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VALENCIA. El consejo de administración de Caixa Ontinyent aprobó anoche el informe estadístico correspondiente al tercer trimestre del 2011, en el que destaca un resultado de 4,5 millones de euros, de los que destina 1,4 millones de euros a dotaciones extraordinarias para morosidad y deterioros y 0,8 millones de euros a impuestos. Así, el beneficio neto se cifra en 2,3 millones de euros, un 26,98% menos que en el mismo periodo del 2010, en línea con las previsiones del Consejo para el presente ejercicio.

Los recursos gestionados son de 885 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,46% en lo que va de año, y el crédito a la clientela disminuye un 3,42%, situándose en 774 millones de euros.

La tasa de morosidad es del 4,30% sobre balance (casi un 40% inferior a la media del sector), y con cobertura del 74,47% (16 puntos por encima de la media del sector).

Cabe recordar que el core capital a 30 de junio 2011, sin contabilizar todavía los beneficios del ejercicio, se situaba en el 9,46%, con previsión de superar el 10% a finales de año.

Asamblea general ordinaria para el 14 de diciembre, para aprobar las líneas de actuación del 2012 y la adaptación de estatutos y reglamento electoral a la nueva legislación.

El consejo de administración también ha acordado convocar asamblea general ordinaria, correspondiente al segundo semestre del año, para el próximo 14 de diciembre. Una sesión en la que se informará sobre la marcha del ejercicio, se plantearán las líneas de actuación para el ejercicio 2012 y se presentará la propuesta definitiva de adaptación de estatutos y reglamento electoral a la nueva legislación sobre cajas de ahorros.

Esta propuesta de adaptación de Estatutos se ajusta a la aprobada inicialmente por la Asamblea General del pasado 27 de junio, con una ligera modificación consistente en asignar un consejero general más al grupo de "Otras entidades representativas de intereses colectivos", con el fin de cumplir tanto la normativa autonómica como la estatal. Cabe recordar que, como premisa básica en esta adaptación, la asamblea general acordó reducir el número de miembros de cada órgano al mínimo legal.