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VALENCIA (EP). La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat valenciana, Isabel Bonig, ha defendido este martes las actuaciones realizadas por el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) y ha reconocido que "tiene deuda", algo que "nadie lo ha negado". Respecto a la Ley de Morosidad, ha comentado que "en este sentido, le ha pedido "responsabilidad".
Isabel Bonig, que se ha pronunciado así durante la Comisión de Obras Públicas y Transporte tras ser preguntada sobre la deuda del IVVSA con las empresas constructoras, ha indicado que la entidad pública regularizará su situación con sus proveedores "en función de la disponibilidades de liquidez que vaya teniendo" y ha aseverado que, en ello, el instituto "está poniendo todo el empeño".
En la pregunta, la diputada socialista María José Salvador ha asegurado que la administración se encuentra "a años luz" de los 30 a 60 días para el pago que establece la Ley de Morosidad y ha destacado que los problemas del IVVSA son "crónicos". Además, ha apuntado que "no han trabajado un modelo de vivienda y urbanismo que nos hiciera fuertes frente a la crisis, todo lo contrario".
A este respecto, la parlamentaria ha explicado que los presupuestos de la Generalitat han disminuido en materia de vivienda año a año. "La Comunitat es inmóvil, no conocemos ninguna iniciativa ni planificación para el futuro en esta materia", ha señalado.
Asimismo, Salvador ha argumentado que el IVVSA "no paga a las pymes, a 17 empresas constructoras", y si no se paga a estas empresas, ha agregado, "tendrán problemas porque no podrán pagar a sus trabajdores ni a sus proveedores".
Por esta razón, ha calificado a la Administración autonómica como "una máquina de desestabilización de empresas y destrucción de empleo" y le ha pedido que "no busque excusas porque tiene competencias en materia de vivienda y de empleo".
"RIESGO DE CERRAR LA PUERTA"
A su juicio, "estas empresas corren el riesgo de cerrar la puerta de una día para otro si no pueden hacer frente a una deuda porque la Generalitat no paga" y le ha recordado a Bonig que "tiene la obligación de cumplir la Constitución española y buscar políticas de vivienda avanzadas y al servicio de los ciudadanos". Por último, ha afirmado que el "IVVSA debería reinventarse porque es una entidad muerta".
La consellera de Infraestructuras ha replicado que si fuese la responsable de la destrucción de empleo y de haber originado "la mayor crisis económica de este país con cinco millones de parados y un 45 por ciento de paro juvenil hubiese dimitido por el interés general, por amor a mi país y, además, hubiese convocado elecciones mucho antes, porque es un drama social".
"VAMOS A PAGAR"
La dirigente 'popular' ha recalcado que el problema y la competencia en materia de vivienda libre es del Estado y la Generalitat responde sobre el parque público y la vivienda social. "Todo no será perfecto, se habrán incumplido cosas y otras son mejorables", ha admitido Bonig, quien, pese a esto, ha defendido las inversiones el IVVSA.
"Claro que vamos a pagar, faltaría más, y vamos a continuar y a presentar un plan de vivienda social acorde a la situación", ha apostillado.
En este sentido, ha enumerado inversiones en reparación y mantenimiento de viviendas del 2005 al 2011 por valor de 69, 5 millones de euros, de los que se debe "una cifra inferior al 10 por ciento".
También ha destacado 85.000 familias se han beneficiado con las ayudas de la Generalitat en rehabilitación, alquiler o compra, 85.000 en la anterior legislatura, con una aportación de 645 millones y, en materia de vivienda social, ha recordado que se han llevado acabo 113 actuaciones por valor de 44 millones de euros. A este respecto, ha apostillado: "¿cómo que no hacemos nada?"
Por último, también ha esgrimido que en junio de 2010 el Gobierno aumentó el IVA para adquisición de vivienda de siete al ocho por cieneto en contra de la voluntad de todo el sector "y cuatro meses después volvió a bajarlo".
Además, "el Estado suspendió las subvenciones a las comunidades del plan de ayudas 2009-2012 unilateralmente, redujeron las deducciones en el IRPF por la compra de vivienda y eliminaron la ayuda directa por la compra".
Si, pero cuando el ciudadano o el particular en general no cumple un plazo, bien que la administración se le echa encima o lo deja tirado. Estos políticos no tienen verguenza. LO que ellos no cumplen ¿por qué se lo tienen que exigir a los que les mantenemos?
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