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MADRID (EP). El PP se propone culminar el saneamiento y reestructuración del sistema financiero español y para ello ha anunciado que va a acelerar la reforma de las cajas de ahorros, pero también quiere limitar la remuneración de los gestores de las entidades financieras que necesiten de ayudas públicas.

Según el programa del PP, que hizo público ayer en internet, aunque ayer fue aprobado en su Comité Ejecutivo Nacional de Santiago de Compostela, los populares quieren impulsar que la retribución variable de los gestores de las entidades financieras se vincule a los resultados a largo plazo.

Y, tras las polémicas surgidas en torno a las prejubilaciones millonarias que han percibido los gestores de entidades rescatadas por el Banco de España, ha incluido un apartado en el que deja claro que limitarán la remuneración de los gestores de aquellas entidades que requieran de ayudas públicas.

A esto añaden, la intención de reforzar y exigir las responsabilidades "debidas" a aquellos gestores que hayan incurrido en una administración "deseal o negligente".

En este sentido, explican que van a reformar la estructura de supervisión financiera española dotando al Banco de España de las competencias de vigilancia prudencial sobre todas las entidades financieras, crediticias o no, y reforzando sus capacidades de análisis prospectivo y control macroprudencial, siguiendo las mejores prácticas internacionales.

También apuntan una reforma de la Comisión del Mercado de Valores ampliando sus competencias para que vele adecuadamente por el buen funcionamiento de los mercados financieros y proteja a los ahorradores y consumidores.
REVISION GENERALIZADA DEL GASTO Y UNA LICENCIA UNICA

Los populares también considera que España ha perdido competitividad en Europa debido a la "ruptura de la unidad de mercado" por la "profusión normativa divergente a escala autonómica y local".

Por ello, el PP impulsará la unida de mercado y la simplificación administrativa bajo los principios de legislación de origen y "licencia única" para que cualquier producto o servicio producido al amparo de cualquier normativa autonómica pueda ser ofertado libremente y sin necesidad de modificación o trámite adicional, en cualquier punto del territorio español.

Además, van a propiciar la "sustitución" de los controles y licencias previos para el establecimiento de actividades empresariales por mercanismos de control y sanción a posteriori.

Pero la primera de las medidas consistirá en la presentación de un "plan completo y coherente de reformas estruturales para la estabilidad presupuestaria, el saneamiento del sector financiero, la liberalización de la economía, la reofrma laboral y el impulso de la competeitividad".

Una de las primeras medidas que los populares llevarán a cabo en el primer año de Legislatura será la "revisión generalizada del gasto" para el conjunto de la administración, de forma que se puedan establecer "prioridades" dentro de la política general de austeridad y evitar solapamientos.

Para favorecer las internacionalización de las empresas, se hará una evaluación sistemática de todos los instrumentos de apoyo y reestructurarán la red de oficinas comerciales, evitando duplicidades. Todo ello, junto con un "plan general de marca España".

INGRESOS TERRITORIALES ADAPTADOS AL CRECIMIENTO DE INGRESOS FISCALES

Esto se añade a la ya anunciada Ley orgánica de estabilidad presupuestaria para el desarrollo de la reciente reforma constitucional; el establecimiento de los techos de gasto para todas las administraciones públicas, límites estrictos y conocidos a priori al endeudamiento y la adaptación de los ingresos de los modelos de financiación territorial al crecimiento potencial de los ingresos tributarios.

En este capítulo, el PP ha incluido, junto con el plan de austeridad que comprometerá a todas las administraciones, el refuerzo de las responsabilidades y sanciones a los gestores públicos que incumplan las reglas de estabilidad presupuetaria. Pero tampoco especifica cuáles serían esas sanciones.

RESTRICCION A LAS SUBVENCIONES NOMINATIVAS

Finalmente y, además de clarificar las competencias entre las distintas administraciones públicas, se proponen modificar la Ley de Subvenciones, reordenando el régimen de ayudas y restringiendo el uso de subvenciones nominativas, a la vez que se incrementan los controles y se potencia la transparencia en la concesión, ejecución y evaluación del impacto de las mismas.