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VALENCIA. Queda menos de un mes para las elecciones generales y gran parte de la agenda política valenciana viene marcada por las citas en los juzgados. Hasta seis procesos judiciales están abiertos con dirigentes del PPCV, muchos con responsabilidades de gobierno, implicados.

Uno de los más mediáticos es la llamada ‘causa de los trajes'. El juicio, sobre el que se han escrito ríos de tinta y en el que están imputados el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa, ambos diputados, se celebrará el próximo 12 de diciembre después de numerosos recursos por parte de la defensa.

Relacionada con esta causa -son ramificaciones fruto de las relaciones con la empresa Orange Market y otras que se engloban en el caso ‘Gürtel'- también se encuentra pendiente de juicio la presunta financiación irregular del PPCV en la que están salpicados diversos exaltos cargos del Gobierno valenciano y otros dirigentes del partido.

Durante estos días, el caso que está armando más ruido es el relacionado con la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa), donde la Fiscalía ha solicitado que se impute al vicepresidente de la Diputación y alcalde de Manises por el PP, Enrique Crespo. Esta petición se produjo pocos días después de que el exgerente de la empresa pública, Esteban Cuesta, también cargo local del PP en una pedanía de la capital, asegurara que Crespo estaba al tanto de las supuestas irregularidades que se producían. Incluso habló de lujosos regalos -bolsos Loewe, relojes y otros artículos- de procedencia desconocida.

Sin duda, otro proceso judicial importantísimo que permanece abierto y todavía no se ha resuelto es el del llamado caso ‘Monforte'. En este asunto se encuentra imputado el concejal de Urbanismo y teniente de alcalde de Valencia, Jorge Bellver, considerado el delfín de Rita Barberá. La causa gira en torno al aparcamiento de la calle Severo Ochoa, para el cual no se solicitó el permiso correspondiente a Patrimonio cuando está situado junto a un bien protegido como son los Jardines de Monforte. El fiscal mantiene que Bellver prevaricó y podría ser condenado e inhabilitado por ocho años.

ALICANTE Y CASTELLÓN: CASO 'BRUGAL' Y, AHORA, LA CONSELLERA ISABEL BONIG

En Alicante las cosas tampoco están tranquilas. Las informaciones publicadas sobre presuntas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana de la capital han encendido las alarmas en el ayuntamiento. Por el momento, el hermano de la alcaldesa, Sonia Castedo, ya ha sido imputado y las escuchas telefónicas han sido validadas por el juez. La sombra de la sospecha -el fiscal la implica directamente- planea sobre la primera edil, quien ha defendido a capa y espada su inocencia.

El caso del PGOU de la capital está englobado en un proceso más global aún que afecta al PP en la provincia de Alicante: el denominado 'Brugal', relacionado con la gestión de basuras. El juez de Orihuela ha citado por segunda vez a los imputados en esta causa y, respecto al PGOU de la capital, el caso podría derivarse al Tribunal Superior de Justicia si finalmente son imputados Sonia Castedo y el exalcalde, Luis Díaz Alperi, dada su condición de aforados -diputados en Les Corts-.

Por último, la consellera de Infraestructuras y exalcaldesa de la Vall d'Uixó, Isabel Bonig, ha sido llamada a declarar en calidad de imputada -junto a otros cargos municipales- el día 28 de octubre en los juzgados de Nules por la querella de un funcionario. Está acusada de presuntos delitos "de trato inhumano y degradante, acoso laboral y lesiones", unos hechos que datan de 2007.

Hasta seis procesos abiertos que afectan a cargos del PP valenciano o miembros de diferentes administraciones. Algunos, como la 'causa de los trajes', tienen fecha para después del 20-N tras los esfuerzos jurídicos de los defensores. Otros, por el contrario, como el caso Emarsa o el de Monforte, se mezclarán de lleno con la campaña electoral -ya lo están haciendo con los momentos previos-. Desde el PP, no obstante, se aferran a que la justicia resuelva a favor de sus dirigentes -en algunos casos parece muy complicado- y, por encima de todo, admiten en privado la creencia de que no les pasará factura en las urnas.