Verdeguer que el "cambio radical" que esperaba de él se haya quedado en "una fotocopia pura y dura" del presupuesto de años anteriores, circunstancia que achacó a que "le han cortado las alas, como se las cortan a quien tiene una mínima cordura ante las políticas nefastas del Gobierno del PP". "No tengo esperanza en que pueda hacer más con la política fiscal que lleva el PP", lamentó.
Por parte de EUPV, Marga Sanz valoró las "buenas intenciones" de ese presupuesto, aunque alertó de que incluye "recortes espectaculares" en una Conselleria que "debería impulsar el cambio de modelo productivo" y que, en su opinión, va "orientado a salvar los trastos rotos por anteriores decisiones" del Gobierno valenciano.
En la réplica, Verdeguer ratificó la apuesta del Consell "por la innovación, la internacionalización y el sector industrial" y aclaró que la política industrial "no es sólo la Dirección General de Industria y el Impiva".
"MÁS GASTO NO SIGNIFICA MEJORES RESULTADOS"
"Más gasto no significa siempre mejores resultados ni mucho menos", reivindicó Verdeguer, quien defendió que el presupuesto "se fija en la inversión inducida, no tanto en el gasto en sí mismo" y que, en cualquier caso, "el gasto no es un fin en sí mismo, y cuando lo ha sido, las consecuencias son evidentes", agregó.
Además, avanzó que su departamento trabaja en un "documento estratégico de incentivos" para modificar los criterios relativos a las ayudas, que consensuará con los agentes económicos y estará acabado en un mes, y planteará "de manera inminente" una ley.
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