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VALENCIA. El pasado 24 de marzo Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) dio su último paso en falso y se precipitó al abismo. Han pasado 212 días desde entonces y, como ocurría en Vértigo, la inquietante película de Alfred Hitchcock, el abismo "sube y se desborda".

Eugenio Trías, en su ensayo sobre el film basado en la novela De entre los muertos, definió de esa forma la angustia del personaje protagonizado por James Stweart en su búsqueda obsesiva de Kim Novak. Una sensación que, más allá de la ficción, viven todos aquellos que, de una forma u otra, están vinculados a la CAM.

Y es que cada día que pasa, la espiral en la que entró la centenaria caja de Alicante engulle cualquier esperanza de que todo haya sido una pesadilla.

Es complicado marcar en el calendario la fecha en la que CAM se tropezó con la realidad. Su deriva, seguramente, hay que buscarla en los años dorados del ladrillo y el dinero barato. Y si bien la gestión que se hizo en esa época es directamente responsable de la situación actual, lo cierto es que la caja que presidieron en ese tiempo Vicente Sala y Modesto Crespo y dirigieron Roberto López Abad y María Dolores Amorós, cometió excesos y pecados similares a muchos de sus competidores.

Pero mientras todo el sector de las cajas de ahorros acató la orden del Banco de España de fusionarse para recibir fondos públicos y poner orden a tanto balance descompensado, la CAM no quiso -¿no supo?- asumir su papel de actor secundario en el nuevo escenario.

Los hasta tres procesos de concentración en los que participó acabaron frustrándose para desesperación del supervisor, que vio en la caja alicantina un elemento rebelde. El último, y que fue el único firme, el que unió a CAM con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, se acabó rompiendo tras meses de tensiones entre los socios, recelosos de la veracidad de las que les mostraba la caja de Alicante.

Cuando el 24 de marzo CAM y Cajastur rompieron formalmente su acuerdo, el futuro de la caja alicantina se borró de repente. Pese a los discursos oficiales que siguieron a ese día desde la entidad, manifestando su voluntad de continuar en solitario o asegurando que encontrarían un socio privado, la nacionalización de CAM estaba cantada.

Lo intentaron por todas las vías los directivos de la caja, liderados desde la sombra por el exdirector general Roberto López-Abad y por su mano derecha María Dolores Amorós. Hubo amagos de motín del consejo de administración contra el Banco de España, negociaciones con fondos de dudosa reputación o demostraciones de un poderío económico, con los resultados del primer trimestre, que ahora está bajo sospecha.

El final de la escapada -valga de nuevo el símil cinematográfico- llegó el 22 de julio. La caja se rindió a la evidencia y pidió el rescate del Banco de España. Un rescate que llegó en forma de intervención, destitución del consejo de administración y nombramiento de tres enviados especiales de Miguel Ángel Fernández Ordóñez para preparar la caja para su venta a terceros.

Hubo quien pensó que la pesadilla había terminado. Que, de una forma u otra, la toma de control del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ponía fin a unos meses esperpénticos. Era cuestión de sanear y vender. Cosa de pocos meses. Limpio y rápido, quería el Banco de España para que no dañase la imagen del sector financiero español.

Han pasado tres meses desde aquel día y nada más lejos de la realidad que aquel deseo casi quirúrgico de Fernández Ordóñez.

Lo que en estos casi cien días ha ido aflorando en CAM alcanzar tal gravedad que no solo ha retrasado al menos hasta finales de noviembre su venta si no que cabe la posibilidad de que incluso la subasta quede desierta.

EL PRIMER GOLPE TRAS LA INTERVENCIÓN, EL DESPIDO DE AMORÓS

El primer golpe, más allá del de la intervención, fue la destitución fulminante de la directora general, María Dolores Amorós. Apartada inicialmente de su puesto de forma cautelar y despedida después, Amorós se ha convertido en un icono mediático de la mala gestión en las cajas de ahorros.

De Amorós se supo que, tras acceder a su cargo a finales de 2010, pactó una retribución anual de 593.040 euros y una renta vitalicia de 369.497 euros supuestamente a espaldas del consejo de administración. Unas cantidades "escandalosas", en palabras de Fernández Ordóñez, pero que por si solas no justificarían el despido. El FROB la acusa de haber falseado unas cuentas que, tras dar unos modestos beneficios en el primer trimestre, pasaron a arrojar unas pérdidas de más de 1.100 millones en el segundo tras la revisión del Banco de España.

Su despido fue el inicio de lo que se intuye como un largo proceso judicial que tiene, por una parte, a la propia exdirectora general como demandante al considerar improcedente la decisión, y por otra a la Fiscalía Anticorrupción, que investiga a Amorós por un posible delito penal.

Pero el caso de la máxima responsable de la caja en el momento de su intervención no es el único de los escándalos de la caja. Parte de los ejecutivos que dirigieron con mano de hierro la entidad durante la última década, en especial Roberto López-Abad, habían abandonado el barco antes del hundimiento. Y no saltaron por la borda a la desesperada.

El salvavidas del exdirector general, que se acogió pocas semanas antes de la intervención al ERE aprobado por la caja, se estima en 5,8 millones de euros. Una indemnización poco acorde con el paupérrimo estado de la caja. Por la misma vía salieron otros cuatro altos exdirectivos: Agustín Llorca, que cobró dos millones; Joaquín Meseguer, otros dos; Vicente Soriano, 1,5 millones; y Gabriel Sagristá, 1,5 millones.

Ellos no fueron despedidos, puesto que cuando se intervino la caja ya habían salido de la entidad. Sin embargo, los gestores del FROB no descartan emprender medidas legales para tratar de recuperar las multimillonarias indemnizaciones.

Estas, en todo caso, son las escenas vistosas de un drama que, en lo financiero va más allá y cuyo alcance aún está por determinar, habida cuenta de que cada día se conocen detalles nuevos y peores, y que van desde la fuga de capitales a otros bancos a la negativa de la caja a atender el pago de los intereses de una emisión de deuda subordinada .

SIETE COMPRADORES CON ESCASO INTERÉS

La primera consecuencia de todo este embrollo en que está envuelta CAM es que la operación de venta se ha ido retrasando. La nueva fecha límite para que los interesados en la entidad presenten sus ofertas es el 25 de noviembre.

En la puja están Santander, BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell, a las que posteriormente se han unido Barclays, Ibercaja, y el fondo JC Flowers, uno de los más 'reputados' buitres del sistema financiero mundial con quien CAM ya negoció. El potente esquema de protección antes futuras pérdidas que ha diseñado el Banco de España ha animado una subasta a la que, de otra forma, posiblemente no hubiera acudido nadie.

Las siete tienen ahora cinco semanas para realizar una due diligence, una auditoría exhaustiva para conocer la situación real de sus cuentas y poder presentar una oferta vinculante por la caja. Merril Lynch, el banco que actúa como agente de la venta, irá resolviendo las dudas que vayan surgiendo en las próximas semanas.

Sin embargo, el tiempo juega en contra de CAM. Las nuevas exigencias de capital para la banca o la posible devaluación de la deuda periférica que tienen las entidades en sus balances, son obstáculos de considerable tamaño a la hora de plantear la digestión de CAM. A esto hay que unir el hecho de que los posibles compradores tienen nuevas opciones tras la nacionalización de NovaCaixaGalicia, CatalunyaCaixa y Unnim.

Demasiadas incógnitas y demasiados frentes abiertos que prolongan la deriva de la CAM 212 días después de decidir navegar en solitario.