MADRID (EUROPA PRESS). Durante su defensa en el debate de convalidación del decreto ante el Congreso, el ministro apeló a la responsabilidad de los grupos a la hora de votar una norma que aborda muchos de los problemas que viene arrastrando el mercado laboral en la últimas décadas de "forma equilibrada" para impulsar la recuperación económica y hacer del empleo un "factor más productivo, más equitativo y de más calidad".
"Este es el objetivo de las medidas", incidió Corbacho, quien señaló que el Gobierno dedicó sus esfuerzos "hasta el último momento" a pactar con los agentes sociales, pero esto no fue posible, lo que justifica aprobar un decreto que, no obstante, recoge planteamientos confrontados en la negociación con sindicatos y patronal.
"Estamos convencidos de que es la reforma que precisamos en este momento para impulsar la recuperación económica, para mejorar nuestra competitividad y para hacer del empleo un factor más productivo, más equitativo y de más calidad", recalcó el ministro, quien recordó que las medidas se enmarcan en la Estrategia de Economías Sostenible aprobada por el Gobierno.
Así, señaló que la reforma es para la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y la capacidad competitiva de las empresas, dotándolas de una mayor flexibilidad y contribuyendo con ello a incrementar la productividad de la economía española.
En este sentido, señaló que la reforma busca en primer lugar reducir la dualidad del mercado de trabajo español, impulsando la "creación de empleo estable y de calidad"; reforzar los instrumentos de flexibilidad interna en las empresas; y en tercer lugar mejorar las oportunidades de acceso al empleo de las personas desempleadas, en particular, de los jóvenes, reforzando los mecanismos de intermediación laboral.
1,3 MILLONES DE CONTRATOS CON DESPIDO DE 33 DÍAS
Según los cálculos del Gobierno, a los que tuvo acceso Europa Press, la reforma propiciará la firma de 2,37 millones de nuevos contratos indefinidos, de los que el 1,33 millones, el 56%, corresponderán a la modalidad de fomento de la contratación indefinida con 33 días por indemnización.
En concreto, se prevé que la modalidad de fomento del empleo supondrá el 50% del total de nuevos contratos indefinidos en el presente ejercicio, porcentaje que se elevará al 60% en el próximo ejercicio.
740,5 MILLONES DE COSTE
Las medidas contenidas en el decreto tendrán un coste global de 740,55 millones de euros hasta 2012, de los que 123,62 millones corresponderán al abono por parte del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) de ocho días de indemnización por despido en todos los contratos indefinidos y 471,17 millones se destinarán a bonificaciones.
Según las previsiones del Gobierno, el Fogasa, que se nutre de cotizaciones sociales, tendrá que atender a 179.145 despidos con salarios medios diarios de 86,3 euros, con lo que el organismo público debería desembolsar 690,1 euros por cada uno hasta el 1 de enero de 2012, fecha en la que está prevista la puesta en marcha del futuro fondo de capitalización individual.
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